A finales de julio, el INEGI publicó una radiografía incómoda sobre los hospitales particulares en México. En 2025 registraron 2 millones 329 mil egresos, la cifra más alta de la serie, aun cuando el número de establecimientos bajó de 2,747 a 2,689. La señal parece simple: menos unidades, más camas y más pacientes internados. Pero la lectura correcta exige ir más allá del titular. Lo que muestran estas estadísticas no es un “boom” uniforme de la salud privada, sino la consolidación de un segmento hospitalario cada vez más concentrado, más especializado y menos representativo del conjunto de servicios médicos que pagan los hogares.
Ese matiz importa porque el debate público suele tratar al “sector privado” como un bloque homogéneo. No lo es. Las estadísticas del INEGI sólo captan establecimientos con camas censables, es decir, hospitales capaces de internar pacientes. Quedan fuera consultorios adyacentes a farmacias, laboratorios, gabinetes de imagen y clínicas de corta estancia, que son precisamente el primer punto de contacto de millones de personas con la medicina de pago. Si se confunde hospital con sistema, se termina interpretando mal una transformación que en realidad ocurrió en varios niveles a la vez: consulta ambulatoria, diagnóstico, procedimientos de alta rotación y hospitalización compleja.
La evidencia de fondo apunta a una reconfiguración del gasto de los hogares. Entre 2018 y 2024, el desembolso de bolsillo en salud creció 41.4% en términos reales, según la ENIGH. Al mismo tiempo, la consulta externa en hospitales privados cayó 4.8% el año pasado y ya está por debajo del nivel de 2019. La aparente contradicción se resuelve cuando se observa dónde se está atendiendo la gente: seis de cada diez personas recurren a consultorios privados o farmacias, y 38% del gasto familiar en salud se va en medicamentos. En otras palabras, el hospital privado no absorbió todo el aumento de la demanda; capturó una parte concreta del mercado, mientras el consumo cotidiano de atención se desplazó hacia unidades más baratas, más cercanas y más fragmentadas.
Esa segmentación explica por qué hablar de “huecos” del sistema público es útil sólo hasta cierto punto. Hay casos en los que la oferta privada sí absorbe rezagos estatales, como ocurrió con cirugías de catarata y otros procedimientos de alta rotación. El dato es claro: los egresos por enfermedades oculares crecieron 26% en un año, y cuatro de cada diez se realizaron en hospitales medianos, de 25 a 49 camas. Ahí el privado funciona como un circuito de resolución rápida para pacientes que no quieren esperar. Pero esa función no se distribuye de manera pareja en el territorio ni responde a una lógica de cobertura universal. Responde a zonas con poder de pago, densidad médica y capacidad de consumo suficientes para sostener la operación.
La geografía de la oferta confirma esa lógica de mercado. La brecha entre la entidad con más camas privadas por habitante y la que tiene menos es de 7.7 a 1: la Ciudad de México alcanza 51.5 por cada cien mil habitantes, mientras Nayarit apenas llega a 6.7. En el sector público, la distancia es menor, aunque sigue siendo amplia. La diferencia no es sólo cuantitativa; es estructural. El privado se instala donde ya existen demanda solvente, redes médicas y capacidad de referencia. No corrige desigualdades profundas, sino que suele profundizarlas al concentrarse donde el ecosistema sanitario ya estaba mejor servido.
La implicación política es seria. Si la conversación pública asume que el hospital privado “complementa” al Estado en todas partes, se termina diseñando política con una idea equivocada de sustitución. En realidad, buena parte del sistema privado sigue mercados, no vacíos. Por eso la expansión de camas y quirófanos en ciertos polos urbanos no resuelve la falta de acceso en regiones periféricas; apenas redistribuye la presión entre pacientes que pueden pagar. El resultado es un mapa sanitario de dos velocidades: uno de alta resolución en centros urbanos y otro de atención tardía o incompleta en el resto del país.
Hay además dos alertas que van más allá de la lectura coyuntural. La primera es la baja utilización de la infraestructura privada: alrededor de 37% de ocupación, con 2.1 días de estancia promedio, 5,145 quirófanos y 1,915 camas de terapia intensiva. México tiene capacidad instalada que no se aprovecha de forma óptima, mientras continúa discutiendo cómo construir más. Eso abre una discusión de fondo sobre compra estratégica de servicios, acreditación y auditoría clínica. No se trata de privatizar la respuesta, sino de pagar de manera más inteligente por la capacidad que ya existe, bajo reglas claras y con supervisión efectiva.
La segunda alerta tiene consecuencias sanitarias y éticas: en 2025 los hospitales privados reportaron 268,269 cesáreas y 315,066 nacidos vivos. La cifra obliga a sospechar que los registros no provienen del mismo universo, pero incluso con estimaciones conservadoras la tasa de cesáreas privadas supera el 60% de los nacimientos, muy por encima del rango recomendado por la OMS. El incentivo es evidente: 84% de los médicos que trabajan en hospitales privados no están en nómina y operan bajo acuerdos especiales, de modo que el hospital renta infraestructura y el médico decide. En ese esquema, esperar el parto compite en desventaja frente a programar una cirugía. El problema no es sólo clínico; es de gobernanza del acto médico.
La discusión pendiente no debería limitarse a si el sector privado “ayuda” o “desplaza” al público. Lo que está en juego es una arquitectura estadística y regulatoria insuficiente para entender cómo se organiza hoy la atención pagada en México. Mientras el INEGI no publique de forma visible las tasas de no respuesta y mientras continúen fuera del radar los consultorios, laboratorios y unidades de corta estancia, la planeación sanitaria seguirá viendo sólo una parte del fenómeno. La consecuencia más grave no es un error de interpretación en el papel, sino una mala asignación de recursos en el territorio, en los presupuestos y en la regulación de prácticas que ya están moldeando el acceso real a la salud.
En ese escenario, el crecimiento de los hospitales privados no debe leerse como un simple síntoma de expansión económica ni como prueba automática de deterioro del Estado. Es, más bien, la manifestación de un sistema dual: uno que resuelve con rapidez donde hay mercado y otro que arrastra carencias donde no lo hay. Esa asimetría puede profundizarse si la política pública sigue confundiendo volumen con cobertura y capacidad instalada con acceso efectivo. El dato importante no es sólo cuántas camas se abren, sino a quién le sirven, en qué ciudades se concentran y qué tipo de atención dejan fuera.
