La sanción anunciada el 23 de julio por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra 39 personas y 16 empresas vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) no representa únicamente un golpe contra una organización delictiva. También funciona como una radiografía parcial de la economía que permite a los grupos criminales operar dentro de la legalidad aparente. Gasolineras, empresas tequileras, negocios agrícolas, comercios de ropa, calzado infantil, compañías de seguridad privada y firmas de suplementos deportivos aparecen en el expediente como piezas de una red diversificada, capaz de mezclar ingresos ilícitos con actividades comerciales ordinarias.
La dimensión de la operación es relevante por dos razones. Es la mayor acción financiera emprendida hasta ahora contra el CJNG y, al mismo tiempo, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que las autoridades han evitado responder de forma completa: ¿quién construye y mantiene las estructuras corporativas, contables y bancarias que hacen posible el lavado de dinero? Los capos y operadores suelen ocupar el centro de la narrativa pública. Los profesionistas que constituyen sociedades, administran cuentas, diseñan esquemas fiscales o identifican prestanombres permanecen con frecuencia en un segundo plano.
Una economía criminal con apariencia empresarial
El gobierno estadounidense calcula que las organizaciones criminales en México lavan alrededor de 44,000 millones de dólares al año, equivalentes a unos 760,000 millones de pesos. La cifra, cercana al 2.5% del producto interno bruto, no describe dinero guardado en efectivo en bodegas aisladas. Para mover semejante volumen se necesitan empresas, contratos, facturas, cuentas bancarias, inventarios, nóminas, escrituras, declaraciones fiscales y operaciones internacionales.
El dinero ilícito necesita adquirir una historia creíble. Una estación de servicio puede reportar ventas que no corresponden con su capacidad real; una compañía agrícola puede justificar transferencias mediante supuestas cosechas o compraventas; una empresa de seguridad privada puede emitir facturas por servicios difíciles de verificar. Cada operación requiere una capa documental que transforme recursos de origen criminal en ingresos aparentemente legítimos. La sofisticación no está solamente en esconder el dinero, sino en hacerlo circular con suficiente normalidad para superar controles regulatorios y auditorías rutinarias.
Por eso, la lista de negocios sancionados importa tanto como la lista de personas. La diversificación sectorial reduce los riesgos para la organización: si una actividad queda expuesta, otras pueden seguir operando. También permite distribuir los recursos entre regiones, bancos y prestadores de servicios distintos. Una red que combina comercio minorista, producción agropecuaria, bienes de consumo y servicios especializados puede resistir mejor la incautación de una empresa individual.
Dos décadas de expedientes incompletos
Los antecedentes citados por las autoridades muestran una desproporción persistente. En 2014, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro sancionó a tres abogados mexicanos relacionados con Rafael Caro Quintero y con Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, cofundador del Cártel de Sinaloa. En julio de 2024 fueron sancionados tres contadores establecidos en Puerto Vallarta y cuatro empresas relacionadas con fraudes de tiempos compartidos operados por el CJNG. En 2025, un abogado mexicano se declaró culpable en Estados Unidos de lavar más de 52 millones de dólares para el Cártel de Sinaloa.
Son casos importantes, pero numéricamente escasos frente a los cientos de personas y empresas sancionadas, así como frente a los miles de detenidos en México durante años de combate al narcotráfico. La diferencia no prueba por sí misma que exista una protección institucional o una omisión deliberada. Sí revela, sin embargo, que las investigaciones suelen ser más eficaces para identificar a quienes poseen o administran activos que para reconstruir la cadena profesional que les dio forma.
La dificultad es inherente al tipo de delito. Un sicario puede ser ubicado por su participación en un ataque; un contador o un abogado puede alegar que sólo prestó un servicio formal y que desconocía el origen de los recursos. La responsabilidad penal exige demostrar conocimiento, intención o participación consciente. En muchos casos, los documentos que podrían probar esa relación se encuentran repartidos entre distintas jurisdicciones, bajo nombres de empresas que no pertenecen formalmente a los líderes criminales y mediante transacciones que, tomadas de manera aislada, parecen legales.
El eslabón profesional que rara vez aparece
El Grupo de Acción Financiera Internacional ha advertido durante años que abogados, notarios, banqueros, contadores, agentes inmobiliarios y proveedores de servicios corporativos pueden ser utilizados para ocultar al beneficiario final de una empresa. Su papel es crítico porque conocen los mecanismos necesarios para separar la propiedad real de la titularidad registral. Un prestanombre figura en el acta, pero no necesariamente decide; una sociedad puede estar domiciliada en una oficina compartida; una cuenta puede recibir recursos de varias compañías aparentemente independientes.
El problema no consiste en sospechar de todo el sector privado. La inmensa mayoría de los profesionistas trabaja dentro de la ley y sostiene actividades legítimas que serían imposibles sin asesoría jurídica, contable y financiera. La cuestión es si los controles existentes distinguen adecuadamente entre un servicio profesional ordinario y una operación diseñada para ocultar al beneficiario final, fragmentar depósitos o justificar ingresos inexistentes.
