El cierre del dólar estadounidense en 24 pesos cubanos el 21 de agosto ofrece una señal de estabilidad, pero no necesariamente de alivio para la economía de la isla. El avance diario del 0,1% frente a los 23,98 pesos de la jornada anterior, una variación semanal nula y un incremento interanual de apenas 0,13% describen un mercado oficial prácticamente inmóvil. Sin embargo, detrás de esa quietud persisten desequilibrios que afectan la disponibilidad de bienes, el poder adquisitivo de los hogares y la capacidad del Estado para generar divisas.
La volatilidad registrada, de 1,81%, se encuentra por debajo de la referencia del 3,61%, lo que refuerza la imagen de un tipo de cambio contenido. Esa lectura debe interpretarse con cautela. Una cotización oficial estable puede reflejar una intervención administrativa, una oferta limitada de operaciones o una separación creciente entre el mercado regulado y el valor que las familias y empresas enfrentan en la práctica. Cuando la moneda extranjera escasea, el precio visible no siempre representa el costo real de conseguirla.
Una cotización estable sobre una economía contraída
El Gobierno cubano prevé un crecimiento de 1% para 2026, la misma meta planteada para el año anterior y que no llegó a cumplirse debido a la contracción del producto interno bruto. El dato cambiario adquiere relevancia dentro de ese escenario: una economía que necesita importar combustibles, alimentos, medicamentos e insumos industriales depende de sus ingresos en moneda extranjera. Si el peso mantiene una cotización oficial fija, pero las exportaciones no aumentan y las reservas permanecen bajo presión, la estabilidad cambiaria puede coexistir con más escasez y racionamiento.
Las autoridades sitúan sus expectativas en una recuperación del turismo y en los servicios de exportación, especialmente los médicos. Ambos sectores pueden aportar divisas, pero su capacidad para sostener el crecimiento depende de factores externos. El turismo requiere conectividad, combustible, infraestructura y condiciones competitivas frente a otros destinos del Caribe. Los servicios médicos, por su parte, están sujetos a acuerdos internacionales, disponibilidad de profesionales y tensiones diplomáticas. Una mejora en cualquiera de esas áreas podría aliviar la entrada de moneda extranjera, pero no resolvería por sí sola los problemas de productividad y abastecimiento interno.
La magnitud del deterioro acumulado limita el alcance de cualquier mejora puntual. Entre 2020 y 2024, la economía cubana se contrajo 11%, mientras que en 2024 el PIB cayó 1,1%, encadenando el segundo año de retroceso. En ese período, la pérdida de actividad redujo la recaudación fiscal, debilitó la inversión y complicó la reposición de inventarios. El resultado es un círculo difícil de romper: menos producción genera menos exportaciones, la falta de divisas restringe las importaciones y la escasez encarece los bienes disponibles.
El legado del “Día Cero”
La actual relación entre el dólar y el peso no puede separarse de la unificación monetaria iniciada el 1 de enero de 2021. La desaparición del peso convertible eliminó un sistema de doble moneda que durante años había creado distintos precios, salarios y capacidades de compra según el canal utilizado. Aunque la reforma buscaba simplificar el régimen monetario, para numerosos ciudadanos se tradujo en una devaluación efectiva y en una pérdida acelerada del valor de los ingresos denominados en pesos.
La historia previa ayuda a entender por qué la cotización oficial tiene una carga política y social tan fuerte. En 2002 se cambiaban 21 pesos cubanos por un peso convertible; posteriormente la relación llegó a 26. En 2005, el Gobierno fijó el peso convertible en 25 pesos cubanos y lo vinculó al dólar en paridad, con un impuesto sobre el cambio. La coexistencia de tasas oficiales y operaciones informales alimentó distorsiones que reaparecieron con mayor intensidad cuando aumentó la demanda de divisas. El antecedente de un dólar negociado en el mercado negro por alrededor de 100 pesos convertibles muestra hasta qué punto puede abrirse la brecha cuando el precio administrativo pierde capacidad para coordinar la economía.
Por ello, la cifra de 24 pesos debe leerse como una referencia institucional, no como una medida completa del poder de compra. Para una familia que recibe salarios en moneda nacional y necesita adquirir productos importados, pagar transporte privado o acceder a servicios vinculados al dólar, la variable decisiva es cuántos bienes puede comprar con sus ingresos. Si los precios aumentan más rápido que los salarios, la estabilidad nominal del tipo de cambio no evita la depreciación real del peso.
