Especialistas y representantes empresariales coincidieron en que los próximos incrementos al salario mínimo en México deben evaluarse con mayor cautela y acompañarse de medidas para elevar la productividad, reducir la informalidad y fortalecer la competencia laboral. David Kaplan, especialista de la División de Mercados Laborales y Seguridad Social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), advirtió que la cercanía de la remuneración básica mexicana con el salario medio de América Latina y el Caribe exige una reflexión antes de mantener la misma dinámica de aumentos.
Durante la presentación del libro Hacer que los mercados laborales funcionen, convocada por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Kaplan sostuvo que la regulación laboral es necesaria, pero no debe tratarse como la única vía para corregir desequilibrios. Los aumentos al salario mínimo pueden ayudar a limitar el poder de monopsonio de algunos empleadores, señaló, aunque existen otras herramientas para mejorar la posición de los trabajadores.
Entre esas alternativas, el coautor de la publicación mencionó la negociación colectiva, un mecanismo para el cual México tiene una base de partida. También planteó el fortalecimiento de empresas productivas y una mayor competencia por el talento. Según Kaplan, diversos estudios muestran que, cuando varias empresas productivas compiten por contratar personal, aumenta la participación de los trabajadores en el PIB sin que ello dependa exclusivamente de cambios en la regulación laboral.
La discusión avanzó hacia la condición que, a juicio de Ana María Aguilar, directora ejecutiva del Consejo Mexicano de Negocios, debería sostener las mejoras salariales futuras. Aguilar reconoció que mantener la inercia de los incrementos representa un reto y dijo que la tendencia al alza debería continuar de forma dinámica, vinculada con un aumento de la productividad y no sólo con decisiones por decreto.
Para que esa mejora ocurra, añadió, no basta un solo factor. Planteó la necesidad de que los trabajadores no laboren en condiciones de vulnerabilidad, de que las unidades económicas encuentren respaldo en el sistema financiero y de que el desarrollo de capital humano sea más intencional. Su planteamiento ubicó el salario dentro de una agenda más amplia de condiciones laborales y empresariales.
Juan José Sierra, presidente nacional de Coparmex, puso el acento en los riesgos que observa en el contexto actual: baja productividad, estancamiento económico, costos laborales, informalidad y la reducción de la jornada laboral. Afirmó que, bajo esas condiciones, no pueden sostenerse aumentos salariales por decreto, porque algunas empresas podrían optar por trasladarse a la informalidad. Propuso una ruta de productividad e incentivos fiscales para promover la formalidad.
Sofía Ramírez, directora general de México, ¿Cómo vamos?, señaló que la informalidad laboral continúa siendo una falla estructural. Explicó que el freno en su reducción no responde únicamente a variables del mercado de trabajo, sino también a la falta de crecimiento económico, competencia, inversión, confianza y certeza jurídica, tanto en el frente interno como en el exterior.
El libro del BID sitúa la productividad como uno de los principales desafíos de América Latina y el Caribe. Kaplan indicó que un trabajador de la región produce, en promedio, una cuarta parte de lo que genera un empleado en Estados Unidos. Por ello, defendió el avance de políticas laborales que contribuyan a mejorar el desempeño económico, sin asumir que los intereses de empresas y trabajadores son necesariamente opuestos.
El especialista sostuvo que algunas políticas favorables a los trabajadores también elevan la productividad, mientras que medidas identificadas como proempresa pueden reforzar la competencia laboral y el poder de negociación de los empleados. El debate expuesto en la presentación no fijó una nueva política salarial, pero dejó como posición central que los futuros aumentos deberán considerar las condiciones de productividad y formalidad de la economía mexicana.
