El Tribunal de Apelación de Helsinki ordenó reabrir el juicio contra el petrolero Eagle S por la rotura de cinco cables submarinos en el mar Báltico en diciembre de 2024, al determinar que la Justicia finlandesa sí tiene jurisdicción para examinar la posible responsabilidad penal de tres oficiales del buque. La decisión revierte el criterio del Tribunal de Distrito de Helsinki, que había cerrado el proceso por considerar que los daños se produjeron en aguas internacionales.
La jurisdicción vuelve a ser el centro del caso
El tribunal de primera instancia sostuvo en octubre que Finlandia no podía juzgar al capitán y a los dos primeros oficiales imputados porque el incidente ocurrió fuera de sus aguas territoriales. Según esa resolución, la rotura de las infraestructuras obedeció a una negligencia y no a un sabotaje. Aplicando el derecho marítimo internacional, consideró que el procedimiento debía tramitarse en las Islas Cook, país donde está registrado el Eagle S, o en los países de origen de los miembros de la tripulación.
La corte de apelación adoptó una interpretación distinta. A su juicio, los presuntos delitos se cometieron en la zona económica exclusiva de Finlandia y fue este país el que sufrió las consecuencias de los daños. Por ello, concluyó que las autoridades judiciales finlandesas son competentes para investigar la acusación presentada por la Fiscalía contra la tripulación, además de otras reclamaciones vinculadas al incidente. El proceso deberá regresar ahora al juzgado de primera instancia de Helsinki.
Los cargos y los daños a las infraestructuras
La Fiscalía General de Finlandia acusa al capitán y a los dos primeros oficiales de nacionalidad georgiana e india de dos delitos agravados de sabotaje e interferencia en las telecomunicaciones. La acusación sostiene que el ancla del Eagle S seccionó el cable eléctrico submarino de alta tensión Estlink 2 y cuatro cables de fibra óptica que conectaban Finlandia con Estonia.
El incidente tuvo lugar el 25 de diciembre de 2024. La conexión eléctrica quedó inutilizada durante seis meses y las cinco infraestructuras tuvieron que ser reparadas. Las compañías propietarias calcularon un perjuicio económico de al menos 60 millones de euros únicamente por los trabajos de reparación, una cifra que dimensiona el impacto material atribuido al episodio sin resolver todavía la responsabilidad penal de los acusados.
Un proceso aún abierto
La resolución del Tribunal de Apelación puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo de Finlandia. Mientras esa posibilidad siga abierta, la orden de reabrir el juicio devuelve el expediente a la jurisdicción finlandesa, pero no constituye una declaración de culpabilidad contra los tres oficiales. El caso figura entre los primeros procesos judiciales europeos dirigidos contra presuntos autores de ataques a infraestructuras críticas vinculados a buques de la denominada “flota fantasma” rusa.
