La persistencia del desabasto de medicamentos en el sistema público mexicano dejó de ser una anomalía administrativa para convertirse en un indicador de fragilidad institucional. Los registros de Cero Desabasto muestran 12 mil 974 reportes de pacientes y organizaciones entre 2019 y el 16 de julio de 2026, incluidos 270 durante los primeros meses de este año. Aunque esas cifras no equivalen por sí mismas al universo total de recetas no surtidas, sí ofrecen una señal sostenida: el problema no se resolvió con los cambios de sexenio, con la centralización de compras ni con la creación de nuevas estructuras operativas.
La discusión pública suele concentrarse en una pregunta inmediata: quién es responsable de que falte un medicamento en una clínica concreta. La respuesta estructural es más incómoda. El desabasto surge cuando se rompe la cadena que une planeación epidemiológica, presupuesto, licitación, contratación, producción, almacenamiento, distribución y surtimiento en la unidad médica. Un fallo en cualquiera de esos eslabones puede traducirse, para el paciente, en una receta sin surtir. Cuando los fallos se acumulan durante años, la escasez deja de ser un problema de inventario y se vuelve una limitación efectiva al derecho a la salud.
La compra consolidada cambió el riesgo, no sólo el proveedor
La presidenta nacional de Cero Desabasto, Evelyn Guzmán, ubica el inicio de la actual crisis en la estrategia de compra consolidada impulsada al comienzo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La afirmación debe leerse con precisión. La compra centralizada no es, en sí misma, un mecanismo ineficiente: puede reducir precios, evitar dispersiones contractuales y dar al Estado mayor capacidad de negociación frente a grandes laboratorios. El problema aparece cuando una sola decisión de compra concentra también los riesgos de cálculo, adjudicación y entrega.
Antes de la centralización, los sistemas de salud podían padecer fragmentación, sobreprecios y desigualdades territoriales. Con una compra nacional mal calendarizada o incompleta, en cambio, el error puede replicarse simultáneamente en hospitales y centros de salud de numerosos estados. La ganancia potencial de escala se transforma entonces en una vulnerabilidad sistémica. Esa es una de las conclusiones más relevantes de la crisis: centralizar sin contar con datos confiables de demanda, capacidad logística y mecanismos de contingencia puede ampliar el alcance de una falla en lugar de corregirla.
La dificultad tampoco puede explicarse únicamente por una decisión tomada en 2019. Desde entonces, el sistema atravesó transformaciones institucionales, la desaparición del Seguro Popular, el paso por el Insabi y la expansión del IMSS-Bienestar. Cada rediseño exigió transferir padrones, responsabilidades presupuestales, catálogos, almacenes y personal. En un sector donde la continuidad terapéutica depende de entregas rutinarias y previsibles, los periodos de transición elevan el riesgo de que nadie tenga información completa sobre qué se necesita, dónde está disponible y quién debe responder por su faltante.
El dato de Cero Desabasto sobre las instituciones reportadas ayuda a dimensionar el problema. Entre 2022 y 2026, el IMSS ordinario acumuló 2 mil 11 reportes de falta de medicinas, insumos y material de curación; IMSS-Bienestar registró mil 213; ISSSTE, 432; Pemex, 23, y Sedena, 22. Estos números no prueban que una institución sea necesariamente peor que otra, pues el tamaño de su población atendida, la facilidad para reportar y la naturaleza de sus servicios son variables relevantes. Pero sí cuestionan la narrativa de que la escasez está circunscrita a una sola red o a un grupo aislado de entidades.
La receta no surtida desplaza el costo a los hogares
La consecuencia más inmediata del desabasto es financiera. Una familia que recibe una receta pero no el medicamento enfrenta una disyuntiva limitada: comprarlo en una farmacia privada, buscarlo durante días en distintas unidades, interrumpir el tratamiento o sustituirlo sin supervisión médica. Ninguna de esas opciones es equivalente a recibir oportunamente el tratamiento al que tiene derecho. La falta de surtimiento convierte un gasto que debería estar cubierto por el sistema público en una erogación directa, imprevisible y con frecuencia regresiva.
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2025 señala que cerca de la mitad de la población mexicana atiende sus necesidades de salud en el sector privado, incluso cuando cuenta con afiliación a instituciones públicas. Entre quienes carecen de seguridad social y deberían recibir atención mediante IMSS-Bienestar, seis de cada diez recurren a consultorios privados y farmacias adyacentes para padecimientos de primer nivel, como infecciones respiratorias o gastrointestinales. No toda esa demanda privada responde al desabasto: influyen también tiempos de espera, cercanía y horarios. Sin embargo, cuando la consulta pública no garantiza medicamentos, la elección privada deja de ser una preferencia y se parece más a una transferencia forzada de costos.
