Izquierda Unida ha solicitado formalmente que España rechace la ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el bloque Mercosur, al considerarlo perjudicial para la agricultura española y europea. La formación ha vinculado esta postura con una propuesta legislativa que busca modificar la Ley de la Cadena Alimentaria para establecer precios mínimos basados en costes reales de producción.
El portavoz de Agricultura de Sumar, Toni Valero, señaló en el Congreso que los tratados de libre comercio representan una de las principales amenazas para el sector primario. Según su análisis, el acuerdo UE-Mercosur, impulsado históricamente por formaciones como PP y PSOE, prioriza los intereses de grandes corporaciones sobre los de los productores profesionales y entra en contradicción con los compromisos climáticos europeos.
Cláusulas de salvaguarda cuestionadas
Valero describió las cláusulas de salvaguarda incluidas en el texto como mecanismos ineficaces. Estas medidas, argumentó, resultan temporales, de aplicación limitada y llegan demasiado tarde para proteger cultivos sensibles como el arroz, la carne de vacuno o el azúcar. La propia existencia de estas cláusulas, en su opinión, confirma que el acuerdo supone un riesgo estructural para la competitividad del campo europeo.
El acuerdo se divide en dos instrumentos jurídicos diferenciados. El Acuerdo Comercial Interino, vigente de forma provisional desde el 1 de mayo, regula las materias puramente comerciales. El Acuerdo de Asociación más amplio requiere la ratificación de todos los Estados miembros y de los países de Mercosur para entrar en vigor pleno, lo que sitúa a España ante una decisión política de calado en los próximos meses.
Propuesta de reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria
Paralelamente, la responsable federal del Área Institucional de IU, Henar Moreno, presentó una iniciativa ya registrada en el Parlamento de La Rioja. El texto plantea cambios concretos en la Ley de la Cadena Alimentaria: endurecer las sanciones por incumplimientos, fijar el precio de referencia a partir del coste mínimo de producción real, incorporar la evolución de los insumos y establecer indemnizaciones por lucro cesante cuando se vulneren las normas.
La medida busca evitar que los operadores que incumplen la ley obtengan ventaja competitiva frente a quienes respetan las reglas. IU defiende que este enfoque permite actuar de forma quirúrgica sobre los desequilibrios de poder que caracterizan las relaciones entre productores, distribuidores e industria.
Modelo productivo y equilibrio territorial
El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, vinculó la discusión sobre precios y comercio exterior con el modelo productivo que configura la distribución de población y actividad económica en España. Según su planteamiento, la crisis del sector primario afecta directamente al equilibrio territorial y a los flujos migratorios internos, fenómenos que suelen quedar fuera del debate público pese a su impacto estructural.
La postura de Izquierda Unida se enmarca en un contexto más amplio de tensiones entre políticas comerciales europeas y demandas del sector agrario. Mientras el acuerdo UE-Mercosur avanza en su tramitación provisional en el plano comercial, la ratificación plena del Acuerdo de Asociación sigue pendiente de procesos parlamentarios en varios Estados miembros, incluida España. La iniciativa de reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria añade una dimensión interna que busca reforzar la posición negociadora de los productores ante posibles efectos del tratado.
