El Plan México, diseñado para elevar el crecimiento económico y mejorar el bienestar compartido, enfrenta un estancamiento claro en la atracción de inversiones. Las reformas al Poder Judicial, la eliminación de organismos autónomos y los cambios en la política comercial de Estados Unidos han generado un entorno de alta incertidumbre que disuade a los capitales privados. Datos de México, Cómo Vamos revelan que la inversión fija bruta se ubicó en 21.2% del PIB al cierre del primer trimestre de 2026, por debajo del 22.7% registrado un año antes y lejos del objetivo superior al 25% planteado por la política industrial.
La formación bruta de capital fijo cayó 3.1% a tasa anual en marzo, con retrocesos tanto en construcción como en maquinaria y equipo. La inversión privada se contrajo 4.0%, mientras que la pública apenas compensó con un alza de 7.6%. Estos números reflejan no solo una desaceleración coyuntural, sino un deterioro estructural de la confianza empresarial, que pasó de 8.0% en diciembre de 2024 a 0% en mayo según la encuesta del Banco de México.
Impacto en la relocalización de cadenas productivas
El nearshoring, pilar central del Plan México, depende de decisiones de largo plazo que exigen certidumbre jurídica y regulatoria. La desaparición de organismos como el INAI y la Cofece reduce los contrapesos institucionales que antes otorgaban previsibilidad a los inversionistas extranjeros. Empresas que evaluaban trasladar operaciones desde Asia ahora posponen proyectos por temor a cambios abruptos en contratos o permisos sin plazos vinculantes. Solo en 2025, México perdió o pausó aproximadamente 17.4 mil millones de dólares en inversiones vinculadas a la política arancelaria estadounidense.
Este efecto se multiplica en sectores estratégicos como semiconductores y componentes electrónicos, donde la competencia por capital es global. Sin señales claras de respeto a marcos regulatorios independientes, México pierde terreno frente a Vietnam o India, que ofrecen incentivos fiscales más estables aunque menor proximidad logística al mercado norteamericano.
Tres tensiones estructurales que explican el estancamiento
La primera tensión radica en el desajuste entre la narrativa de política industrial y la realidad de la infraestructura energética. El Plan México contempla 28 mil megavatios de nueva capacidad, de los cuales 17 mil corresponderían al Estado. Sin embargo, la planeación eléctrica avanza más lento que las necesidades de las plantas manufactureras que requieren suministro confiable y a precios competitivos. La ausencia de un cronograma vinculante genera dudas sobre si la oferta energética llegará a tiempo para absorber la relocalización esperada.
La segunda tensión surge de la revisión del T-MEC programada para el 1 de julio. Una negociación prolongada hasta finales de 2026 o más allá incrementaría la incertidumbre y postergaría decisiones de inversión. Por el contrario, una revisión cerrada con excesiva rigidez podría traducirse en concesiones en reglas de origen o nuevos aranceles sectoriales que fragmenten las cadenas de coproducción regionales. El valor del tratado no radica solo en el comercio bilateral, sino en la integración productiva que reduce costos logísticos en aduanas, ferrocarriles y puertos.
La tercera tensión es la percepción de riesgo institucional. La reforma judicial y la eliminación de órganos autónomos han deteriorado la confianza empresarial más rápido de lo que las autoridades anticipaban. La encuesta del Banco de México muestra que el porcentaje de empresas que consideran un buen momento para invertir cayó a cero, lo que anticipa menor colocación de capital en el segundo semestre de 2026.
Perspectivas de los distintos actores
El sector privado nacional y las empresas extranjeras coinciden en que la certidumbre jurídica interna es tan importante como las reglas del T-MEC. Sin respeto a contratos y permisos con plazos vinculantes, la relocalización no se materializa en inversión efectiva. Los gobiernos estatales, por su parte, enfrentan presión para acelerar trámites y mejorar seguridad pública, pero carecen de herramientas para contrarrestar la percepción negativa generada a nivel federal.
Desde Washington y Ottawa, los socios comerciales observan con cautela. Una revisión exitosa del T-MEC podría posicionar a México como destino preferente para industrias de inteligencia artificial y minerales críticos, siempre que se mantengan costos logísticos bajos y se evite la fragmentación de cadenas productivas. Sin embargo, si las negociaciones se extienden, las empresas estadounidenses podrían acelerar la diversificación hacia otros socios.
Escenarios futuros y riesgos latentes
Si la revisión del T-MEC concluye antes de finales de 2026 con resultados equilibrados, México podría recuperar dinamismo en inversión a partir de 2027, especialmente en sectores de alta tecnología. La combinación de proximidad geográfica, mano de obra calificada y acceso preferencial al mercado norteamericano seguiría siendo un activo relevante.
El riesgo principal no es la terminación del tratado, sino una revisión prolongada que erosione la certidumbre. En ese escenario, la brecha de inversión respecto a la meta del 25% del PIB se ampliaría y el crecimiento del PIB se mantendría por debajo del potencial. Otro riesgo es que la falta de infraestructura energética obligue a las empresas a recurrir a soluciones costosas de autogeneración, reduciendo la competitividad del país frente a otros destinos de nearshoring.
La movilización de capital público y privado requerida para cerrar la brecha actual exige restaurar la percepción de que las reglas del juego permanecen estables. Sin esa condición previa, los objetivos del Plan México seguirán siendo aspiracionales más que alcanzables.