La respuesta institucional ha tendido a concentrarse en el resultado visible: una empresa sancionada, una cuenta congelada o un empresario detenido. Pero la arquitectura puede sobrevivir a la pérdida de cualquiera de esas piezas. Si el diseño corporativo, los métodos de facturación y los canales bancarios continúan disponibles, la organización puede sustituir rápidamente a un administrador por otro. La detención interrumpe una función; no necesariamente desmantela el conocimiento acumulado ni los contactos que permiten reconstruirla.
El costo para la economía formal
La penetración de capital criminal distorsiona la competencia. Una empresa financiada con recursos ilícitos puede vender por debajo de sus costos reales, adquirir inmuebles a precios inflados, ofrecer crédito informal o absorber pérdidas durante periodos prolongados. Un competidor que paga impuestos, salarios y financiamiento bancario no opera bajo las mismas condiciones. Con el tiempo, el mercado no sólo se contamina: algunos negocios legítimos pueden verse obligados a vender, asociarse con actores dudosos o abandonar determinadas regiones.
Las gasolineras y las empresas agrícolas ilustran ese riesgo. Son sectores con flujos constantes, amplias cadenas de proveedores y, en ciertos casos, dificultades para verificar el volumen real de mercancías o servicios. En el comercio de ropa, calzado y suplementos deportivos, la multiplicidad de operaciones y proveedores puede facilitar la mezcla de recursos. No significa que esos giros sean criminales, sino que su complejidad ofrece oportunidades para ocultar transacciones si la supervisión no cruza información fiscal, bancaria, corporativa y aduanera.
El daño también alcanza a los consumidores. Cuando una compañía sancionada es utilizada para vender productos o prestar servicios, las autoridades pueden congelar cuentas, asegurar inventarios o bloquear operaciones. Trabajadores, proveedores y clientes quedan expuestos a interrupciones que no provocaron. La falta de transparencia sobre los propietarios reales termina trasladando a la sociedad el costo de perseguir una red que pudo operar durante años en el mercado formal.
La frontera entre México y Estados Unidos
La acción del Tesoro estadounidense muestra que el combate financiero ya no se limita al territorio donde opera una organización criminal. Las sanciones pueden bloquear activos bajo jurisdicción estadounidense, prohibir transacciones con personas designadas y advertir a bancos y empresas de otros países sobre los riesgos de mantener relaciones comerciales con ellas. Ese efecto puede ser más rápido que un proceso penal, pero también depende de la calidad de la información compartida entre autoridades.
El desafío binacional está en conectar expedientes que suelen desarrollarse por separado. Una empresa puede estar registrada en México, utilizar cuentas de una institución con operaciones internacionales, comprar bienes en Estados Unidos y recibir pagos de clientes en otros países. Si cada autoridad observa sólo una parte, la red puede parecer legal en cada punto aislado. La investigación efectiva requiere seguir al beneficiario final, no sólo a la razón social que aparece en una factura o en un registro mercantil.
Las sanciones estadounidenses también pueden aumentar la presión sobre las instituciones financieras mexicanas. Los bancos tendrán incentivos para cerrar relaciones de riesgo, solicitar más información y revisar operaciones vinculadas con sectores sensibles. Esa reacción puede elevar los costos de cumplimiento para empresas legítimas, particularmente pequeñas y medianas, que carecen de departamentos especializados. El equilibrio será complejo: controles débiles permiten el lavado; controles indiscriminados pueden excluir de la banca a negocios que no tienen relación con el crimen.
Qué tendría que cambiar en las investigaciones
La cantidad de abogados y contadores sancionados no puede ser el único indicador de éxito. También habría que medir cuántos beneficiarios finales fueron identificados, cuántas sociedades conectadas fueron desmanteladas, qué activos fueron recuperados y qué proveedores profesionales quedaron sujetos a procesos administrativos o penales con pruebas sólidas. Sin esa información, una operación espectacular puede producir un efecto limitado y temporal.
El Registro Público de Comercio, el Registro Federal de Contribuyentes, los reportes bancarios, los datos aduaneros y las declaraciones fiscales deberían poder analizarse como una sola red. Un cruce sistemático permitiría detectar empresas con los mismos domicilios, representantes legales, teléfonos, contadores, notarios o patrones de movimientos financieros. Las señales aisladas rara vez bastan; la relación repetida entre decenas de sociedades puede revelar una estructura coordinada.
También es indispensable proteger a quienes colaboren con las investigaciones y elevar la calidad de los controles profesionales sin convertirlos en trámites meramente burocráticos. La identificación del cliente debe incluir, cuando corresponda, la persona que realmente controla la operación. Además, los colegios profesionales, notarías, bancos y autoridades fiscales necesitan mecanismos de alerta que no dependan únicamente de denuncias posteriores o de información obtenida cuando la red ya ha sido sancionada.
El expediente del CJNG deja una conclusión incómoda: una organización capaz de lavar cientos de miles de millones de pesos no puede depender sólo de improvisados ni de documentos falsificados sin respaldo. Detrás de cada sociedad hay decisiones, conocimientos y accesos institucionales. Perseguir a los jefes visibles y a los administradores de turno puede producir resultados inmediatos, pero la arquitectura financiera permanecerá mientras quienes la diseñan sigan siendo invisibles. La pregunta decisiva ya no es cuántas empresas fueron congeladas, sino quién hizo posible que existieran y por qué durante tanto tiempo nadie logró seguir esa huella.
