La Fiscalía General de la República (FGR) desarticuló cuatro centros presuntamente dedicados al procesamiento ilícito de combustibles en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos. Los operativos fueron realizados con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y Pemex Logística, a partir de denuncias ciudadanas, labores de inteligencia e intercambio de información entre dependencias.
En San Luis Potosí se localizaron dos instalaciones. En una nave industrial fueron asegurados ocho tanques con capacidad aproximada de 80 mil litros, cientos de contenedores, maquinaria especializada, equipo de cómputo y entre 500 mil y 600 mil litros de petrolífero. En un segundo inmueble, ubicado en Laguna de San Vicente, las autoridades hallaron 18 tanques verticales, dos líneas de producción y cerca de 40 mil litros de petróleo crudo y diésel, además de muestras de sustancias químicas.
Un volumen que revela capacidad operativa
El cateo en Tizayuca, Hidalgo, permitió asegurar 57 contenedores y alrededor de 456 mil 300 litros de probable hidrocarburo o productos químicos. Sumados los principales hallazgos de San Luis Potosí e Hidalgo, el volumen se aproxima o supera el millón de litros, aunque la cifra incluye productos de distinta naturaleza y permanece sujeta a peritajes. La infraestructura encontrada apunta a operaciones con capacidad de almacenamiento, procesamiento y distribución, no únicamente a acopio ocasional.
En Cuautla, Morelos, la intervención se originó por reportes sobre pipas escoltadas, olores intensos a hidrocarburos y movimiento constante en un predio. Ahí fueron aseguradas muestras de líquidos, documentación y talones de cheques. La FGR no informó sobre detenidos, por lo que las diligencias deberán establecer quién controlaba los inmuebles, el origen del combustible y las posibles rutas de comercialización.
La Fiscalía enmarcó los operativos en el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029 y afirmó que continuará con investigaciones para identificar a los responsables y afectar las finanzas de estas organizaciones. El reto inmediato será convertir los aseguramientos materiales en pruebas suficientes para judicializar la red y determinar si existe coordinación entre los cuatro puntos intervenidos.
