La decisión de la Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos de intensificar sus programas en América Latina responde a una trayectoria de varias décadas en la que Washington ha buscado equilibrar objetivos de desarrollo con consideraciones de seguridad nacional. Desde la Alianza para el Progreso de los años sesenta hasta las iniciativas de los noventa orientadas al libre comercio, la región ha sido escenario de intentos recurrentes por parte de Estados Unidos de consolidar influencia mediante instrumentos financieros y técnicos. El anuncio reciente de Thomas Hardy sitúa esta nueva fase dentro de un marco donde la competencia con China y Rusia adquiere peso creciente.
Hardy, quien ya dirigió la USTDA durante la primera presidencia de Donald Trump, describe un cambio perceptible en la actitud de gobiernos y empresas latinoamericanas. Países que en años anteriores mantenían distancia ahora manifiestan interés explícito por proyectos conjuntos. Este giro coincide con la llegada al poder de administraciones de centro-derecha en varios Estados, dispuestas a priorizar vínculos con Washington frente a otras opciones de financiamiento externo.
Raíces de la reorientación estratégica
El viraje actual no surge de manera aislada. Durante la última década, la presencia china en puertos, minas y redes de telecomunicaciones latinoamericanas generó preocupación en círculos de seguridad estadounidenses. Proyectos como el puerto de Chancay en Perú o el ferrocarril bioceánico propuesto entre Brasil y Perú ilustran el alcance de esa expansión. La USTDA responde con un modelo distinto: financiamiento para estudios de viabilidad que, una vez concluidos, abren paso a contratistas estadounidenses y establecen estándares técnicos compatibles con normas de Washington.
El convenio suscrito en marzo con Honduras para el corredor interoceánico terrestre constituye un ejemplo concreto. La ruta busca conectar el Caribe con el Pacífico y reducir tiempos de tránsito de mercancías, al tiempo que incorpora requisitos de transparencia y participación de empresas locales que contrastan con esquemas de financiamiento chino. Hardy anticipa que resultados electorales recientes en Colombia, El Salvador y Ecuador acelerarán proyectos similares que antes avanzaban con lentitud.
Consecuencias en la infraestructura regional
El incremento de asistencia técnica estadounidense puede modificar la composición de los grandes proyectos de infraestructura. Cuando la USTDA financia estudios de preinversión, suele condicionar la posterior licitación a estándares de ciberseguridad y cadenas de suministro que excluyen proveedores de determinados países. Esta dinámica ya se observa en licitaciones de energía renovable en Chile y en planes de modernización portuaria en Panamá, donde empresas estadounidenses han ganado terreno frente a competidores asiáticos.
A nivel social, la mayor participación de capital y tecnología estadounidense puede generar empleo calificado, aunque también plantea desafíos de capacitación. Países con sistemas educativos limitados enfrentarán presión para alinear programas universitarios y técnicos con las exigencias de proyectos financiados desde Washington. En Honduras, el corredor terrestre contempla componentes de formación que buscan mitigar esa brecha, aunque su escala sigue siendo modesta.
Reconfiguración de alianzas políticas
El acercamiento de gobiernos latinoamericanos a la USTDA refleja un cálculo político más amplio. Tras años de tensiones con administraciones anteriores de Estados Unidos, varios mandatarios ven en la actual coyuntura una oportunidad para obtener recursos sin las condicionalidades asociadas a organismos multilaterales. Esta percepción se ve reforzada por la reestructuración interna de la agencia, que incluye nuevo personal especializado en la región y mayor coordinación con el Departamento de Estado.
La mención de Hardy a posibles proyectos en Siria tras la salida de ese país de listas de sanciones sugiere que el enfoque no se limita al hemisferio occidental. La USTDA evalúa oportunidades donde el levantamiento de restricciones políticas permite intervenir con rapidez. En América Latina, esa misma flexibilidad podría aplicarse a escenarios de transición política o de recuperación económica postpandemia, siempre que se alineen con prioridades de seguridad nacional.
Perspectivas de largo plazo
La estrategia de vincular desarrollo económico con competencia geopolítica conlleva riesgos de polarización regional. Gobiernos que opten por profundizar lazos con Washington podrían enfrentar presiones internas de sectores que prefieren mantener relaciones equilibradas con China. Al mismo tiempo, la ausencia de una oferta estadounidense robusta en sectores como minería o telecomunicaciones podría limitar el alcance real de la nueva política.
El caso del cable submarino Medusa, que conectará 22 países de África occidental con España, muestra cómo proyectos de conectividad digital pueden servir de plataforma para influir en estándares de datos y ciberseguridad. Si experiencias similares se replican en América Latina, la región podría ver una fragmentación de infraestructuras según alineamientos geopolíticos, con consecuencias para el comercio intrarregional y la soberanía tecnológica.
La evolución de estas iniciativas dependerá de la continuidad presupuestaria de la USTDA y de la capacidad de los socios latinoamericanos para ejecutar proyectos en plazos razonables. Hardy destaca el entusiasmo actual de gobiernos y empresas, pero la historia de la cooperación estadounidense en la región indica que los ciclos de interés intenso suelen alternar con periodos de menor atención. El resultado final dependerá tanto de decisiones en Washington como de la respuesta sostenida de los países receptores.
