El anuncio del ministro de Hacienda designado Miguel Gómez Martínez de que el Gobierno estudia eliminar el Gravamen a los Movimientos Financieros para personas naturales, aunque sin comprometerse a plazos ni porcentajes, reaviva un debate que atraviesa dos décadas de política fiscal colombiana. El tributo, que recauda más de 15 billones de pesos anuales, sigue siendo un pilar de las finanzas públicas pese a su origen transitorio en la crisis de 1998.
La cautela ministerial refleja el peso real del impuesto dentro del presupuesto. Cualquier reducción gradual dependerá de compensar esa pérdida con otras fuentes de ingreso o con ajustes en el gasto, algo que los análisis fiscales del Ejecutivo aún no han definido con claridad.
El retraso de la exención ampliada y sus costos operativos
La Ley 2277 de 2022 estableció que los movimientos mensuales hasta 350 UVT quedarían exentos sin necesidad de marcar una sola cuenta. Sin embargo, más de 500 días después de la fecha prevista, el sistema unificado que permita consolidar la información de 546 entidades sigue sin existir. Esta demora obliga a los usuarios a mantener la mecánica antigua y genera costos de cumplimiento que recaen tanto en los bancos como en las cooperativas.
Posturas de los actores del sector financiero
Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera y la de Economía Solidaria coinciden en que la norma exige un único sistema de información, pero discrepan sobre quién debe financiarlo y operarlo. BBVA Colombia ya realizó inversiones tecnológicas para cumplir, mientras que Fecolfin señala que la dispersión entre tres proveedores distintos impide la interoperabilidad requerida. La Dian, por su parte, condiciona la aplicación plena a que el 100 % de las entidades adopte la plataforma.
Nu Colombia tomó una decisión distinta al asumir el costo equivalente del gravamen en ciertos CDT, lo que presionó públicamente a las autoridades y evidenció la brecha entre la letra de la ley y la realidad operativa. Esta acción unilateral muestra cómo algunos jugadores pueden absorber el tributo como estrategia comercial, mientras otros esperan definiciones regulatorias.
Presión fiscal y alternativas de recaudo
El GMF aporta recursos estables que resultan difíciles de sustituir en un contexto de déficit. Los intentos previos de reducción gradual en gobiernos anteriores se detuvieron precisamente por la falta de fuentes compensatorias. Cualquier desmonte parcial para personas naturales requeriría, por tanto, evaluar el impacto en el recaudo neto y la posible necesidad de ajustes en otros impuestos o en la composición del gasto público.
Riesgos de implementación y efectos en la inclusión financiera
Una transición mal coordinada podría generar arbitraje entre entidades que cumplan la exención y aquellas que aún no lo hagan, afectando la competencia. Además, si el límite de 350 UVT se aplica de forma fragmentada, los usuarios de menores ingresos podrían seguir enfrentando el cobro en la práctica, debilitando el objetivo de inclusión que persigue la norma. El riesgo operativo principal radica en la ausencia de un sistema único que evite tanto el fraude como la sobrerregulación.
En el mediano plazo, la discusión sobre el 4×1.000 probablemente se vincule a la reforma tributaria estructural que el Gobierno ha mencionado. La decisión de mantenerlo, reducirlo o eliminarlo dependerá menos de declaraciones iniciales y más de la capacidad del Ejecutivo para presentar escenarios fiscales creíbles que convenzan tanto al Congreso como a los organismos de control.
