El decreto estatal que permite la condonación total de multas y recargos por adeudos de agua potable en Baja California hasta el 31 de diciembre de 2026 no surge de manera aislada. La medida responde a un acumulado de tensiones financieras, demográficas y climáticas que han caracterizado el servicio de agua en la entidad durante las últimas dos décadas. Las familias que mantienen deudas con los organismos operadores enfrentan no solo la presión inmediata de los cobros, sino también las consecuencias de un modelo de gestión que ha priorizado la recuperación de cartera sobre la universalidad del acceso.
Históricamente, Baja California ha registrado índices de morosidad superiores al promedio nacional en servicios públicos. La combinación de tarifas que se ajustan periódicamente con el salario mínimo, el crecimiento acelerado de colonias periféricas y los efectos recurrentes de sequías en la cuenca del Colorado ha generado un círculo donde muchos hogares acumulan deudas que luego se vuelven impagables por los recargos. El decreto actual busca romper ese ciclo, aunque su alcance temporal limitado plantea interrogantes sobre su sostenibilidad.
Orígenes de la morosidad estructural
El problema de los adeudos no es reciente. Desde la creación de los organismos operadores municipales a finales de los años noventa, la facturación del agua ha enfrentado resistencia por parte de usuarios que perciben las tarifas como desproporcionadas respecto a la calidad y continuidad del servicio. En Mexicali y Tijuana, por ejemplo, los cortes de suministro por falta de pago han sido frecuentes, lo que a su vez genera costos adicionales para reconexión y alimenta el ciclo de deuda. El decreto de 2026 replica esquemas aplicados en 2018 y 2021, pero con un plazo más extenso que refleja la magnitud de la cartera vencida acumulada tras la pandemia.
Los datos de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua indican que los recargos pueden multiplicar el adeudo original por factores superiores a 1.8 en periodos superiores a dos años. Esta mecánica, diseñada para incentivar el pago puntual, termina castigando con mayor severidad a hogares de menores ingresos que enfrentan inestabilidad laboral. La opción de convenios de pago con condonación del 75 % de recargos representa un punto intermedio que reconoce la incapacidad de pago único sin renunciar del todo a la recuperación de recursos.
Repercusiones sobre los organismos operadores
La condonación de multas implica una renuncia temporal de ingresos para CESPM, CESPT, CESPE y CESPTE. Aunque el decreto busca aumentar la recaudación de capital principal, el impacto inmediato en flujo de caja podría obligar a estos organismos a diferir proyectos de mantenimiento y modernización de infraestructura. En Tijuana, donde la red de distribución presenta pérdidas superiores al 30 %, cualquier retraso en reparaciones agrava la escasez y eleva los costos operativos futuros.
Por otro lado, la regularización masiva de usuarios puede mejorar los indicadores de cartera vencida que utilizan las instituciones financieras para otorgar créditos a los organismos. Un mejor perfil crediticio facilitaría el acceso a recursos federales o privados para obras de desalación o ampliación de plantas potabilizadoras, proyectos que Baja California requiere con urgencia ante la reducción de dotaciones del río Colorado.
Efectos en la cohesión social y el acceso equitativo
La medida tiene un componente redistributivo implícito. Al eliminar multas que recaen desproporcionadamente sobre sectores de menores recursos, el decreto reduce el riesgo de exclusión del servicio formal. En colonias como El Florido en Tijuana o Nueva Esperanza en Mexicali, donde el agua entubada coexiste con el uso de pipas, la regularización puede traducirse en mayor predictibilidad presupuestaria para las familias y menor dependencia de fuentes informales.
Sin embargo, persiste el riesgo de que los hogares que ya estaban al corriente perciban inequidad. La experiencia de programas similares en otros estados mexicanos muestra que la percepción de “perdón” a deudores puede erosionar la cultura de pago puntual si no se acompaña de campañas de comunicación claras sobre los criterios de elegibilidad y los beneficios colectivos de una base de usuarios regularizada.
Perspectivas de largo plazo para la gestión hídrica
Más allá del alivio inmediato, el decreto plantea una oportunidad para repensar el modelo tarifario. Si los organismos logran convertir la regularización en un incremento sostenido de la recaudación, podrían avanzar hacia esquemas de subsidios cruzados más focalizados y tarifas progresivas que reflejen el costo real del recurso en una región árida. La condonación de recargos también podría vincularse a compromisos de consumo responsable, aunque el decreto actual no establece tales condicionantes.
En términos ambientales, una base de usuarios formalizada facilita la detección de fugas domésticas y el fomento de tecnologías de ahorro. A nivel estatal, el éxito de esta política podría servir como precedente para aplicar mecanismos similares en otros servicios como drenaje o alumbrado, siempre que se evalúe su impacto fiscal con datos transparentes. La ventana que cierra el 31 de diciembre de 2026 obliga a los gobiernos municipales a diseñar estrategias de seguimiento que eviten que la morosidad vuelva a acumularse en los próximos ciclos.
El decreto, por tanto, trasciende la simple condonación de multas. Representa un intento de reequilibrar la relación entre el Estado, los organismos operadores y los ciudadanos en un contexto de escasez estructural. Su efectividad dependerá no solo de la respuesta de los usuarios, sino de la capacidad institucional para traducir la regularización en mejoras tangibles de infraestructura y equidad en el acceso al agua.
