El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobará este viernes la propuesta del Gobierno para reformar el sistema de financiación autonómica, aunque la Comunidad de Madrid no asistirá a la reunión y varias regiones gobernadas por el Partido Popular votarán en contra. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso sostiene que la ausencia de las comunidades del PP podría impedir el acuerdo si no hubiera quórum, mientras Hacienda ha calificado el plante de “gamberrada institucional”.
Más recursos, mayor conflicto político
La reforma eleva la participación de las comunidades en la recaudación del IRPF del 50 % al 55 % y en el IVA del 50 % al 56,5 %. Hacienda calcula que el cambio aportaría unos 16.000 millones de euros adicionales a las autonomías en 2027, siempre que el nuevo modelo entre en vigor. El aumento de recursos constituye el principal argumento del Gobierno, pero no ha neutralizado las críticas sobre el reparto territorial.
La aprobación en el consejo está garantizada porque basta el respaldo de una comunidad. Cataluña, cuyo apoyo fue pactado entre el PSOE y ERC, ya ha comprometido su voto, y Canarias también respaldará la propuesta. En cambio, Andalucía, la Comunitat Valenciana y Castilla y León han anunciado su rechazo al considerar que el modelo se ha negociado de forma unilateral y beneficia especialmente a los independentistas catalanes.
El acuerdo del consejo no cerrará la disputa. El Consejo de Ministros deberá aprobar después la reforma y remitirla al Parlamento, donde se tramitará como ley orgánica. Para salir adelante necesitará mayoría absoluta, una exigencia que convierte el respaldo autonómico obtenido hasta ahora en un primer paso, pero no en una garantía parlamentaria. El Gobierno pretende que el nuevo sistema esté vigente el 1 de enero de 2027, mientras la confrontación territorial amenaza con prolongarse durante toda la tramitación.
