La economía peruana no se detuvo en junio, pero perdió impulso en un momento en que el Gobierno intenta consolidar una recuperación más amplia. La actividad económica creció un 1,75 % interanual, ligeramente por debajo del 1,8 % registrado en mayo, según los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reportados por Reuters. La diferencia parece pequeña, pero adquiere otra dimensión cuando se observa la composición del resultado: detrás de esa moderación se encuentra un golpe severo sobre sectores productivos vinculados directamente con el clima, la disponibilidad de recursos naturales y la logística regional.
La agricultura se contrajo un 8 %, la pesca se desplomó un 52 %, la manufactura retrocedió más del 6 % y la minería cayó más del 2 %. Estos datos muestran que El Niño no está afectando a un único segmento de la economía, sino que está atravesando varias cadenas de valor al mismo tiempo. El calentamiento de las aguas del Pacífico y las restricciones temporales sobre las actividades pesqueras redujeron la oferta de productos marinos; la alteración de las condiciones agrícolas presionó la producción rural; y la debilidad de los sectores primarios se transmitió a las fábricas, el transporte y el empleo asociado.
El dato mensual oculta una fractura sectorial
El crecimiento agregado del 1,75 % puede dar la impresión de que el impacto climático es limitado. Esa lectura sería incompleta. Un promedio nacional combina actividades muy distintas y puede ocultar pérdidas concentradas en regiones, empresas y grupos de trabajadores que no cuentan con mecanismos suficientes para compensarlas. La pesca, por ejemplo, no solo genera ingresos para armadores y compañías industriales. También sostiene a pescadores artesanales, plantas de procesamiento, transportistas, comerciantes, proveedores de hielo y trabajadores portuarios. Una caída del 52 % en la actividad pesquera tiene, por tanto, un efecto multiplicador que no aparece de manera inmediata en el indicador general.
La agricultura presenta una lógica similar. Una contracción del 8 % afecta la disponibilidad de determinados cultivos, reduce los ingresos de los productores y puede elevar los precios en los mercados locales. El impacto depende de la zona y del producto, pero la secuencia económica es conocida: menores cosechas, mayor incertidumbre para los compradores, presión sobre el transporte y reducción del consumo de los hogares rurales. Cuando esas familias tienen poco acceso al crédito o dependen de una sola campaña agrícola, una temporada adversa puede convertirse en un problema de solvencia, no únicamente en una pérdida temporal de producción.
La caída de la manufactura, superior al 6 %, es especialmente relevante porque sugiere que el fenómeno climático está dejando de ser un problema circunscrito a los recursos naturales. Las fábricas vinculadas con alimentos, productos pesqueros y otros insumos primarios pueden enfrentar menor abastecimiento y costos más altos. A ello se suman interrupciones logísticas, inventarios más caros y dificultades para planificar contratos. La minería, aunque retrocedió en una proporción menor, también se ve expuesta a lluvias intensas, problemas de acceso, interrupciones de transporte y mayores exigencias operativas en zonas vulnerables.
La primera conclusión: el clima amplifica una economía desigual
El primer juicio analítico que se desprende de estas cifras es que El Niño funciona como un amplificador de vulnerabilidades preexistentes. El fenómeno no crea por sí solo todos los problemas de la economía peruana, pero intensifica las diferencias entre empresas con capacidad de adaptación y unidades productivas que operan con márgenes mínimos. Una compañía grande puede diversificar proveedores, asegurar parte de su producción, mantener inventarios o acceder a financiamiento de emergencia. Un pequeño productor agrícola o un pescador artesanal suele tener menos alternativas para absorber una interrupción de varias semanas.
Esta diferencia es decisiva para evaluar la recuperación. Si la actividad nacional vuelve a crecer en los próximos meses, el repunte no necesariamente significará que las zonas más afectadas hayan recuperado sus ingresos. El Producto Interno Bruto puede mejorar mientras persisten deudas, pérdida de empleo e inversiones aplazadas en comunidades costeras y rurales. La política económica que se concentre exclusivamente en el dato agregado corre el riesgo de declarar estabilizada una crisis que continúa siendo intensa en determinados territorios.
