HERMOSILLO.- La protesta de familiares de personas fallecidas tras la aplicación de sueros por parte del doctor Jesús Maximiano Verduzco Soto no surge en el vacío. Es el resultado de una cadena de retrasos, comunicaciones incompletas y una percepción cada vez más extendida entre los deudos: la investigación avanza demasiado despacio frente a la gravedad de las muertes atribuidas al caso. En el centro de esa inconformidad está una demanda básica en cualquier proceso penal serio: saber qué ocurrió, quién es responsable y por qué, a meses de los hechos, no hay una respuesta pública proporcional al daño causado.
El expediente reúne elementos que explican la irritación de las familias. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora ordenó exhumaciones para establecer con precisión la causa de muerte, una medida que normalmente busca robustecer la investigación pericial cuando existen dudas sobre diagnósticos previos o sobre el origen del deceso. Sin embargo, los familiares señalan que se les prometieron resultados en un plazo de dos semanas y que, cerca de mes y medio después, siguen sin información formal. Cuando la autoridad no actualiza a las víctimas y las respuestas se filtran primero por redes sociales, se debilita la confianza en todo el proceso, incluso antes de que exista una resolución judicial.
La imagen que acompaña esta exigencia pública ayuda a entender el tono de la protesta: no se trata solo de una disputa legal, sino de una búsqueda de reconocimiento frente a pérdidas irreparables. Para las familias, cada semana sin avances erosiona la idea de que el sistema de justicia está actuando con la diligencia que un caso de múltiples fallecimientos exige.
La demora que alimenta la desconfianza
En este tipo de casos, el tiempo no es un simple dato administrativo. Tiene efectos concretos sobre la prueba, la memoria de los testigos y la disposición de los afectados a seguir colaborando. Los familiares entrevistados aseguran que han aportado lo que se les ha solicitado y que, aun así, no reciben resultados. Esa brecha entre cooperación ciudadana y respuesta institucional suele generar un círculo de desgaste: las víctimas sienten que cumplen con su parte, mientras la investigación permanece opaca. Cuando eso ocurre, la sospecha se desplaza desde el presunto responsable hacia la propia capacidad del Estado para sostener una pesquisa eficiente.
El caso adquiere mayor gravedad porque no se habla de un hecho aislado, sino de una presunta serie de ocho muertes vinculadas a una misma práctica médica. Eso obliga a la autoridad a trabajar en varias capas al mismo tiempo: la verificación forense, la trazabilidad de las atenciones, la eventual responsabilidad profesional y la posible red de apoyos o coberturas alrededor del señalado. La dificultad para localizar a un hombre de 65 años, que además presuntamente enfrenta restricciones financieras, refuerza entre las familias la idea de que hubo tiempo suficiente para evadir la acción de la justicia. Aun si esa percepción no sustituye la prueba, sí explica la presión social que ya rodea al caso.
Un caso médico que se vuelve político
La dimensión más delicada no está solo en el presunto uso de sueros, sino en lo que el expediente dice sobre la relación entre salud, supervisión y responsabilidad pública. Cuando una práctica vinculada a atención médica termina asociada con múltiples decesos, el impacto rebasa a una persona o a un consultorio. Se abre una pregunta sobre los mecanismos de vigilancia profesional, la capacidad de reacción de las autoridades sanitarias y el grado de protección real que tienen los pacientes ante intervenciones que se presentan como inofensivas o rutinarias. Si el proceso concluye con sanciones débiles o con una explicación tardía, el mensaje hacia la sociedad sería dañino: las fallas graves pueden tardar demasiado en ser corregidas.
También hay un efecto político inevitable. Los familiares pidieron apoyo directo a la Presidencia y expresaron sentirse abandonados. Ese salto desde la fiscalía local hacia el poder federal no es retórico; revela que, cuando las víctimas pierden confianza en los canales ordinarios, buscan una autoridad con mayor capacidad de presión simbólica. En un contexto así, cada omisión institucional incrementa el costo público del caso. No solo se juzga el comportamiento del acusado, sino la capacidad del Estado de responder con rapidez, empatía y precisión técnica.
Lo que puede cambiar después
Si la investigación logra avanzar con claridad, el caso podría convertirse en un precedente para la forma en que se investigan muertes potencialmente vinculadas a prácticas médicas irregulares. Eso implicaría mejorar la coordinación entre fiscalías, peritos y autoridades de salud para que la reacción no dependa de la presión mediática ni de las protestas en la calle. También obligaría a revisar qué tan accesibles son los mecanismos de denuncia y qué tan rápido se activan las alertas cuando varias muertes comparten un mismo patrón clínico o circunstancial.
Si, por el contrario, persiste la lentitud, el daño será más amplio que el de un expediente inconcluso. Se consolidará la percepción de que las víctimas deben pelear por visibilidad antes que por justicia, y eso deteriora la relación entre ciudadanía e instituciones en un terreno especialmente sensible: la salud. La medicina depende de confianza; cuando esa confianza se rompe por sospechas de negligencia o abuso, el costo no se limita a una clínica o a un profesional. Se extiende a pacientes, familias y a cualquier práctica que requiera aceptar la recomendación de un tercero como un acto de cuidado y no de riesgo.
Por ahora, las familias insisten en una respuesta concreta: resultados periciales, ejecución de la orden de aprehensión y una explicación verificable sobre cómo una persona señalada por tantas muertes ha podido mantenerse fuera del alcance de la justicia. Más allá del desenlace penal, el caso ya dejó una señal incómoda para las autoridades de Sonora: en procesos con víctimas múltiples, la opacidad no contiene el conflicto, lo agrava.
