El diagnóstico de Moody’s introduce una hipótesis decisiva para la Argentina que se encamina hacia las elecciones presidenciales de 2027: el programa económico de Javier Milei habría dejado de ser una respuesta extraordinaria para convertirse en un marco de política pública con posibilidades de supervivencia más allá de su gobierno. La agencia sostiene que, gane el oficialismo o triunfe una fuerza opositora, es probable que continúen la disciplina fiscal, buena parte de las reformas y el proceso de estabilización macroeconómica. La afirmación no equivale a declarar terminado el riesgo político, pero sí modifica su naturaleza. El interrogante ya no sería únicamente si un nuevo gobierno puede revertir el ajuste, sino cuánto margen tendrá para alterar un esquema que busca anclarse en las cuentas públicas, las reservas y la inversión exportadora.
El informe parte de tres transformaciones. La primera es la persistencia del equilibrio fiscal, apoyado en superávits y en la eliminación del financiamiento monetario del Tesoro. La segunda es el cambio en la posición externa: la capacidad exportadora y la acumulación de reservas comienzan a ser presentadas como fortalezas estructurales, en lugar de depender principalmente del endeudamiento externo. La tercera es la consolidación política de las medidas, que elevaría el costo económico y financiero de una reversión abrupta. Moody’s estima, además, una expansión del Producto Bruto Interno del 3,4% en 2026 y del 3,5% en 2027, por encima del 2,7% que proyectan las consultoras y los bancos relevados por el Banco Central.
La verdadera apuesta: convertir el ajuste en una restricción
El punto más relevante del reporte no es la predicción electoral, sino la idea de que el ajuste fiscal puede transformarse en una restricción transversal para la política argentina. Durante décadas, los gobiernos enfrentaron tensiones recurrentes entre gasto, inflación, deuda y reservas. El financiamiento monetario permitía postergar parte del conflicto, pero trasladaba sus costos al tipo de cambio, los precios y los ingresos. La estrategia libertaria intenta cerrar ese circuito mediante el déficit cero, la reducción de transferencias y una política monetaria menos subordinada a las necesidades fiscales.
La lógica de Moody’s es que, si el equilibrio presupuestario logra reducir la inflación y recuperar el crédito, un gobierno sucesor tendría incentivos para conservarlo, aunque modifique su velocidad o su composición. La continuidad no surgiría necesariamente de una coincidencia ideológica con La Libertad Avanza, sino de una restricción material: desarmar el ancla fiscal podría deteriorar rápidamente las expectativas, encarecer el financiamiento y reabrir la presión cambiaria. En ese escenario, el “riesgo kuka”, entendido como el temor de los mercados a un regreso completo de políticas asociadas con mayor gasto y controles, perdería capacidad explicativa. Sería reemplazado por un riesgo más específico: la posibilidad de que la oposición administre una corrección selectiva sin quebrar los fundamentos financieros.
Esta lectura contiene una primera conclusión original: una política económica puede consolidarse antes de que sus beneficios alcancen a todos los sectores. La estabilización macroeconómica no requiere que la mayoría de los hogares esté mejor en el corto plazo; requiere que inflación, déficit y reservas exhiban una trayectoria creíble. Pero la legitimidad electoral sí depende de la distribución de los resultados. Si la mejora de los agregados convive con salarios rezagados, empleo precario y servicios públicos deteriorados, el programa puede ser financieramente más difícil de revertir y políticamente más vulnerable al mismo tiempo.
Una economía que crece, pero no al mismo ritmo
El crecimiento proyectado por Moody’s debe leerse junto con la composición sectorial de la recuperación. La agencia observa una reorientación hacia hidrocarburos, minería, actividades agropecuarias y servicios con potencial exportador. Son sectores capaces de generar divisas, elevar la productividad y atraer inversiones de gran escala. Sin embargo, también suelen demandar menos trabajadores por unidad de producción que la industria manufacturera, el comercio o la construcción. El resultado es una economía a dos velocidades: una parte crece gracias a la inversión y las ventas externas, mientras otra permanece estancada o atraviesa una contracción.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos reflejan esa divergencia. Las ramas vinculadas con la actividad primaria impulsan los indicadores, pero la industria, el comercio y la construcción enfrentan una demanda interna todavía débil y costos de ajuste elevados. Esta diferencia importa porque el PBI mide el valor agregado total, no la calidad de los puestos de trabajo creados ni la distribución territorial de la inversión. Un aumento del 3,5% puede ser compatible con una recuperación muy desigual entre provincias, empresas y hogares.
