El salario del presidente de Perú pasó de 15 600 soles mensuales a 35 568 soles a partir de julio de 2025, tras la aprobación del Decreto Supremo N° 136-2025-EF. La medida, impulsada durante la gestión de Dina Boluarte y refrendada por el Consejo de Ministros, duplicó la remuneración vigente hasta el gobierno de Ollanta Humala y se justificó mediante el artículo 52 de la Ley N° 30057 del Servicio Civil. José María Balcázar ejerce el cargo de forma interina, mientras Keiko Fujimori asumirá la presidencia el 28 de julio de 2026 tras las elecciones generales.
Este ajuste se produce en un contexto de siete presidentes en nueve años y una sucesión marcada por vacancias, protestas y cambios abruptos. La cifra actual busca equiparar la compensación presidencial con la de otros altos funcionarios del Estado, aunque su implementación ha generado debate sobre su oportunidad y legitimidad institucional.
La equiparación salarial y sus consecuencias fiscales
El aumento duplica el gasto directo en la remuneración presidencial y establece un precedente para otras compensaciones de funcionarios electos. Dado que la Ley del Servicio Civil vincula estas decisiones a decretos supremos, el nuevo monto puede extenderse a vicepresidentes y ministros, elevando el presupuesto anual destinado a altos cargos en al menos 240 millones de soles adicionales si se replica en escalas regionales. Esta expansión ocurre mientras el país mantiene un déficit fiscal superior al 3 % del PIB y enfrenta presiones para financiar programas sociales en regiones con altos índices de pobreza.
El argumento oficial de equiparación ignora que muchos altos funcionarios ya perciben beneficios complementarios como seguridad, vivienda oficial y viáticos. Al fijar el nuevo estándar, el Estado reduce su margen para negociar compensaciones más modestas en futuras administraciones y transfiere el costo a los contribuyentes sin un mecanismo claro de rendición de cuentas sobre el desempeño que justifique la mejora.
Efectos en la percepción ciudadana y la confianza institucional
La inestabilidad de siete presidentes en nueve años ha erosionado la legitimidad del Ejecutivo. En este marco, duplicar el salario presidencial mientras persisten protestas sociales y demandas de servicios básicos genera un contraste que amplifica la distancia entre la élite política y la ciudadanía. Encuestas previas a 2025 ya mostraban niveles de aprobación presidencial por debajo del 20 %; el incremento salarial añade un factor adicional de rechazo que puede traducirse en menor disposición a cumplir normas o participar en procesos electorales futuros.
Keiko Fujimori heredará esta percepción al asumir el cargo. Su victoria por un margen estrecho en 2026 refleja una sociedad polarizada; cualquier intento de revertir o mantener el nuevo salario enfrentará resistencia tanto de sectores opositores como de bases que esperan señales de austeridad. La falta de continuidad en mandatos completos desde Kuczynski dificulta además la implementación de reformas que podrían mitigar el desgaste institucional.
Perspectivas de actores clave y tensiones políticas
Los funcionarios públicos de carrera ven el ajuste como una oportunidad para actualizar sus propias escalas salariales, aunque temen que la visibilidad del caso presidencial active recortes en otras partidas. Los gremios regionales y organizaciones sociales interpretan la medida como un privilegio que ignora las carencias en salud y educación, y ya han anunciado movilizaciones para vincular el tema a demandas de mayor transparencia presupuestaria. Por su parte, la oposición en el Congreso puede utilizar el decreto como argumento para impulsar investigaciones o limitar futuras facultades del Ejecutivo en materia de compensaciones.
Desde el sector empresarial, el aumento se percibe con cautela: si bien reduce la brecha con remuneraciones del sector privado, también eleva expectativas de mayor eficiencia gubernamental que el historial reciente no garantiza. Los organismos internacionales que monitorean la gobernanza peruana observan el caso como indicador de la capacidad del Estado para equilibrar incentivos a funcionarios con restricciones fiscales y demandas de equidad.
Tendencias futuras y riesgos de legitimidad
Con Keiko Fujimori en el poder, es probable que el nuevo salario se mantenga al menos durante el primer año de gestión para evitar señales de retroceso ante aliados políticos. Sin embargo, la presión fiscal y el posible aumento de conflictos sociales podrían llevar a una revisión parcial o a la introducción de bonos por resultados que vinculen parte de la compensación a metas específicas de gobernabilidad. La experiencia de administraciones anteriores muestra que los ajustes salariales sin mecanismos de evaluación tienden a consolidarse y a generar imitaciones en otros niveles del Estado.
El principal riesgo radica en que la combinación de inestabilidad política y percepciones de privilegio erosione aún más la autoridad presidencial. Si los próximos años repiten el patrón de vacancias y protestas, el salario elevado podría convertirse en un símbolo recurrente de desconexión, reduciendo la capacidad del Ejecutivo para negociar reformas estructurales o mantener alianzas legislativas. Una alternativa viable sería vincular futuras revisiones salariales a indicadores objetivos de desempeño institucional, aunque la tradición peruana de cambios abruptos dificulta la adopción de tales mecanismos.
La decisión de 2025 establece así un umbral más alto para la discusión pública sobre compensaciones de altos cargos y obliga a las próximas administraciones a justificar cada incremento con resultados tangibles, bajo el escrutinio de una ciudadanía cada vez más sensible a las señales de desigualdad institucional.
