En un país donde la economía nacional apenas promedió una caída anual de 0.16% entre el segundo trimestre de 2023 y el arranque de 2026, el contraste territorial ya no es un dato secundario: es la historia central. Hidalgo y Chiapas aparecen como los estados con mayor dinamismo económico del periodo, con crecimientos promedio anuales de 3.56% y 3.32%, respectivamente, mientras entidades con alta dependencia de hidrocarburos, como Campeche y Tabasco, registraron las contracciones más severas. La fotografía que deja el ITAEE del Inegi no sólo mide desempeño; revela qué modelos productivos resisten mejor la incertidumbre comercial, la volatilidad de precios y la fragilidad de la inversión pública.
La lectura más importante no es que algunos estados crezcan y otros caigan, sino que el mapa del crecimiento mexicano se está reorganizando alrededor de tres variables: capacidad de atraer capital privado, diversificación sectorial y ejecución de obra e infraestructura. Hidalgo encarna esa combinación con mayor claridad. Chiapas, en cambio, muestra que el turismo, el comercio y ciertos segmentos del crédito pueden compensar de forma parcial la debilidad de la construcción, pero no resolverla por completo. En el extremo opuesto, Campeche y Tabasco ilustran el costo de depender casi por completo de un ciclo petrolero que ya no empuja con la misma fuerza que antes.
El caso de Hidalgo merece leerse más allá del titular. Su avance descansa en construcción, servicios ligados al turismo e industria manufacturera, con incrementos de 23.03%, 8.87% y 3.36%, respectivamente. Ese equilibrio importa porque reduce la dependencia de una sola palanca. La vivienda social impulsada por el Programa de Vivienda para el Bienestar, la lotificación de terrenos industriales y la llegada de inversión privada por 125,800 millones de pesos en 120 proyectos muestran una estrategia deliberada: convertir ubicación y disponibilidad de suelo en ventajas competitivas. No es casual que el estado esté apostando por farmacéutica, equipo eléctrico, automotriz, ferroviario y materiales de construcción; son ramas con cadenas de proveeduría relativamente extensas y efectos de arrastre sobre empleo formal, transporte y servicios empresariales.
Ese mismo éxito, sin embargo, tiene un límite visible: el campo. La caída de 6.13% en agricultura, cría y explotación de animales expone una vulnerabilidad que no puede resolverse sólo con anuncios industriales. Las heladas y el exceso de lluvias afectaron cultivos y recuerdan que el crecimiento manufacturero no inmuniza frente al clima ni frente a la presión sobre el abasto alimentario local. Si Hidalgo consolida su transición industrial sin corregir ese rezago, puede terminar con una economía más rica pero también más desigual, donde el empleo formal urbano avance mientras las zonas rurales absorben los costos de la inestabilidad climática.
Chiapas ofrece una historia distinta, aunque no menos reveladora. Su crecimiento promedio anual de 3.32% se sostuvo sobre minería, servicios y comercio, con el turismo como uno de los motores más visibles. La mejora en la percepción de precio-calidad, la reducción de tarifas y el mayor gasto en publicidad ayudaron a recuperar demanda; a ello se suma un uso más intenso de líneas crediticias por parte de empresas que venden bienes duraderos y la expansión del financiamiento agropecuario. Son señales de activación, pero no de transformación estructural. El dato de que la construcción cayó en el periodo resume la tensión: hubo obra pública relevante, como el puente de Rizo de Oro y la infraestructura de servicios básicos, pero también recortes, problemas de planeación y una coordinación deficiente entre niveles de gobierno.
Ahí aparece una segunda idea de fondo: el crecimiento de Chiapas luce más sensible a decisiones administrativas que a un cambio profundo en su base productiva. Cuando el turismo depende de precio, promoción y percepción de seguridad, cualquier deterioro en esos frentes puede revertir rápidamente los avances. Y cuando la obra pública se frena por ajustes presupuestales o desorden institucional, el efecto no se limita a la construcción; arrastra empleo local, proveedores de materiales, transporte y comercios que dependen del flujo de contratistas y trabajadores.
Los otros casos también ayudan a entender el momento del país. Colima y Tamaulipas superaron 2% de crecimiento; Yucatán, Baja California Sur, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz y Oaxaca se movieron entre 1% y 2%. En ese grupo conviven economías turísticas, industriales y logísticas, lo que confirma que la diversificación protege, aunque no garantiza inmunidad. En cambio, Sinaloa, Puebla, Querétaro, Ciudad de México, Guerrero, Michoacán y Jalisco quedaron por debajo de 1%, una señal de que el tamaño no basta para sostener dinamismo cuando se combinan desaceleración manufacturera, presión en servicios o menor inversión pública. El caso de la capital es especialmente relevante: su bajo crecimiento en un ciclo de incertidumbre comercial recuerda que las grandes economías urbanas también pueden perder tracción cuando el consumo y la actividad de servicios se moderan.
El deterioro de Campeche y Tabasco era más previsible, pero no por ello menos preocupante. Su vocación petrolera los deja expuestos a una pendiente negativa del precio internacional del crudo y a la propia contracción de la minería petrolera. Si además cae la construcción, el efecto es doble: menos inversión directa y menos derrama sobre empleo local y comercio. Aquí la discusión de fondo es política y fiscal. Mientras la federación intenta sostener regiones petroleras con infraestructura y gasto público, la base productiva sigue demasiado estrecha para compensar choques externos o cambios tecnológicos. En otras palabras: el problema no es sólo de ciclo, sino de modelo.
La evidencia deja tres conclusiones que conviene no trivializar. La primera es que la inversión privada sí puede reordenar la jerarquía económica estatal cuando encuentra certidumbre, suelo, conectividad y una narrativa de largo plazo; Hidalgo es el ejemplo más claro. La segunda es que los estados que combinan turismo, comercio y crédito pueden crecer con rapidez, pero su expansión es más frágil si la obra pública y la coordinación institucional fallan; Chiapas lo muestra con nitidez. La tercera es que la dependencia petrolera sigue siendo una trampa estructural: cuando el precio del crudo pierde impulso, no existe sustituto inmediato que compense la caída de actividad en Campeche y Tabasco.
De cara a los próximos trimestres, el mapa estatal podría seguir ampliándose en dos direcciones. Los territorios que logren conectar parques industriales, vivienda, logística y energía limpia tenderán a mantener un ritmo superior al nacional, especialmente si aprovechan el reacomodo de cadenas por la incertidumbre comercial con Estados Unidos. En paralelo, los estados que dependan de un solo sector deberán enfrentar una presión creciente para diversificarse o aceptar tasas de crecimiento cada vez más erráticas. El riesgo principal no está sólo en el bajo crecimiento, sino en la persistencia de brechas regionales que terminan traducidas en empleo desigual, menor recaudación local y mayor dependencia de transferencias públicas.