La segunda conclusión es que la pesca constituye el principal punto de transmisión del shock. Un derrumbe del 52 % tiene implicaciones sobre exportaciones, recaudación, empleo y precios de alimentos. El calentamiento del Pacífico modifica la distribución de especies y puede reducir la disponibilidad de recursos que sostienen tanto la pesca industrial como la artesanal. Las restricciones temporales pueden ser necesarias para proteger los ecosistemas y evitar una extracción insostenible, pero producen un conflicto inmediato: la conservación protege la capacidad futura del sector, mientras que el cierre o la limitación de operaciones deja sin ingresos a trabajadores que necesitan apoyo durante el periodo de transición.
La discusión, por ello, no debería reducirse a elegir entre actividad económica y protección ambiental. El desafío institucional consiste en establecer reglas previsibles, mejorar la información científica y crear instrumentos de compensación que permitan cumplir las restricciones sin trasladar todo el costo a los trabajadores. Sin esos mecanismos, la conservación puede perder legitimidad social, y la presión por reabrir las actividades antes de tiempo puede aumentar, incluso cuando las condiciones biológicas no lo aconsejen.
¿Puede el crecimiento semestral compensar el golpe de junio?
En el primer semestre, la economía peruana acumuló un crecimiento del 3,05 %. El dato es claramente más sólido que el resultado mensual de junio y explica por qué el ministro de Economía elevó recientemente la previsión de crecimiento para 2026 al 3,5 %. Sin embargo, las dos cifras responden a preguntas distintas. El acumulado semestral describe el desempeño promedio de los primeros meses del año; el dato de junio muestra una pérdida de velocidad en un periodo más reciente y revela qué sectores están soportando el mayor daño.
La meta del 3,5 % no es imposible, pero exige que la debilidad de las actividades afectadas por El Niño sea temporal y que otros motores compensen parte de la caída. El consumo interno, la inversión privada, la obra pública y las exportaciones tendrían que mantener un ritmo suficiente. Si la pesca permanece deprimida, la agricultura vuelve a registrar malos resultados y la manufactura continúa contrayéndose, el crecimiento deberá descansar en un conjunto más estrecho de actividades. Eso haría más frágil la previsión y aumentaría su sensibilidad ante cualquier nuevo shock.
La brecha entre la previsión oficial y los resultados sectoriales también tiene una dimensión política. Un pronóstico de 3,5 % puede contribuir a sostener la confianza empresarial, orientar decisiones de inversión y respaldar la planificación fiscal. Pero si el mercado percibe que la estimación no incorpora adecuadamente los riesgos climáticos, el efecto puede invertirse. Las empresas revisarían sus proyectos, los hogares reducirían gastos y las autoridades tendrían que reaccionar con medidas de emergencia más costosas. La credibilidad de la previsión dependerá menos de su cifra exacta que de la transparencia con que se expliquen sus supuestos.
Empresas, trabajadores y Estado: intereses que no coinciden
Para las empresas pesqueras y manufactureras, la prioridad inmediata es recuperar previsibilidad. Necesitan saber cuánto durarán las restricciones, qué condiciones permitirán reanudar operaciones y si habrá acceso a crédito para cubrir costos fijos. Las compañías con mayor escala pueden soportar una interrupción, pero las pequeñas y medianas empresas tienen menos capacidad para pagar salarios, alquileres y obligaciones financieras cuando la producción cae abruptamente.
Los trabajadores enfrentan un problema diferente. La reducción de la actividad puede traducirse en suspensiones, empleos temporales más escasos y menor demanda de servicios. En el sector agrícola, el impacto se distribuye de forma desigual: algunos productores pueden beneficiarse de precios más altos si logran conservar su oferta, mientras que otros pierden toda la cosecha. En las ciudades costeras, la menor actividad pesquera puede afectar a hogares que no aparecen formalmente en las estadísticas laborales, pero dependen de ingresos generados alrededor de los puertos y mercados.
El Estado, por su parte, debe equilibrar tres objetivos que pueden entrar en tensión. Tiene que proteger los recursos naturales, evitar una escalada de precios y sostener a los sectores perjudicados sin comprometer la estabilidad fiscal. Los subsidios generalizados serían costosos y podrían beneficiar también a empresas que no los necesitan. Las ayudas demasiado limitadas dejarían sin respaldo a los grupos más vulnerables. Una respuesta eficaz tendría que combinar transferencias focalizadas, crédito de emergencia, seguros agropecuarios, capacitación y apoyo logístico, con controles que reduzcan el riesgo de filtraciones o uso político.
