La interrupción del estrecho de Ormuz ha desencadenado un encarecimiento simultáneo de la energía y los fertilizantes que amenaza con reducir la producción agrícola mundial entre 2026 y 2027, con efectos más pronunciados en las economías de menores ingresos. El informe conjunto de la OCDE y la FAO ofrece un escenario base que permite examinar tanto las consecuencias inmediatas como los riesgos estructurales que podrían prolongarse más allá del horizonte señalado.
El aumento proyectado del 33 % en los precios energéticos durante 2026 y del 29 % en los fertilizantes obliga a los productores a ajustar sus planes de siembra. En los países de bajos ingresos, donde las reservas de insumos son reducidas y el acceso al crédito es limitado, la menor aplicación de fertilizantes derivará en rendimientos inferiores. Esta dinámica no solo reduce la oferta local de cereales, sino que también debilita la capacidad de los pequeños agricultores para mantener sus ingresos, creando un círculo de menor inversión y menor productividad futura.
Efectos diferenciados por nivel de ingreso
La caída estimada del 2,3 % en la producción de cereales de los países pobres este año y del 1,7 % en 2027 contrasta con reducciones inferiores al 1 % en las economías avanzadas. Esta brecha refleja la distinta capacidad de absorción de costos. Mientras que los productores de Europa o Norteamérica pueden acceder a contratos de cobertura o subsidios temporales, los agricultores de África subsahariana y el sur de Asia enfrentan decisiones binarias: reducir superficie cultivada o aceptar márgenes negativos. El resultado es una mayor concentración de tierras en manos de quienes cuentan con liquidez, acelerando procesos de exclusión rural ya existentes.
En paralelo, el encarecimiento de productos básicos como el trigo (4,5 % en 2026 y más del 7 % en 2027) y el maíz (cerca del 7 % en 2027) presiona los presupuestos de importación de los países en desarrollo. Aquellos que dependen de compras externas para cubrir déficits estructurales verán incrementados sus gastos en divisas, limitando el espacio fiscal para programas sociales o inversión en infraestructura agrícola.
Riesgos para la seguridad alimentaria y patrones de consumo
La contracción o estancamiento del consumo de alimentos, especialmente de origen animal, en las economías de bajos ingresos apunta a un deterioro cualitativo de las dietas. La sustitución de proteínas por cereales más baratos puede agravar problemas de malnutrición crónica y reducir la resiliencia nutricional ante futuros choques. Aunque el informe señala que en los países de renta media y alta los niveles de consumo se mantienen estables, esta aparente inmunidad no elimina riesgos secundarios: un aumento de la demanda global por productos de origen animal podría desplazar recursos hacia la producción intensiva, elevando la presión sobre piensos y tierras cultivables.
El escenario también introduce incertidumbre sobre la volatilidad futura. Aunque las proyecciones de la OCDE-FAO para 2035 anticipan precios agrícolas estables o a la baja en el largo plazo, la experiencia histórica muestra que episodios de tensión geopolítica generan picos de precio que persisten incluso después de que se resuelva la causa inicial. Una prolongación del conflicto o una segunda interrupción del suministro energético podría amplificar estos efectos más allá de 2027.
Implicaciones para el comercio y la distribución regional
Latinoamérica y el Caribe seguirán siendo la principal región exportadora, pero los grandes importadores del sur y sudeste de Asia verán incrementada su factura. El aumento proyectado del 55 % en las importaciones de alimentos básicos del África subsahariana hacia 2035 se aceleraría si los precios internos permanecen elevados durante varios años. Esta dependencia creciente plantea riesgos de balanza de pagos y de exposición a fluctuaciones cambiarias, especialmente en economías con monedas débiles.
Por otra parte, la menor utilización de fertilizantes podría incentivar, a mediano plazo, la adopción de prácticas más eficientes o el desarrollo de alternativas biológicas. Sin embargo, estas transiciones requieren inversión en investigación y extensión rural que los países más afectados difícilmente pueden financiar en un contexto de precios altos. El riesgo de que la crisis retrase la adopción de tecnologías sostenibles es real y podría comprometer los objetivos de reducción de emisiones del sector agrícola, que ya se prevé aumenten un 6,5 % hasta 2035.
Consideraciones sobre la recuperación y la equidad
Los ingresos medios por agricultor, que se proyecta crezcan un 9 % en la próxima década, muestran diferencias regionales persistentes. En los países ricos el aumento será marginal pero partirá de niveles elevados (de 21 100 a 22 155 dólares), mientras que en el África subsahariana y el sur de Asia el avance de 930 a 1 100 dólares anuales sigue siendo insuficiente para cerrar brechas estructurales. La crisis de Ormuz podría ensanchar esta distancia si los productores con menor capitalización abandonan la actividad y se concentran las explotaciones en actores más solventes.
En términos agregados, el valor de la producción agrícola global alcanzaría 4,01 billones de dólares en 2035, con un crecimiento del 13,3 %. No obstante, este cálculo asume que la actual perturbación no deriva en cambios permanentes de las cadenas de suministro ni en una fragmentación del comercio internacional. Una escalada prolongada podría alterar los patrones de especialización regional, favoreciendo producciones locales de menor eficiencia pero mayor seguridad de abastecimiento.
La interacción entre el alza energética, la reducción de insumos y las restricciones presupuestarias de los gobiernos más vulnerables configura un escenario de riesgos interconectados. Aunque el informe de la OCDE y la FAO ofrece un marco cuantitativo útil, la magnitud real de los efectos dependerá de la duración del cierre del estrecho, de las respuestas de política pública y de la capacidad de los organismos multilaterales para movilizar recursos de emergencia. La experiencia demuestra que las crisis de este tipo rara vez se limitan a los dos años siguientes y que sus secuelas pueden modificar la trayectoria de desarrollo de regiones enteras durante una década o más.