La segunda conclusión es que el éxito del programa dependerá menos de la tasa promedio de crecimiento que de su capacidad para generar encadenamientos. La minería y los hidrocarburos pueden aportar exportaciones y recaudación, pero el impacto sobre proveedores nacionales, empleo calificado y pequeñas empresas dependerá de reglas de contenido local, infraestructura, capacitación y acceso al crédito. Sin esos vínculos, la economía puede mejorar sus cuentas externas sin construir una base productiva suficientemente amplia. El riesgo es que la estabilidad se apoye en enclaves dinámicos, mientras la demanda doméstica continúa debilitada.
Para los empresarios, el cambio de orientación ofrece oportunidades concretas. La reforma laboral, la desregulación y el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones buscan reducir incertidumbres y facilitar proyectos de largo plazo. Moody’s señala que las iniciativas presentadas bajo el RIGI suman aproximadamente 142.000 millones de dólares, una cifra que revela el volumen potencial de capital interesado en energía, minería e infraestructura. Pero una cartera anunciada no equivale a inversión desembolsada. La decisión final dependerá de la estabilidad cambiaria, la disponibilidad de divisas, la seguridad jurídica, la licencia social y la posibilidad de girar utilidades.
RIGI, reservas y una nueva relación con el exterior
El caso del RIGI concentra una de las principales controversias. Para el Gobierno, los beneficios tributarios y regulatorios son necesarios para atraer capital a sectores intensivos en inversión y con largos plazos de maduración. Para sus defensores, el régimen puede acelerar exportaciones, ampliar la oferta de dólares y disminuir la dependencia de nuevos ciclos de deuda. Moody’s lo ubica en el centro de la estrategia oficial precisamente porque conecta la estabilización con una transformación productiva.
Los críticos plantean una pregunta distinta: cuánto resigna el Estado para obtener divisas futuras y qué mecanismos garantizarán que los proyectos generen empleo, proveedores locales y recaudación suficiente. También advierten que una política concentrada en recursos naturales puede reforzar la dependencia de los precios internacionales. Si el petróleo, el gas o los minerales atraviesan un ciclo bajista, el país podría descubrir que su fortaleza externa no era tan estructural como parecía. La cuestión no es elegir entre inversión extranjera y desarrollo nacional, sino definir las condiciones que convierten una en motor del otro.
La acumulación de reservas ofrece una señal favorable, aunque tampoco elimina los interrogantes. Moody’s destaca que el Banco Central compró más de 13.000 millones de dólares y que las reservas brutas superaron los 50.000 millones. El hecho de que esas compras no hayan provocado presiones significativas sobre el tipo de cambio sugeriría una mejora en los flujos subyacentes de moneda extranjera. Aun así, las reservas brutas no son idénticas a las reservas netas: importan las obligaciones, los depósitos, los préstamos y otros pasivos que determinan qué parte de esos activos está efectivamente disponible.
La reducción del riesgo país hasta 403 puntos básicos después de las mejoras de calificación de Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch Ratings amplió el universo potencial de fondos habilitados para comprar bonos argentinos. Sin embargo, el indicador luego volvió a subir hasta 532 puntos básicos por el deterioro de las condiciones externas y factores domésticos. Esta reversión demuestra que la confianza de los mercados sigue siendo condicional. Las mejoras crediticias pueden bajar el costo de financiamiento, pero no sustituyen la consistencia fiscal, la liquidez externa ni la previsibilidad política.