También existe una controversia sobre la responsabilidad de la prevención. Los fenómenos climáticos no pueden controlarse, pero sus consecuencias sí pueden reducirse. La falta de infraestructura de almacenamiento, sistemas de alerta, seguros accesibles, mantenimiento de carreteras y planificación urbana convierte una perturbación ambiental en una crisis económica más profunda. Cada episodio de El Niño revela la misma pregunta: ¿cuánto de la pérdida corresponde a la intensidad del fenómeno y cuánto a la insuficiente preparación del país?
El verdadero costo puede aparecer después
Una de las principales amenazas es que el daño económico se manifieste con retraso. La caída de junio puede parecer un episodio aislado si la producción se recupera en los meses siguientes, pero la pérdida de ingresos puede afectar el consumo durante más tiempo. Los productores endeudados reducirán compras de maquinaria, fertilizantes o embarcaciones. Las empresas con menor liquidez podrían cancelar inversiones. Los bancos, al percibir mayor riesgo en determinadas regiones y actividades, podrían endurecer las condiciones de crédito. La recuperación estadística no siempre equivale a una recuperación financiera.
Otro riesgo es la inflación localizada. La reducción de la oferta agrícola y pesquera puede elevar los precios de ciertos alimentos, incluso si la inflación nacional permanece contenida. Los hogares de menores ingresos son los más expuestos porque destinan una proporción mayor de su presupuesto a bienes básicos. En ese escenario, una política centrada solo en estimular la demanda podría ser contraproducente: aumentaría el gasto sin resolver las restricciones de oferta. La respuesta tendría que actuar sobre transporte, abastecimiento, almacenamiento y acceso temporal a productos esenciales.
La minería merece una vigilancia específica. Su caída superior al 2 % es menor que la registrada en pesca o manufactura, pero la actividad minera tiene un peso considerable en las exportaciones y en los ingresos de varias regiones. Si los problemas climáticos afectan carreteras, puertos o suministro energético, una interrupción breve puede generar pérdidas desproporcionadas y retrasar proyectos de expansión. Además, cualquier conflicto entre operaciones mineras y comunidades locales puede agravarse cuando el clima presiona la disponibilidad de agua o deteriora la infraestructura.
La recuperación dependerá de la adaptación, no solo del rebote
En los próximos meses, la economía peruana enfrentará una prueba de calidad más que de velocidad. Un rebote de la pesca o una mejora de la agricultura ayudarían a cumplir la previsión oficial, pero no resolverían por sí mismos la exposición estructural del país. La cuestión central es si las autoridades y las empresas utilizarán el episodio para corregir debilidades que reaparecen con cada alteración climática.
La primera línea de adaptación debe ser la información. Pronósticos oceanográficos y meteorológicos más precisos, difundidos con rapidez y traducidos en decisiones operativas, permitirían ajustar calendarios de siembra, cuotas, vedas, inventarios y rutas de transporte. La segunda es financiera: seguros y líneas de crédito diseñados para pequeños productores pueden impedir que una mala temporada destruya su capacidad de volver a producir. La tercera es logística: puertos, carreteras, sistemas de riego y almacenes necesitan inversiones que reduzcan la dependencia de condiciones climáticas normales.
La previsión de crecimiento del 3,5 % puede cumplirse, pero su valor dependerá de la composición de ese crecimiento. Si la expansión se apoya en una recuperación amplia, con empleo, inversión y recomposición de los ingresos regionales, el impacto de El Niño quedará acotado. Si se basa únicamente en unos pocos sectores resistentes mientras pesca, agricultura y manufactura permanecen debilitadas, el país podría exhibir una cifra positiva junto con una economía más desigual y vulnerable.
El resultado de junio deja así una advertencia precisa: la economía peruana aún crece, pero su capacidad de hacerlo de manera estable está condicionada por factores que no aparecen en los balances empresariales ni se resuelven con una revisión optimista de las previsiones. El Niño ha reducido el ritmo de expansión y, al mismo tiempo, ha expuesto la dependencia de Perú respecto de sus recursos naturales y de infraestructuras que todavía no están preparadas para absorber perturbaciones recurrentes. La próxima fase no se medirá únicamente por cuánto aumente el PIB, sino por cuántos productores, trabajadores y empresas logren atravesar el shock sin quedar fuera de la recuperación.
