La decisión del Gobierno cubano de eximir de aranceles a una amplia gama de equipos vinculados con energías renovables llega en el peor momento posible para su sistema eléctrico y, precisamente por eso, revela más que una simple corrección tributaria. La isla acumula doce apagones generales en casi dos años, siete de ellos en lo que va de 2026, y arranca agosto con cortes parciales y dos colapsos totales que dejaron a casi todo el país sin servicio durante tres jornadas consecutivas. El mensaje político es claro: el Estado reconoce que ya no basta con administrar la escasez, necesita acelerar cualquier inversión capaz de generar energía fuera del esquema térmico tradicional.
Las resoluciones 180/2026 y 179/2026 amplían el margen para importar e invertir en sistemas solares, pequeños aerogeneradores, biodigestores, bombas fotovoltaicas, cargadores eléctricos y equipos para procesar biomasa. También ofrecen bonificaciones fiscales sobre utilidades e ingresos personales a quienes desarrollen proyectos con fuentes renovables en centros de servicios públicos. En términos prácticos, la norma reduce el costo inicial de entrada, que suele ser la principal barrera en economías con divisas escasas. En un país donde la electricidad puede faltar unas veinte horas al día en amplias zonas, cualquier alivio en la factura de instalación no es marginal: es el único modo de que hospitales, consultorios, edificios multifamiliares o sistemas de bombeo empiecen a depender menos del SEN.
El primer efecto relevante no será, sin embargo, una transformación inmediata de la matriz energética, sino la apertura de una vía de supervivencia para actores muy concretos. Privados con capacidad de inversión, empresas estatales con margen operativo y hogares con acceso a remesas o financiamiento externo podrán adelantarse al resto. Eso crea una asimetría inevitable: las nuevas exenciones pueden acelerar la instalación de paneles, calentadores o sistemas híbridos en quienes ya disponen de liquidez, mientras la mayoría seguirá atrapada en una red pública frágil. La política energética, en ese sentido, se desplaza desde la universalidad hacia la segmentación funcional.
Ahí aparece una primera lectura de fondo: el Estado cubano no está solo promoviendo renovables, está externalizando parte de la solución al colapso. El alivio fiscal no resuelve la obsolescencia de las centrales térmicas, la falta de combustible ni las pérdidas de transmisión, que siguen siendo los grandes cuellos de botella del sistema. Tampoco garantiza que los equipos importados puedan instalarse con rapidez, mantenerse operativos o encontrar repuestos. En un escenario de escasez prolongada, la capacidad de una política depende tanto del incentivo como de la logística posterior. Si no hay técnicos, cables, inversores, baterías y una cadena de mantenimiento estable, la desgravación solo abarata un activo que después puede quedar subutilizado.
La ampliación de la compraventa de energía de biomasa vegetal y eólica hacia el Sistema Electroenergético Nacional apunta a otro problema: el diseño previo estaba demasiado concentrado en la energía solar fotovoltaica. Eso tenía lógica simbólica, pero no necesariamente operativa. Cuba posee condiciones para diversificar: residuos agrícolas, caña de azúcar, potencial eólico en zonas costeras y techos urbanos con radiación elevada. La resolución 179/2026 sugiere que el Gobierno empieza a aceptar una verdad incómoda para cualquier transición: ningún país sustituye una matriz vulnerable con una sola tecnología. Si la prioridad es reducir apagones, diversificar fuentes y modalidades de generación suele rendir más que apostar todo a una narrativa única de modernización.
Hay, además, una segunda consecuencia económica menos visible: la norma puede reconfigurar el mapa de incentivos entre sector estatal y sector privado. Al abaratar insumos para importadores y empresas, se crea un espacio de negocio alrededor de la energía distribuida, con efectos potenciales sobre instaladores, proveedores de servicios y pequeños desarrolladores locales. Pero ese espacio no será necesariamente competitivo ni transparente. En Cuba, donde el acceso a divisas, licencias y canales de importación sigue fuertemente condicionado, la eficiencia del mercado dependerá de reglas administrativas que aún no se ven del todo. El riesgo es que la transición renovable termine concentrada en pocos operadores con privilegios de acceso, reproduciendo las mismas distorsiones que el sistema eléctrico pretende corregir.
La viceministra Yenisley Ortiz explicó que los incentivos fiscales alcanzan policlínicos, hogares maternos, consultorios, centros de atención a la familia, viviendas de personas electrodependientes y el bombeo de agua en municipios. Ese detalle importa porque revela la verdadera prioridad de corto plazo: proteger servicios esenciales, no construir una transición abstracta. Desde la perspectiva sanitaria y social, la medida puede tener efectos tangibles. Un sistema solar en un consultorio o una bomba alimentada por renovables no “soluciona” la crisis nacional, pero sí reduce el daño acumulado por los cortes. Para una familia con un miembro electrodependiente, por ejemplo, la diferencia entre una instalación financiada y otra no financiada puede ser literal.
La discusión, entonces, no es si las medidas son necesarias, sino si llegan con la escala y el diseño correctos. Los críticos pueden argumentar que el Gobierno llega tarde, que las exenciones no compensan años de subinversión y que el marco seguirá siendo insuficiente mientras el país no permita mayor autonomía financiera, reglas más claras para el capital privado y un mercado eléctrico menos centralizado. Sus defensores, en cambio, sostendrán que, en medio de una contracción económica severa y con un sistema casi al límite, bajar impuestos a la importación es una de las pocas palancas inmediatas disponibles. Ambas posturas contienen parte de verdad. Lo que está en juego no es una reforma ideal, sino una respuesta de emergencia con pretensión de permanencia.
El problema de fondo es que la crisis cubana no es solo energética; es de capacidad estatal para sostener infraestructura crítica. Por eso esta batería de resoluciones puede interpretarse como un cambio de paradigma y, al mismo tiempo, como un síntoma de debilidad. Si funciona, marcará el inicio de una generación más distribuida, menos dependiente del combustible importado y más apta para sostener servicios básicos. Si fracasa, quedará como un alivio tributario absorbido por la escasez, incapaz de modificar una red sobrecargada. El escenario más probable está en el medio: avances puntuales, desigualdad territorial en la adopción y una transición lenta, condicionada por financiamiento, mantenimiento y capacidad institucional. En un sistema tan frágil, incluso una buena norma puede quedarse corta cuando lo que falta no es solo energía, sino tiempo.
