Un grupo reducido, pero representativo, de empresarios acudió al mensaje de Claudia Sheinbaum con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, celebrado en Palacio Nacional ante alrededor de 300 invitados. La presencia de figuras de los sectores financiero, mediático, turístico, farmacéutico y de infraestructura coincidió con un discurso centrado en la estabilidad económica y en la promesa de mantener la inversión pública y los programas de bienestar.
Entre los asistentes estuvieron Olegario Vázquez Aldir, presidente de Grupo Vazol; Carlos Slim, presidente honorario y vitalicio de Grupo Carso y América Móvil; Alfonso de Angoitia Noriega, presidente del consejo de administración de Grupo Televisa; Rodrigo Herrera, presidente de Genomma Lab; Daniel Chávez, fundador de Grupo Vidanta; Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de Empresas; Manuel Arroyo, presidente de Grupo Lauman, y Alejandro Malagón, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).
Una lista breve con significado económico
Más que una convocatoria masiva del sector privado, la composición del grupo refleja la cercanía de algunos de los principales actores empresariales con la agenda económica del Gobierno. La diversidad de actividades representadas también resulta significativa: telecomunicaciones, medios, turismo, salud, industria y relocalización productiva son áreas vinculadas con las discusiones sobre infraestructura, inversión y competitividad que marcarán la segunda mitad del sexenio.
La asistencia de Gómez Sierra tiene una lectura adicional. Desde el Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de Empresas, su labor está relacionada con la atracción de nuevas cadenas productivas y con la posibilidad de que México aproveche el proceso de traslado de operaciones hacia América del Norte. La presencia de Malagón, por su parte, incorpora la perspectiva de la industria organizada en un momento de presión por los costos, las reglas comerciales y la incertidumbre internacional.
El mensaje económico: consolidar sin recortar el bienestar
Durante el informe, Sheinbaum sostuvo que el paquete económico de 2027 incluirá una “paulatina consolidación fiscal”. La definición busca transmitir que el Gobierno pretende ordenar gradualmente las finanzas públicas, pero sin convertir ese proceso en una reducción abrupta de la inversión ni del gasto destinado a bienestar, salud y educación.
La presidenta afirmó que el proyecto será responsable y que mantendrá la inversión pública junto con las políticas sociales. El anuncio se produce a menos de una semana de que el Ejecutivo entregue al Congreso el paquete económico, que deberá incluir las previsiones macroeconómicas y el proyecto de presupuesto para el próximo año. Por ello, sus declaraciones funcionan también como una señal previa al debate legislativo: habrá una búsqueda de disciplina presupuestaria, aunque el Gobierno no anticipa un abandono de sus prioridades sociales.
La dificultad estará en traducir esa promesa política en cifras concretas. La consolidación fiscal normalmente exige contener el crecimiento del gasto, elevar ingresos o modificar prioridades presupuestarias. Mantener simultáneamente inversión, salud, educación y programas de bienestar reduce el margen de maniobra, especialmente si el entorno externo presiona los ingresos públicos o encarece el financiamiento.
Más Estado, pero con límites financieros
Sheinbaum defendió una mayor participación del Estado en la economía, uno de los ejes de su proyecto político, aunque aclaró que ello no implica abandonar la disciplina fiscal ni asumir que el desarrollo depende únicamente de un aumento del gasto público. La precisión intenta equilibrar dos mensajes: reivindicar la intervención gubernamental en sectores estratégicos y, al mismo tiempo, evitar que esa orientación sea interpretada como una autorización para expandir el déficit sin límite.
La mandataria también reivindicó la inversión mixta como instrumento para desarrollar infraestructura sin “ceder el control del interés público”. En términos prácticos, este planteamiento coloca al sector privado como socio para movilizar capital y capacidades técnicas, mientras el Gobierno busca conservar la definición de objetivos, reglas y beneficios colectivos. El desafío será establecer mecanismos transparentes que distribuyan los riesgos y eviten que la participación privada se traduzca en compromisos excesivos para el presupuesto.
El contexto internacional eleva el costo de las decisiones
Sheinbaum presentó la economía mexicana como estable pese a la política arancelaria de Estados Unidos y al escenario internacional generado por la guerra en Irán, que ha contribuido al incremento de los precios internacionales del petróleo. Ambos factores complican la planeación: los aranceles pueden afectar exportaciones, cadenas de suministro y decisiones de inversión, mientras que un petróleo más caro puede modificar los ingresos del Estado, los costos de transporte y las expectativas de inflación.
En ese contexto, la presencia empresarial en Palacio Nacional adquiere una dimensión que va más allá de la protocolaria. El Gobierno necesita preservar la confianza de los inversionistas y, al mismo tiempo, sostener una agenda de mayor participación estatal. Los empresarios, por su parte, requieren claridad sobre impuestos, infraestructura, energía, comercio exterior y reglas de competencia antes de comprometer nuevas inversiones.
El Segundo Informe deja así una expectativa concreta: la discusión decisiva no estará únicamente en el discurso, sino en el paquete económico de 2027. Allí se podrá observar cómo se distribuye el esfuerzo de consolidación fiscal, qué proyectos recibirán prioridad y hasta dónde la inversión mixta será capaz de complementar los recursos públicos sin desplazar los objetivos sociales anunciados por la presidenta.