La expansión de este mercado ilustra el cambio de incentivos. En México se estiman más de 65 mil farmacias privadas, de las cuales unas 17 mil cuentan con consultorios adyacentes. Estas unidades pueden resolver con rapidez una necesidad primaria, pero no sustituyen de manera integral la responsabilidad pública de diagnóstico, seguimiento clínico, referencia hospitalaria y abasto continuo. Su crecimiento puede funcionar como válvula de escape para una población que necesita atención inmediata, aunque también normaliza un sistema de dos velocidades: quien puede pagar resuelve antes; quien no puede, posterga, se endeuda o abandona el tratamiento.
El análisis de México Evalúa basado en la ENIGH 2024 permite observar el impacto con mayor crudeza. Entre 2018 y 2024, los hogares que afrontaron gastos catastróficos en salud pasaron de 436 mil 783 a 1.11 millones. Se trata de desembolsos que superan 30% de la capacidad de pago del hogar y ponen en riesgo su estabilidad económica. El aumento de 64.5% no puede atribuirse de forma automática a la falta de medicamentos, porque intervienen hospitalizaciones, enfermedades crónicas, servicios privados y otros factores. Pero la relación es verosímil y relevante: cada receta no surtida incrementa la probabilidad de que una familia absorba un costo que puede escalar hacia endeudamiento o pobreza.
El daño clínico no se mide sólo en cajas faltantes
Reducir el desabasto a un conteo de piezas faltantes oculta el daño principal: la interrupción de trayectorias de atención. En enfermedades agudas, la ausencia de un antibiótico, analgésico, material de curación o insumo diagnóstico puede prolongar síntomas, agravar complicaciones y multiplicar visitas médicas. En padecimientos crónicos, como diabetes, hipertensión, epilepsia, cáncer, VIH o trastornos autoinmunes, la continuidad no es un atributo secundario. Cambiar dosis, marcas o tratamientos sin supervisión suficiente puede desestabilizar al paciente y generar eventos clínicos más costosos que el medicamento originalmente omitido.
También hay un efecto menos visible sobre el personal sanitario. Médicos, enfermeras y personal de farmacia quedan expuestos a una tensión constante entre la prescripción adecuada y la disponibilidad real. Cuando los sistemas impiden recetar medicamentos que no aparecen en el catálogo accesible de una unidad, como advirtió el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba respecto de hospitales IMSS-Bienestar, la herramienta digital puede convertir una restricción de abasto en una restricción formal de decisión clínica. IMSS-Bienestar ha rechazado que la actualización de catálogos implique menos medicamentos para sus pacientes. La discrepancia exige información verificable: qué claves salen, cuáles se sustituyen, en qué unidades, con qué evidencia técnica y mediante qué mecanismo se asegura el tratamiento alternativo.
La transparencia en este punto no es un asunto decorativo ni sólo una exigencia de oposición política. Un catálogo puede ser clínicamente razonable si se basa en guías terapéuticas, perfiles epidemiológicos, sustituciones equivalentes y una logística que garantice disponibilidad. Puede ser dañino si se utiliza para administrar la escasez, excluyendo del sistema aquello que no puede surtirse. La diferencia entre ambas situaciones no se resuelve con comunicados: requiere publicar inventarios, órdenes de compra, entregas efectivas, niveles de surtimiento, claves sustituidas y justificaciones médicas comprensibles.
La disputa política oculta responsabilidades compartidas
El desabasto ha sido usado como argumento partidista, y esa disputa dificulta identificar responsabilidades operativas. Para los gobiernos federales, la explicación suele enfatizar la herencia de prácticas corruptas, la concentración del mercado farmacéutico o dificultades de distribución. Para gobiernos estatales, hospitales y unidades locales, el problema puede atribuirse a contratos federales tardíos, entregas incompletas o sistemas informáticos ajenos. Los laboratorios, por su parte, enfrentan incertidumbre cuando las convocatorias cambian, los pagos se retrasan o las previsiones de volumen son inestables. Los pacientes no participan de esa cadena de acusaciones: reciben el resultado final de su mal funcionamiento.
