El director general de Birmex, Carlos Ulloa Pérez, aseguró que la compra de dos departamentos por un valor conjunto de 22.4 millones de pesos fue realizada con recursos de origen legítimo y reportada ante las autoridades. La explicación, difundida después de una investigación periodística, combina ingresos personales, la venta de otros inmuebles, herencias familiares y ahorros acumulados durante casi 30 años de actividad profesional en los sectores público y privado.
Ulloa sostuvo que no existe ocultamiento de información porque ambos inmuebles aparecen en su declaración de situación patrimonial. También afirmó que sus bienes están sujetos a los mecanismos institucionales de revisión y fiscalización previstos en la ley, y que durante su trayectoria como funcionario ha presentado sus declaraciones bajo los principios de veracidad y legalidad.
Dos operaciones de contado bajo escrutinio
De acuerdo con la información difundida por El Universal, Ulloa adquirió en 2020 un departamento con un valor declarado de 7.4 millones de pesos. Tres años después compró otro inmueble por 15 millones. En ambos casos, la operación se realizó de contado, un elemento que concentra la atención pública debido a que el funcionario percibe un salario mensual cercano a los 100 mil pesos, según los datos citados en la cobertura.
La diferencia entre el valor de las compras y los ingresos ordinarios de un servidor público no demuestra por sí misma una irregularidad. Sin embargo, sí plantea la necesidad de identificar con precisión cuánto dinero provino de cada fuente, en qué fechas se recibieron las herencias, qué inmuebles fueron vendidos y cómo se integraron los recursos utilizados en las operaciones.
El funcionario explicó que parte de su patrimonio se originó en herencias familiares recibidas hace aproximadamente 20 años. Añadió que sus ahorros son resultado de una trayectoria cercana a tres décadas, tanto en el servicio público como en el ámbito privado, y que también obtuvo recursos mediante la venta de bienes inmuebles. No obstante, su carta pública no incluyó, al menos en la información difundida, un desglose detallado de montos, fechas y documentos que permita reconstruir el flujo financiero de las adquisiciones.
La legalidad no elimina el debate sobre la transparencia
La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó al titular de Birmex durante una visita a Cuernavaca, Morelos. Ante las preguntas sobre la compra de los departamentos, respondió que “todo es legal” y subrayó que las operaciones están incluidas en la declaración patrimonial de Ulloa. La defensa presidencial se apoya en un criterio formal: si los bienes fueron declarados y no existe una resolución que determine una falta, no puede afirmarse que la adquisición sea ilícita.
Pero la controversia pública se ubica en un plano más amplio que el de la legalidad documental. Una operación puede estar registrada y, aun así, generar dudas sobre su congruencia con los ingresos, los conflictos de interés potenciales o los estándares éticos exigibles a un alto funcionario. La declaración patrimonial es un punto de partida para la fiscalización, no necesariamente una explicación completa sobre la capacidad económica que permitió realizar compras de esa magnitud.
Por eso, las preguntas centrales no se resuelven únicamente con la frase “todo es legal”. El interés público radica en conocer si los recursos fueron acumulados antes del ingreso de Ulloa a los cargos de mayor responsabilidad, si las herencias fueron formalmente acreditadas, si las ventas de inmuebles se realizaron a precios de mercado y si hubo alguna relación entre sus decisiones como funcionario y las operaciones patrimoniales reportadas.
Los viajes y la otra parte de la explicación
Ulloa también respondió a los cuestionamientos sobre 19 viajes realizados en los últimos años a ciudades como Nueva York, Miami, Londres, Montreal, Madrid y Roma. Afirmó que los desplazamientos relacionados con sus funciones fueron financiados por las instituciones correspondientes o por organismos internacionales, y puso como ejemplo una invitación del Banco Mundial para participar en un intercambio de conocimientos entre los ministerios de Salud de México, Reino Unido, Dinamarca y Francia.
Asimismo, explicó que el viaje realizado a Brasil en abril de 2026 formó parte de una comitiva de la Secretaría de Salud y tuvo como objetivo fortalecer la cooperación bilateral en producción de biológicos, transferencia de tecnología y capacidades industriales públicas. En cuanto a los viajes privados, señaló que ocurrieron durante vacaciones o días de descanso y fueron pagados con recursos personales.
La aclaración sobre los viajes introduce una segunda dimensión en el caso: la separación entre actividades oficiales y gastos particulares. Para que esa distinción sea verificable, resultan relevantes los registros de comitivas, las instituciones que cubrieron viáticos, los objetivos de cada misión y la información pública sobre sus resultados. La transparencia no depende únicamente de la explicación del funcionario, sino de que existan documentos accesibles que permitan corroborarla.
El reto para Birmex y para los controles públicos
La polémica ocurre mientras Birmex ocupa un lugar estratégico en la política sanitaria del gobierno federal. La empresa participa en tareas relacionadas con la adquisición, distribución y producción de medicamentos y productos biológicos, áreas que administran recursos públicos y requieren altos niveles de confianza institucional. Por esa razón, cualquier cuestionamiento patrimonial sobre su director puede extenderse a la percepción que existe sobre los controles internos y la rendición de cuentas de la entidad.
El caso también pone a prueba la eficacia de los sistemas de declaraciones patrimoniales. Que una propiedad esté registrada permite detectar su existencia, pero no siempre permite evaluar de manera sencilla la evolución completa del patrimonio de un funcionario. Para ello se necesitan revisiones comparativas entre ingresos, deudas, ventas, donaciones, herencias y adquisiciones, además de verificaciones fiscales y bancarias cuando la ley lo permita.
Hasta ahora, Ulloa niega haber ocultado bienes y atribuye sus compras a fuentes de financiamiento identificables. Sheinbaum, por su parte, sostiene que las operaciones son legales. El siguiente paso para cerrar la controversia no corresponde a declaraciones políticas, sino a las autoridades fiscalizadoras, que deberán determinar si la información presentada es congruente, suficiente y compatible con las obligaciones de integridad aplicables a un servidor público de alto nivel.
