El sistema de pagos de México ha evolucionado durante más de una década desde la creación del SPEI, un mecanismo que permitió transferencias inmediatas entre cuentas bancarias y que situó al país como referencia regional. Sin embargo, la infraestructura tecnológica avanzada no se tradujo automáticamente en una adopción masiva por parte de la población no bancarizada. Los datos del Banco de México muestran que, a pesar de que el SPEI procesa millones de operaciones diarias, el uso de efectivo sigue representando más del 80 % de las transacciones minoristas en zonas urbanas periféricas y rurales.
La estrategia actual, impulsada por Banxico y la Asociación de Bancos de México, busca cerrar esa brecha mediante modificaciones regulatorias que simplifican la apertura de cuentas y homogenizan herramientas como CoDi y DiMo. Estas medidas no surgen de manera aislada: responden a un diagnóstico compartido sobre los límites de la inclusión financiera cuando solo se atiende la oferta de servicios sin reducir los costos de entrada para el usuario final.
Antecedentes regulatorios y evolución del SPEI
El SPEI fue lanzado en 2015 bajo la dirección de Agustín Carstens y consolidado durante la gestión de Victoria Rodríguez Ceja. Su diseño técnico permitió que cualquier banco pudiera conectarse sin intermediarios costosos, algo que contrasta con sistemas más fragmentados de otros países latinoamericanos. No obstante, la apertura de cuentas seguía requiriendo presencia física y documentos fiscales, lo que excluía a millones de trabajadores informales y pequeños comercios. La reforma reciente elimina ese obstáculo al permitir cuentas simplificadas con solo la credencial de elector y sin necesidad de RFC, con un límite operativo de 15 mil UDIS mensuales.
Este cambio replica parcialmente experiencias exitosas como la de India con las cuentas Jan Dhan, pero adaptado al contexto mexicano donde la credencial de elector ya funciona como documento de identidad ampliamente aceptado. La lógica detrás de la medida es que la generación de historial transaccional digital puede servir como sustituto de garantías tradicionales para acceder a crédito formal, un mecanismo que ya ha demostrado resultados en programas piloto de bancos regionales.
La homologación de CoDi y DiMo busca además eliminar fricciones operativas. Actualmente, un usuario que cambia de banco debe aprender interfaces distintas para realizar cobros digitales. Al estandarizar los flujos, la medida reduce la curva de aprendizaje y aumenta la probabilidad de que pequeños negocios mantengan el uso continuo de estas herramientas.
Impactos en la inclusión financiera y el crédito
El efecto más inmediato se observa en el segmento de microempresas. Un tendero en una comunidad de Oaxaca que recibe pagos en efectivo enfrenta riesgos de robo y carece de registro para solicitar un crédito. Con la nueva cuenta simplificada, el mismo comerciante puede generar un flujo documentado de ingresos que los algoritmos de scoring de los bancos pueden utilizar. Estudios del Banco Mundial indican que la bancarización incrementa entre 12 % y 18 % la probabilidad de obtener financiamiento formal en economías emergentes.
A nivel macro, la reducción del efectivo tiene consecuencias sobre la política monetaria. Menor circulación de billetes disminuye los costos de impresión y transporte para Banxico, al tiempo que facilita el seguimiento de transacciones para combatir el lavado de dinero. Sin embargo, persiste el riesgo de exclusión digital: en zonas donde la cobertura de telefonía móvil sigue siendo intermitente, la dependencia de aplicaciones puede dejar atrás a sectores vulnerables.
Efectos sobre la economía informal y la seguridad
México mantiene una tasa de informalidad cercana al 55 % de la fuerza laboral. La digitalización de pagos no elimina esta condición por sí sola, pero sí crea incentivos para la formalización gradual. Cuando un vendedor ambulante adopta CoDi para recibir pagos de clientes que ya usan banca móvil, comienza a acumular datos que pueden servir para declarar impuestos simplificados o acceder a programas de apoyo gubernamental. Casos documentados en Guadalajara muestran que comercios que migraron a pagos digitales reportaron incrementos de hasta 25 % en ventas al aceptar tarjetas y transferencias.
En materia de seguridad, la sustitución parcial del efectivo reduce el atractivo de asaltos a negocios y transportes de valores. Datos de la Secretaría de Seguridad Pública indican que los delitos vinculados al manejo de efectivo han descendido en entidades donde la penetración de SPEI es mayor. No obstante, surgen nuevos riesgos asociados a fraudes digitales, lo que exige que la banca refuerce sus sistemas de autenticación y que las autoridades desarrollen campañas de educación financiera paralelas.
Perspectivas de largo plazo y desafíos estructurales
La combinación de conectividad móvil, regulación simplificada y estandarización de interfaces apunta a un ecosistema donde la sucursal física deja de ser el principal punto de acceso. Esta transformación puede acelerar la entrada de nuevos jugadores fintech y neobancos, siempre que mantengan la interoperabilidad con el sistema SPEI. El siguiente paso lógico, según señalaron fuentes de la ABM, es la integración de pagos en sectores de alta frecuencia como gasolineras y autopistas, donde el efectivo aún domina.
El éxito dependerá de que las instituciones financieras ofrezcan interfaces intuitivas y de que el gobierno mantenga la conectividad como prioridad de infraestructura. Si estos elementos convergen, México podría reducir significativamente su dependencia del efectivo en un horizonte de cinco a siete años, con efectos positivos sobre la productividad, la transparencia fiscal y la resiliencia del sistema financiero ante crisis de liquidez.
