El crecimiento acelerado de la industria manufacturera en Tijuana ha puesto a prueba la capacidad del sistema eléctrico regional durante la última década. Desde el incremento de proyectos nearshoring tras los cambios en las cadenas de suministro globales, la demanda de energía en la zona ha aumentado de manera sostenida, obligando tanto a la Comisión Federal de Electricidad como a actores privados a responder con soluciones complementarias. Francisco Nevárez, director ejecutivo de Nezco, ha señalado que los desarrolladores han optado por construir subestaciones y líneas propias para garantizar el servicio a sus instalaciones, un patrón que refleja limitaciones estructurales de la red pública.
Este fenómeno no surge de manera aislada. Tijuana forma parte de una región fronteriza donde la proximidad con Estados Unidos ha impulsado históricamente la instalación de plantas de ensamblaje. Sin embargo, el ritmo actual supera el ritmo de expansión de la infraestructura de transmisión y distribución gestionada por la CFE. Las fallas reportadas, aunque en muchos casos breves, evidencian que el sistema de media y baja tensión no ha logrado equipararse al ritmo de urbanización y expansión industrial.

Antecedentes del desajuste entre oferta y demanda
Durante los años posteriores a la firma del T-MEC, varias empresas de sectores como el automotriz, electrónico y de dispositivos médicos trasladaron operaciones a Baja California. Cada nueva planta requiere no solo terreno y mano de obra, sino también conexiones de alta confiabilidad. La CFE ha avanzado en proyectos de transmisión, como la interconexión con la subestación La Herradura, pero estos esfuerzos se concentran en el nivel de alta tensión. La distribución local, que conecta directamente con los usuarios finales, sigue dependiendo en gran medida de inversiones privadas que complementan la red pública.
Este modelo mixto tiene raíces en la regulación vigente, que permite a desarrolladores inmobiliarios e industriales financiar parte de la infraestructura necesaria para sus proyectos. En la práctica, muchas subestaciones privadas operan en paralelo con las de la CFE y se integran mediante contratos de interconexión. La ventaja inmediata es la reducción de interrupciones para los usuarios industriales, que suelen equipar sus instalaciones con sistemas de respaldo adicionales. No obstante, esta solución fragmentada genera desafíos de coordinación técnica y de mantenimiento a largo plazo.
Efectos sobre la competitividad regional
La capacidad de Tijuana para atraer inversión industrial depende en parte de la percepción de confiabilidad energética. Cuando los desarrolladores deben asumir costos adicionales de infraestructura eléctrica, el precio final por metro cuadrado de naves industriales se eleva. Aun así, la ciudad mantiene atractivo porque otros factores, como la disponibilidad de mano de obra calificada y la cercanía con el mercado estadounidense, compensan esos sobrecostos. Sin embargo, si la distribución no se moderniza al mismo ritmo, existe el riesgo de que nuevas empresas prefieran ubicarse en regiones con menor presión sobre la red, como algunas zonas del interior del país o incluso otros estados fronterizos con mayor margen de capacidad.
Un caso ilustrativo es el de parques industriales recientes que han incorporado sistemas fotovoltaicos junto con subestaciones privadas. Estos desarrollos logran reducir su dependencia de la red durante horas pico y mitigar el impacto de apagones breves. La replicación de este esquema podría mejorar la resiliencia general, pero requiere marcos regulatorios claros que faciliten la inyección de excedentes a la red pública sin crear cuellos de botella administrativos.
Consecuencias sociales y urbanas a mediano plazo
El rezago en distribución no afecta únicamente a las empresas. Los residentes de colonias en expansión experimentan interrupciones más frecuentes cuando el crecimiento urbano supera la capacidad de las líneas locales. Aunque la mayoría de las fallas duran menos de cinco minutos, la acumulación de incidentes erosiona la confianza de la población en el servicio público. A largo plazo, esta situación podría traducirse en mayor presión sobre las autoridades municipales para negociar con la CFE y los desarrolladores esquemas de cofinanciamiento que prioricen también zonas habitacionales.
Además, la dependencia de infraestructura privada plantea interrogantes sobre equidad. Mientras las grandes plantas industriales pueden absorber el costo de subestaciones propias, las pequeñas y medianas empresas enfrentan barreras de entrada más altas. Este desequilibrio podría concentrar el crecimiento económico en unos cuantos actores y limitar la diversificación del tejido productivo local.
Perspectivas de sostenibilidad y transición energética
La incorporación de generación distribuida en proyectos privados abre una ventana para acelerar la transición hacia fuentes renovables. Los sistemas fotovoltaicos ya presentes en algunas naves industriales podrían escalarse si se establecen incentivos para el almacenamiento y la interconexión bidireccional. Sin embargo, la distribución sigue siendo el eslabón débil: sin una red moderna capaz de gestionar flujos variables, el potencial de estas tecnologías se ve limitado. En este sentido, Tijuana podría convertirse en un laboratorio para modelos de microrredes híbridas que combinen recursos privados y públicos, siempre que exista coordinación regulatoria entre la CFE, el gobierno estatal y los desarrolladores.
El principal desafío radica en mantener el equilibrio entre atracción de capital y fortalecimiento del servicio universal. Si las inversiones privadas continúan supliendo las carencias de distribución sin un plan integral, el sistema podría fragmentarse aún más. Por el contrario, una estrategia que integre las subestaciones privadas dentro de una planificación regional de mediano plazo podría elevar la confiabilidad para todos los usuarios y reforzar la posición de Tijuana como destino industrial competitivo en el largo plazo.
