El Tribunal Electoral de Tamaulipas superó en casi nueve millones de pesos el límite legal de su nómina durante 2024, según los hallazgos de la Auditoría Superior del Estado. La ASE detectó que el gasto total en sueldos alcanzó 44 millones 101 mil 512 pesos tras una ampliación presupuestal de 10 millones 810 mil 591 pesos que no cumplió con los supuestos de excepción establecidos en la Ley de Disciplina Financiera. A pesar de estas irregularidades y de pagos adicionales por bonos y contrataciones irregulares, el Congreso estatal aprobó la cuenta pública, lo que abre interrogantes sobre el equilibrio entre control presupuestal y autonomía de los órganos electorales.
La revisión cubrió el 100 por ciento de los ingresos y el 95.68 por ciento de los egresos. Las observaciones incluyeron un pago excesivo de 153 mil 12 pesos en el Bono Trimestral por Responsabilidad del Cargo al incorporar indebidamente el ISR en el cálculo, así como dos contratos por 578 mil 667 pesos y 185 mil 26 pesos adjudicados fuera de los procedimientos del Manual de Adquisiciones interno. Estas desviaciones no impidieron la aprobación final, aunque se mantiene abierto un proceso de seguimiento para las aclaraciones pendientes.
Ampliaciones presupuestales sin sustento legal
La decisión de ampliar el presupuesto sin acreditar los supuestos de excepción previstos en la ley genera un precedente que debilita el principio de disciplina financiera. Los tribunales electorales locales suelen argumentar que sus funciones jurisdiccionales y administrativas requieren flexibilidad presupuestal, especialmente en años de procesos electorales. Sin embargo, el informe de la ASE muestra que la justificación presentada por el Trieltam no se alineó con casos como el pago de sentencias laborales u otras causales expresas. Esta brecha entre la norma y la práctica sugiere que las ampliaciones se han convertido en un mecanismo recurrente para absorber incrementos salariales sin pasar por un debate presupuestal transparente.
Contrataciones al margen del control interno
Los dos contratos observados por adjudicación directa evidencian debilidades en los controles de adquisiciones del propio tribunal. El Manual de Adquisiciones establece procedimientos específicos para garantizar competencia y transparencia, pero su omisión en casos de mantenimiento de inmuebles y compra de mobiliario indica que las reglas internas no se aplican de manera uniforme. Esta situación no es aislada: varios órganos electorales locales han enfrentado críticas similares en auditorías recientes, lo que apunta a una cultura institucional donde la urgencia operativa prevalece sobre el cumplimiento normativo.
Perspectiva del Congreso frente a la ASE
El Congreso aprobó la cuenta pública al considerar que el organismo cumplió en términos generales con las disposiciones legales, pese a las observaciones pendientes. Esta postura refleja una tensión inherente entre el poder legislativo y los órganos fiscalizadores: mientras la ASE prioriza el estricto apego a la ley, los diputados valoran el contexto operativo de un tribunal que debe resolver controversias electorales. La decisión de continuar el seguimiento sin rechazar la cuenta puede interpretarse como un acto de pragmatismo político, pero también reduce el incentivo para que futuras administraciones del tribunal corrijan sus prácticas de gasto.
Postura del Tribunal y sus implicaciones laborales
Desde la óptica del Trieltam, el exceso en nómina podría explicarse por la necesidad de retener personal especializado en materia electoral y por el cumplimiento de resoluciones judiciales que obligan a pagos retroactivos. Sin embargo, la inclusión del ISR en el cálculo del bono trimestral contradice incluso el manual interno del propio organismo, lo que sugiere falta de coordinación entre las áreas de recursos humanos y las de control presupuestal. Esta inconsistencia interna erosiona la credibilidad del tribunal como garante de la legalidad en los procesos electorales del estado.
Repercusiones en la confianza ciudadana
Cuando un órgano encargado de dirimir disputas electorales incurre en irregularidades presupuestales y aun así obtiene aprobación de su cuenta pública, se genera un efecto de desconfianza acumulada entre la ciudadanía. Los votantes perciben que las instituciones electorales operan bajo estándares más laxos que el resto de la administración pública, lo que puede traducirse en menor participación o mayor escepticismo hacia los resultados que emite el tribunal. Estudios de percepción ciudadana en otras entidades muestran que este tipo de hallazgos auditorios suelen correlacionarse con caídas en la confianza institucional durante los siguientes dos ciclos electorales.
Riesgos de normalización de excesos presupuestales
La aprobación de la cuenta pese a las observaciones plantea el riesgo de que otras dependencias estatales repliquen el mismo patrón: solicitar ampliaciones sin sustento legal y esperar que el Congreso las convalide. Si esta práctica se generaliza, el marco de disciplina financiera perderá efectividad y los órganos fiscalizadores verán reducida su capacidad de disuasión. Además, existe el peligro de que futuras administraciones del tribunal enfrenten litigios laborales derivados de pagos irregulares, lo que podría generar pasivos contingentes no contemplados en los presupuestos anuales.
Escenarios hacia los próximos ejercicios fiscales
De cara a 2025 y 2026, el Trieltam podría enfrentar mayor presión para transparentar sus criterios de remuneración y contratación, especialmente si el proceso de seguimiento de la ASE deriva en recomendaciones vinculantes. Una posibilidad es que el Congreso exija informes trimestrales de cumplimiento antes de autorizar cualquier ampliación presupuestal adicional. Otra ruta probable es que el propio tribunal modifique su Manual de Remuneraciones para eliminar ambigüedades en el cálculo de bonos y prestaciones, reduciendo así el margen de error detectado por la auditoría.
El caso del Trieltam ilustra cómo las tensiones entre autonomía institucional y control del gasto público pueden resolverse de manera que privilegia la continuidad operativa sobre la rendición de cuentas estricta. Las consecuencias de esta elección se medirán no solo en términos financieros, sino también en la percepción de legitimidad de las instituciones que administran la justicia electoral en el estado.
