El asesinato del conductor Flaviano López Martínez, atribuido a tres adolescentes en Mexicali, ha intensificado el cuestionamiento sobre las diferencias en el tratamiento penal entre menores y adultos. La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, vigente desde 2016, establece límites claros a las sanciones para quienes se encuentran en etapa de desarrollo, priorizando la reintegración sobre el castigo puro.
Esta norma se alinea con la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, ratificada por México, que obliga a reservar el internamiento como medida excepcional y de duración mínima. Los datos del artículo 145 revelan un esquema escalonado: menores de 12 a 14 años solo acceden a medidas socioeducativas de hasta un año sin privación de libertad; entre 14 y 16 años el internamiento máximo llega a tres años y solo en delitos graves; de 16 a 18 años el tope sube a cinco años, siempre restringido a conductas específicas.
El principio del interés superior como ancla legal
El sistema mexicano parte de la premisa de que el cerebro adolescente aún se encuentra en formación, con menor capacidad de control de impulsos según estudios de neurociencia desarrollados por instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta base científica justifica que el internamiento se limite a delitos de alta gravedad listados en el artículo 164, entre ellos homicidio doloso, secuestro, violación y trata de personas. La lógica no busca impunidad, sino evitar que una sanción excesiva interrumpa procesos educativos que podrían reducir la reincidencia a largo plazo.
En la práctica, esta distinción genera fricción inmediata con las expectativas de las familias de víctimas, que demandan simetría en las penas. Sin embargo, registros del Sistema Nacional de Justicia Penal para Adolescentes muestran que las medidas no privativas de libertad, como la mediación y los programas restaurativos, han logrado tasas de reincidencia inferiores al 15 % en varios estados, frente a porcentajes superiores al 30 % en sistemas puramente punitivos aplicados a jóvenes en otros países latinoamericanos.
Perspectivas enfrentadas de víctimas, defensores y legisladores
Las familias de víctimas como la de Flaviano López Martínez exigen reformas que eleven los tiempos de internamiento o permitan juzgar a menores como adultos en casos de homicidio. Esta postura encuentra eco en sectores de la opinión pública que perciben el marco actual como insuficiente ante la violencia creciente. En contraste, organizaciones de derechos humanos argumentan que endurecer las reglas violaría compromisos internacionales y aumentaría el riesgo de que adolescentes salgan del sistema con mayor resentimiento social.
Legisladores federales enfrentan un dilema adicional: cualquier modificación al artículo 145 requeriría justificar ante organismos internacionales por qué se aleja del estándar de “último recurso”. Datos del Consejo Nacional de Población indican que más del 60 % de los adolescentes en conflicto con la ley provienen de contextos de alta vulnerabilidad económica y educativa, lo que refuerza la necesidad de intervenciones que aborden causas estructurales en lugar de solo incrementar el tiempo de reclusión.
Riesgos de reformas reactivas y tendencias futuras
Una posible ampliación de los plazos de internamiento para delitos graves podría satisfacer demandas inmediatas de justicia, pero introduce riesgos concretos. Países que han endurecido sus sistemas juveniles, como algunos estados de Estados Unidos antes de las reformas de 2010, registraron incrementos en la reincidencia y costos penitenciarios elevados sin reducción proporcional de la criminalidad juvenil. En México, una medida similar podría saturar centros de internamiento ya limitados en capacidad de atención psicológica y educativa.
El escenario más probable apunta a ajustes parciales, como mayor énfasis en programas de reparación del daño y supervisión extendida fuera de los centros, antes que cambios radicales al límite de cinco años. Esta vía mantendría la coherencia con tratados internacionales mientras responde parcialmente a la presión social generada por casos de alto impacto. El verdadero desafío radica en fortalecer la implementación de las medidas socioeducativas existentes, cuya efectividad depende de recursos estatales que aún muestran disparidades importantes entre entidades federativas.
