La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este martes un acuerdo petrolero suscrito con Estados Unidos, presentado por el presidente estadounidense Donald Trump como “el mayor de la historia mundial”. El pacto contempla la explotación de 17 campos, una inversión destinada a recuperar la industria de hidrocarburos y un aumento proyectado de 1,5 millones de barriles diarios en la producción venezolana.
La aprobación, adoptada por mayoría calificada y anunciada por la propia Asamblea en su cuenta de X, se produjo en una sesión en la que varios diputados de la oposición se abstuvieron. El resultado parlamentario despeja, al menos en el ámbito institucional venezolano, uno de los pasos necesarios para poner en marcha un convenio cuya dimensión económica y política todavía plantea interrogantes sobre su aplicación, sus mecanismos de control y la distribución efectiva de los ingresos.
Un acuerdo de 25 años y una producción adicional millonaria
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, defendió la aprobación con el argumento de que Venezuela necesita capital y tecnología estadounidenses para reactivar la producción de petróleo y desarrollar sus yacimientos. Según explicó, los recursos generados por el acuerdo permitirían elevar los ingresos de los trabajadores y financiar la recuperación de infraestructuras vinculadas tanto al sector energético como a los servicios sociales.
El documento autoriza la explotación de 17 campos petroleros. Las proyecciones difundidas por las autoridades venezolanas calculan que esa actividad podría añadir 1,5 millones de barriles diarios a la producción nacional. De alcanzarse esa cifra, el incremento modificaría de manera sustancial la capacidad exportadora del país, aunque su materialización dependerá de la rehabilitación de instalaciones, la disponibilidad de equipos, la logística y la continuidad de las inversiones previstas.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó que el pacto tendrá una vigencia de 25 años. También estimó que el Estado venezolano obtendría 209.335 millones de dólares durante ese periodo, tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril. En la explicación ofrecida por Rodríguez se señaló que Venezuela conservará la propiedad y la soberanía sobre sus recursos naturales.
La versión de Washington sobre el control de las reservas
Trump anunció el acuerdo el pasado viernes a través de sus redes sociales. El mandatario afirmó que Estados Unidos obtendrá “el control mayoritario” de más de 65.000 millones de barriles de las reservas probadas de crudo venezolano. De acuerdo con su mensaje, esas reservas se estiman en alrededor de 300.000 millones de barriles, una magnitud que sitúa a Venezuela entre los países con mayores recursos petroleros del mundo.
El presidente estadounidense describió el pacto como un beneficio para su país y aseguró que también permitirá reponer la reserva estratégica estadounidense. En esa misma comunicación calificó el acuerdo de “regalo de Venezuela al pueblo de Estados Unidos”, una formulación que subraya el alcance político que Washington atribuye al convenio.
La referencia al “control mayoritario” constituye uno de los elementos más relevantes del anuncio estadounidense, porque contrasta con la afirmación venezolana de que el país mantendrá la propiedad y la soberanía sobre sus recursos. La información difundida hasta ahora no detalla públicamente cómo se distribuirán las funciones de operación, comercialización, supervisión y toma de decisiones dentro de los 17 campos. Esa diferencia terminológica podría requerir precisiones adicionales a medida que se publiquen los contratos y las normas de ejecución.
Reconstrucción de la industria y destino de los ingresos
Rodríguez presentó el convenio como resultado del “fortalecimiento de la relación entre Venezuela y los Estados Unidos”. En un comunicado, sostuvo que facilitará un flujo importante de inversiones para recuperar y reconstruir infraestructura estratégica de la industria petrolera. El planteamiento parte de una premisa ampliamente reconocida por las propias autoridades venezolanas: disponer de grandes reservas no garantiza por sí mismo una producción elevada si los campos y las redes de transporte, procesamiento y exportación no funcionan adecuadamente.
Según los detalles divulgados por la Asamblea, unos 200.000 millones de dólares de los ingresos previstos se destinarían prioritariamente a optimizar la infraestructura energética y social y a establecer salarios dignos. La cifra difiere de la estimación de 209.335 millones comunicada posteriormente por Rodríguez. La primera fue presentada como el ingreso que generaría el acuerdo para el país, mientras que la segunda corresponde a una proyección estatal calculada con un precio de referencia de 65 dólares por barril. Sin información contractual adicional, no es posible determinar si la diferencia responde a conceptos contables distintos, a periodos de cálculo diferentes o a una actualización de las estimaciones.
El precio utilizado como base también será determinante para los resultados finales. El petróleo es un mercado sujeto a variaciones internacionales, por lo que los ingresos efectivos podrían apartarse de la proyección oficial si las cotizaciones se mantienen por debajo o por encima de los 65 dólares. A ello se suman los costos de inversión, operación y transporte, así como las condiciones fiscales y financieras que finalmente regulen la explotación.
Ratificación política y preguntas pendientes
La aprobación parlamentaria otorga respaldo político interno a un entendimiento que Caracas presenta como una vía para recuperar su principal industria y mejorar la situación económica. Para Washington, el acuerdo ofrece acceso a una parte significativa de las reservas venezolanas y una posible fuente adicional de suministro energético. La coincidencia de intereses, sin embargo, no elimina las cuestiones pendientes sobre la gobernanza del pacto y la manera en que se protegerán los ingresos públicos durante sus 25 años de vigencia.
El siguiente desafío será convertir las proyecciones en producción real y demostrar que los beneficios anunciados llegan a la infraestructura, los trabajadores y las cuentas del Estado. La abstención de diputados opositores evidencia que el acuerdo no cuenta con un respaldo político completamente uniforme. Su evolución dependerá ahora de la publicación de los términos operativos, del ritmo de las inversiones y de la capacidad de ambas partes para conciliar la promesa estadounidense de control mayoritario con la soberanía de los recursos reivindicada por Venezuela.
