La desaparición de dos empleados de la Comisión Federal de Electricidad mantiene activo un operativo conjunto en la frontera entre Hidalgo y Puebla. Las autoridades federales asumieron el caso tras confirmar que las víctimas laboran para una empresa del Estado, lo que otorga competencia a la Fiscalía General de la República.
Adolfo López Saldaña, de 40 años, y Marco Antonio Sarmiento García, de 60, perdieron contacto el 28 de junio mientras realizaban labores en las inmediaciones de Acaxochitlán. Según el reporte oficial, uno de los vehículos sufrió una ponchadura y el segundo trabajador acudió a auxiliarlo; minutos después cesaron las comunicaciones.
Los dos vehículos fueron localizados horas después sin placas ni distintivos de la CFE. Este detalle ha elevado la preocupación de las familias, aunque las autoridades aún no han determinado si la remoción de los elementos responde a un intento de ocultamiento o a otra causa que forma parte de la investigación en curso.
Coordinación entre niveles de gobierno
El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, informó que el Gobierno estatal mantiene apoyo logístico y de personal a la FGR. Participan en las tareas la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo, la Procuraduría General de Justicia local, la Secretaría de Seguridad Pública y autoridades equivalentes de Puebla. El uso de drones y unidades caninas busca cubrir zonas de difícil acceso donde las señales de telefonía son intermitentes.
La atracción del caso por la FGR obedece a la naturaleza federal de la CFE. Esta decisión busca evitar duplicidad de carpetas y centralizar el análisis de registros de telecomunicaciones y video que podrían cruzar límites estatales. En la práctica, sin embargo, la colaboración entre corporaciones locales y federales sigue siendo indispensable para el rastreo territorial.
Reacción institucional y exigencias familiares
La CFE emitió un comunicado en el que reitera su compromiso con la integridad de su personal y asegura que da seguimiento permanente al caso. Hasta ahora no ha proporcionado información adicional sobre las rutas habituales de los trabajadores ni sobre posibles riesgos previos en la zona.
Familiares y compañeros han realizado al menos dos movilizaciones para exigir que las autoridades mantengan la difusión de las fichas de búsqueda y ofrezcan informes periódicos verificables. Las demandas se centran en la transparencia del proceso y en la coordinación efectiva entre las tres entidades involucradas: Hidalgo, Puebla y la federación.
Contexto de la zona y desafíos operativos
Acaxochitlán se ubica en una región montañosa con caminos secundarios y cobertura celular irregular. Estas condiciones complican tanto la localización inmediata como el resguardo de indicios. Las autoridades han señalado que el operativo no se limita a un solo punto, sino que abarca rutas alternas hacia Puebla y áreas boscosas cercanas.
La experiencia en casos similares en la región muestra que la velocidad de las primeras 72 horas resulta determinante. La participación de la FGR permite acceder a herramientas federales de geolocalización, aunque los resultados dependen también de la calidad de la información que aporten testigos o vecinos de la zona.
Por el momento, las labores continúan sin que se haya reportado el hallazgo de los trabajadores. Las autoridades reiteran el llamado a la población para que cualquier dato relevante sea canalizado exclusivamente a través de las instancias oficiales, evitando la difusión de versiones no confirmadas que puedan entorpecer la investigación.
