CIUDAD DE MÉXICO.— El gobierno de Estados Unidos compartió información de inteligencia con autoridades mexicanas para localizar los buques empleados por una red que introdujo ilegalmente al país millones de litros de hidrocarburos declarados como aditivos, lubricantes o desechos, con el propósito de evadir impuestos. La organización es investigada por su presunta relación con los sobrinos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, de acuerdo con fuentes federales consultadas por Proceso.
La colaboración estadunidense fue confirmada después de que la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, agradeciera públicamente el apoyo de las autoridades de ese país durante un anuncio relacionado con la investigación. La fiscal también informó sobre el aseguramiento de embarcaciones en Tamaulipas y Baja California, consideradas parte de la infraestructura utilizada para el traslado y la operación de la red.
Una operación basada en mercancías subvaluadas o mal clasificadas
El mecanismo investigado corresponde a una modalidad de contrabando conocida en México como huachicoleo fiscal. A diferencia del robo directo de combustibles a instalaciones o ductos, esta práctica utiliza operaciones de comercio exterior, documentación aduanera y clasificaciones imprecisas para introducir hidrocarburos sin cubrir los impuestos y derechos correspondientes.
Según la información disponible, los cargamentos fueron registrados como productos que no tendrían el mismo tratamiento fiscal que los combustibles. La clasificación como aditivos, lubricantes o desechos habría permitido reducir los costos de importación, ocultar la naturaleza real de la mercancía y dificultar la detección de los volúmenes movilizados. El impacto para el erario depende tanto del monto de los impuestos evadidos como de la posible comercialización posterior del producto en el mercado nacional.
La participación de buques convierte el caso en una investigación de alcance transfronterizo. El traslado marítimo de grandes cantidades de hidrocarburos exige coordinar información portuaria, registros de navegación, documentos de importación, empresas intermediarias y movimientos financieros. Por esa razón, los datos proporcionados por Estados Unidos pudieron ser relevantes para vincular embarcaciones específicas con rutas, cargamentos y operadores investigados por la FGR.
La expulsión de un contralmirante detenido en Argentina
El anuncio de la Fiscalía ocurrió un día después de que Godoy informara que el gobierno de Argentina decidió expulsar al contralmirante Fernando Farías Laguna, detenido en abril de este año. Farías Laguna es señalado como sobrino de Rafael Ojeda, quien fue secretario de Marina durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La expulsión abre el camino para que el militar sea puesto a disposición de las autoridades mexicanas, aunque el desarrollo de ese procedimiento depende de las decisiones de los gobiernos involucrados y de las condiciones jurídicas aplicables. La FGR sostiene que el detenido debe responder ante la justicia mexicana por su presunta participación en la estructura investigada; hasta ahora, esas imputaciones deberán ser acreditadas durante el proceso penal.
La relación familiar mencionada por la Fiscalía constituye un elemento de contexto, pero no determina por sí misma la responsabilidad penal del acusado. Para sostener el caso, los investigadores deberán presentar evidencia sobre su posible intervención en la importación, el financiamiento, la logística o la comercialización de los hidrocarburos. También tendrán que establecer cómo se conectan esas actividades con los buques asegurados y con las empresas que aparecen en la documentación de las operaciones.
La audiencia definirá el rumbo procesal
La juez de control Alejandra Ramírez De la Vega convocó para este viernes a la FGR y a la defensa de Farías Laguna a una audiencia inicial a las 17:00 horas, en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México. La diligencia se realizará por videoconferencia.
Epigmenio Mendieta, abogado del contralmirante, prevé solicitar que se permita el ingreso de representantes de la prensa a la sala audiovisual del Centro de Justicia. La petición busca que la audiencia se desarrolle con mayor transparencia, aunque corresponderá a la juzgadora resolverla conforme a las reglas procesales y a las condiciones de seguridad del caso.
La Fiscalía prevé imputar a Farías Laguna por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos en materia de hidrocarburos. La primera acusación implicaría que las autoridades consideran que existió una estructura estable y coordinada para cometer los ilícitos; la segunda apunta a la posible circulación o transformación de recursos vinculados con actividades ilegales; y la tercera se relaciona con la introducción, manejo o comercialización irregular de combustibles.
La FGR podría oponerse a que la audiencia sea pública con el argumento de que existen razones de seguridad nacional. Esa decisión será relevante porque el caso involucra información de inteligencia extranjera, instalaciones portuarias, rutas de importación y posibles vínculos con funcionarios o integrantes de instituciones estratégicas. Sin embargo, cualquier restricción a la publicidad de la audiencia deberá estar justificada y limitarse a la información cuya exposición pueda comprometer una investigación o una operación de seguridad.
Un expediente que dependerá de la trazabilidad
El aseguramiento de buques y la cooperación internacional ofrecen a los fiscales una base material para reconstruir la operación, pero no sustituyen la obligación de demostrar responsabilidades individuales. La solidez del expediente dependerá de que la autoridad pueda enlazar los registros de navegación y aduanas con transferencias bancarias, comunicaciones, contratos, facturas y decisiones concretas de los acusados.
El caso también pondrá a prueba los controles mexicanos sobre la importación de hidrocarburos y la coordinación entre aduanas, autoridades portuarias, fuerzas de seguridad y organismos fiscales. La utilización de categorías comerciales distintas para ocultar combustibles sugiere que el combate al huachicoleo fiscal requiere revisar toda la cadena logística, desde la declaración del producto en el puerto de origen hasta su destino y venta en México.
La audiencia inicial no resolverá la culpabilidad del contralmirante, pero permitirá conocer la acusación formal, los datos de prueba presentados por la Fiscalía y la postura de la defensa. A partir de esa diligencia, la juez deberá determinar si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso y bajo qué medidas cautelares continuará el procedimiento.