Inflación, déficit y presión sobre los hogares
El Gobierno estima para 2026 una inflación de 10% en el mercado formal, cinco puntos menos que el 14,07% registrado al cierre de 2025. Incluso si se alcanza esa meta, el efecto acumulado sobre los hogares seguirá siendo considerable. Una inflación anual de 10% reduce de forma directa el consumo posible de quienes no reciben ajustes salariales equivalentes. En sectores con ingresos fijos, la compra de alimentos básicos absorbe una proporción cada vez mayor del presupuesto y deja menos margen para transporte, vivienda, educación o atención médica complementaria.
La presión se acentúa por los apagones y la escasez. Los cortes de electricidad no solo afectan la vida doméstica: interrumpen la refrigeración de alimentos, reducen las horas productivas de pequeños negocios y elevan el costo de operar con plantas eléctricas o combustibles alternativos. Un comercio que pierde mercancía por falta de refrigeración o trabaja menos horas puede trasladar ese costo a los precios. Así, la crisis energética se convierte en inflación y la inflación, a su vez, reduce la demanda interna.
El déficit fiscal previsto, de 74.500 millones de pesos cubanos, equivalente a unos 3.100 millones de dólares al tipo de cambio oficial para empresas, añade otra fuente de riesgo. Si el Estado financia una brecha persistente sin un aumento paralelo de la producción, puede expandir la cantidad de pesos en circulación sin generar más bienes. La consecuencia probable es una mayor presión sobre los precios y sobre la demanda de divisas. El desafío consiste en evitar que la estabilidad cambiaria sea sostenida mediante mecanismos que pospongan el ajuste y acumulen desequilibrios.
Dolarización y desigualdad: el costo de dos velocidades
La creciente dolarización informal está creando una economía a dos velocidades. Quienes reciben remesas, trabajan en actividades vinculadas al turismo o tienen acceso a ingresos en moneda extranjera cuentan con una capacidad de compra distinta de la de los empleados que dependen exclusivamente del salario estatal. Esa diferencia no se limita a productos suntuarios. Puede determinar el acceso a alimentos, medicamentos, transporte y servicios que aparecen con mayor frecuencia en establecimientos que aceptan divisas o pagos digitales vinculados a ellas.
El fenómeno también altera los incentivos productivos. Un trabajador cualificado puede preferir actividades informales relacionadas con visitantes extranjeros o pagos en dólares antes que un empleo formal en pesos. Si esa decisión se generaliza, sectores estratégicos pierden personal y el Estado enfrenta mayores dificultades para conservar médicos, técnicos, docentes y trabajadores de servicios. La migración intensifica el problema: la salida de población reduce la fuerza laboral disponible, aunque las remesas de quienes emigran puedan sostener el consumo de parte de las familias que permanecen en la isla.
La brecha monetaria puede tener además consecuencias distributivas duraderas. Los hogares sin familiares en el exterior, sin acceso a negocios dolarizados o sin bienes que puedan venderse a visitantes quedan más expuestos a la inflación. Una tasa oficial estable no corrige esa desigualdad porque el problema no es únicamente el precio de la moneda, sino la distribución de las oportunidades para obtenerla.
Inversión extranjera y credibilidad económica
La promesa de crear un entorno más dinámico y transparente para la inversión extranjera responde a una necesidad concreta: Cuba requiere capital, tecnología y mercados para elevar su productividad. No obstante, los inversores evalúan más que las ventajas sectoriales. La previsibilidad del régimen cambiario, la posibilidad de repatriar utilidades, la disponibilidad energética, la seguridad jurídica y la capacidad de acceder a proveedores son elementos decisivos. Una cotización oficial estable puede favorecer la planificación contable, pero pierde valor si las empresas no consiguen divisas para importar o si deben operar con múltiples tipos de cambio.
El turismo ilustra esa tensión. La llegada de visitantes puede aumentar los ingresos externos y crear empleo, pero sus beneficios serán limitados si una parte importante del gasto se dirige a bienes importados y no se traduce en encadenamientos con productores locales. Para que el sector contribuya al crecimiento de 1%, necesita hoteles abastecidos, transporte confiable, alimentos disponibles y empresas nacionales capaces de suministrar servicios. Sin esas conexiones, el turismo funciona como una fuente de divisas aislada, con impacto insuficiente sobre el conjunto de la economía.
El futuro del peso dependerá, en última instancia, de la capacidad para ampliar la oferta interna y recuperar confianza. Las autoridades enfrentan una disyuntiva: mantener una tasa controlada para contener expectativas o permitir una mayor flexibilidad que refleje la escasez de divisas. Ninguna opción será sostenible sin disciplina fiscal, aumento de exportaciones, inversión productiva y reglas claras para el sector privado. La jornada del 21 de agosto muestra una moneda estable en el registro oficial, pero también una economía que todavía necesita transformar esa estabilidad nominal en producción, abastecimiento y poder adquisitivo real.