La oposición enfrenta un dilema de velocidad, no solo de dirección
Moody’s considera probable que un eventual gobierno opositor desacelere o modifique selectivamente el ajuste, en lugar de revertirlo por completo. Esa perspectiva introduce una disputa más compleja que la clásica confrontación entre continuidad y cambio. Un sucesor podría conservar el superávit, pero aumentar el gasto social; mantener la desregulación, pero recuperar controles en determinados mercados; sostener la apertura exportadora, pero exigir una mayor participación de proveedores nacionales. El resultado sería un programa diferente, aunque asentado sobre algunos de los pilares construidos durante la actual administración.
Para los mercados, esa continuidad parcial podría ser suficiente si preserva el equilibrio fiscal y la acumulación de divisas. Para sindicatos, empresas orientadas al mercado interno y sectores afectados por el ajuste, la modificación de prioridades podría ser indispensable para recomponer ingresos y empleo. El conflicto central será distributivo: quién absorbe el costo de la estabilización y quién captura los beneficios del nuevo ciclo de inversión. La previsibilidad que reclaman los inversores puede entrar en tensión con la demanda de renegociar tarifas, impuestos, salarios y transferencias.
La tercera conclusión es que el principal factor electoral será la traducción social de los resultados macroeconómicos. Si la recuperación real de los ingresos se sostiene, el oficialismo podrá argumentar que la etapa de emergencia quedó atrás y que las reformas comienzan a producir beneficios. Si, en cambio, el crecimiento se concentra en sectores exportadores y la industria o el comercio no recuperan volumen, la oposición tendrá espacio para cuestionar el modelo sin proponer una ruptura total. En ese caso, la elección podría decidir la arquitectura distributiva del programa, más que su existencia.
Qué puede romper la continuidad anticipada
La hipótesis de Moody’s está expuesta a varios riesgos. El primero es una perturbación externa: una caída de los precios de las materias primas, un endurecimiento de las condiciones financieras internacionales o una depreciación de monedas emergentes podría reducir el ingreso de capitales y encarecer el refinanciamiento. El segundo es doméstico: una inflación que vuelva a acelerarse, una tensión cambiaria o una pérdida de reservas debilitarían la percepción de que el equilibrio es sostenible. El tercero es institucional: conflictos con las provincias, el Congreso, sindicatos o comunidades locales podrían retrasar proyectos y erosionar la confianza.
También existe un riesgo de medición. Un superávit fiscal puede mejorar por una contracción temporal del gasto o por ingresos extraordinarios, pero la sostenibilidad exige revisar jubilaciones, subsidios, transferencias y obligaciones de deuda. Si el equilibrio depende demasiado de partidas postergadas, de licuación inflacionaria o de una recaudación asociada a una economía todavía frágil, un cambio de ciclo podría exponer rápidamente sus límites. La credibilidad fiscal se construye con resultados, pero también con instituciones presupuestarias capaces de resistir presiones electorales.
En los próximos meses, los indicadores decisivos serán la inversión efectivamente ejecutada bajo el RIGI, la evolución del empleo formal fuera de los sectores extractivos, la recuperación de los salarios reales y la composición de las reservas. También será necesario observar si la industria y la construcción dejan de acompañar la expansión solo desde atrás o comienzan a integrarse al nuevo ciclo. La Argentina puede haber reducido la probabilidad de una reversión brusca, como sostiene Moody’s, pero todavía debe demostrar que la estabilidad no depende de una sociedad permanentemente sometida al ajuste.
El “riesgo kuka” pierde peso como amenaza inmediata porque el programa oficial busca convertir sus pilares en costos de salida para cualquier administración. Pero esa estrategia no elimina la política: la desplaza hacia la distribución de sus beneficios y sacrificios. La continuidad del equilibrio fiscal y de la apertura exportadora parece más probable que hace algunos años; su legitimidad, en cambio, dependerá de que la expansión alcance a un conjunto más amplio de trabajadores y empresas. La próxima elección no definirá únicamente quién gobierna, sino qué versión de la estabilización argentina consigue sobrevivir.