La primera falla de enfoque consiste en presentar el debate como una elección entre compras consolidadas o compras descentralizadas. Ninguno de los dos modelos ofrece una garantía automática. La compra nacional puede ser conveniente para medicamentos de alto volumen, productos estandarizados y negociaciones donde el poder de escala reduce precios. Las compras regionales o institucionales pueden ser más útiles para necesidades urgentes, características epidemiológicas locales, insumos con ventanas de entrega cortas o contingencias hospitalarias. Un sistema resiliente necesita combinar ambos niveles y definir con anticipación qué compras requieren centralización, cuáles requieren flexibilidad y cuáles deben contar con reservas estratégicas.
La segunda falla es tratar el precio de adquisición como el principal indicador de éxito. Un medicamento barato que llega tarde puede producir costos mucho mayores: hospitalizaciones evitables, complicaciones, ausentismo laboral, consultas privadas y gasto catastrófico. La evaluación pública debería incorporar el costo total del incumplimiento, no sólo el ahorro obtenido en una licitación. Un contrato eficiente no es el que anuncia la rebaja más alta, sino el que garantiza calidad, entrega completa, trazabilidad y continuidad clínica al menor costo social posible.
La información debe llegar hasta la unidad médica
Una tercera conclusión es que México necesita medir el desabasto desde la experiencia de surtimiento, no únicamente desde el almacén central. Una bodega puede reportar existencias mientras una clínica remota no recibe el producto a tiempo. Del mismo modo, una institución puede reportar que una clave fue entregada, aunque la cantidad sólo cubra una fracción de la demanda mensual. El indicador decisivo es la proporción de recetas surtidas completas y oportunamente, desagregada por medicamento, entidad, unidad médica, tipo de padecimiento y población atendida.
La plataforma cerodesabasto.org cumple una función relevante al recoger reportes de pacientes, familiares, médicos y organizaciones. Su existencia revela un vacío de información oficial accesible y comparable. La participación ciudadana no reemplaza los registros administrativos, pero permite detectar patrones que una estadística central puede minimizar o tardar en reconocer. El reto es que esos reportes sean incorporados a un sistema de respuesta institucional: folios rastreables, plazos de solución, sustituciones validadas por especialistas y datos públicos sobre la resolución de cada incidencia.
La coordinación entre Federación y entidades será decisiva. La expansión del IMSS-Bienestar busca homogeneizar la atención de personas sin seguridad social, pero esa promesa sólo será creíble si la transferencia de responsabilidades viene acompañada de presupuesto suficiente, personal de farmacia, sistemas interoperables y reglas claras de abastecimiento. De lo contrario, la centralización administrativa puede convivir con una fragmentación práctica: cada unidad improvisando ante faltantes, cada estado buscando soluciones informales y cada paciente recorriendo establecimientos en busca de una medicina básica.
El riesgo futuro es normalizar la atención de bolsillo
La tendencia más preocupante no es sólo que persistan faltantes puntuales, sino que la población incorpore la compra privada de medicamentos como una condición normal de la atención pública. Cuando eso ocurre, el sistema conserva formalmente su cobertura, pero pierde capacidad real de protección financiera. La afiliación deja de significar acceso efectivo y se vuelve una promesa incompleta. Este deterioro afecta con mayor intensidad a hogares pobres, personas mayores, pacientes con enfermedades crónicas y comunidades alejadas, donde la alternativa privada puede ser escasa, cara o inexistente.
En los próximos años, la presión puede aumentar por tres razones. Primero, el envejecimiento de la población y el crecimiento de enfermedades crónicas elevan la demanda de tratamientos sostenidos. Segundo, los cambios institucionales aún requieren estabilizar procesos de compra y distribución. Tercero, la confianza de proveedores puede erosionarse si persisten calendarios inciertos, contratos modificados o pagos tardíos. A menor competencia efectiva en licitaciones, crece el riesgo de que el Estado dependa de pocos proveedores y enfrente precios mayores o entregas más vulnerables.
Una salida viable exige abandonar las respuestas simbólicas y operar con metas verificables: pronósticos de demanda actualizados, compras multianuales donde sean pertinentes, inventarios de seguridad para medicamentos críticos, rutas de distribución auditables, pagos contractuales previsibles y tableros públicos de recetas surtidas. También requiere proteger la autonomía clínica para que las decisiones terapéuticas respondan a evidencia médica y no sólo al inventario disponible. Sin esa combinación, la discusión seguirá concentrada en anuncios de compra mientras el problema se manifiesta donde importa: frente a la ventanilla de una farmacia pública, cuando un paciente escucha que su medicamento no está disponible.
