Los precios del petróleo han descendido tras el repunte provocado por el cierre del estrecho de Ormuz, pero en México los consumidores no perciben alivio. Mientras en economías de mercado los ajustes se reflejan de inmediato en las bombas, aquí el precio de la Magna se mantiene fijo en 23.99 pesos por litro, independientemente de las variaciones internacionales.
El mecanismo combina dos funciones: recaudación vía IEPS y control político del precio. Cuando los costos de importación bajan, el gobierno retiene la mayor parte del ahorro mediante impuestos que representan cerca del 40 % del precio final. En Texas, origen del 85 % de la gasolina que importa México, el litro ya bajó a niveles equivalentes a menos de 20 pesos; en México esa diferencia se destina a compensar la debilidad de otras fuentes de ingresos y a sostener a Pemex.
Distorsión de mercado y consecuencias
Esta política genera un efecto inflacionario indirecto al mantener artificialmente altos los costos de transporte y producción. Además impide que las empresas y los hogares capturen los beneficios de la normalización de los mercados energéticos globales. El IEPS se ha convertido en un salvavidas fiscal, pero a costa de perpetuar ineficiencias estructurales y de aislar al consumidor mexicano de las señales reales del mercado.
El resultado es un sistema que prioriza el equilibrio de las finanzas públicas sobre la competitividad económica y que, al mismo tiempo, utiliza el precio estable como herramienta de comunicación política. Mientras otros países celebran la reducción de tensiones en Oriente Medio con descuentos visibles en la gasolina, México mantiene el precio y la recaudación intactos.
