El Instituto Nacional Electoral ha creado la Comisión de Verificación de Integridad de las Candidaturas para revisar posibles vínculos de aspirantes con el crimen organizado y financiamiento ilícito. Aprobada por nueve votos contra dos, esta instancia pionera busca blindar los comicios posteriores a 2027, aunque opera bajo un marco legal que limita sus facultades correctivas.
Al frente quedó Arturo Manuel Chávez López, exfuncionario de Sheinbaum sin trayectoria electoral previa, quien obtuvo una calificación casi perfecta en su selección como consejero. La comisión también integra a Uuc-kib Espadas y Norma Irene de la Cruz, y contará con apoyo de dependencias federales como Seguridad, Defensa y Fiscalía. Sin embargo, la responsabilidad política recaerá en el INE por cualquier decisión que adopte o rechace.
Limitaciones estructurales
La iniciativa enfrenta obstáculos claros: la legislación vigente impide vetos efectivos y muchos cargos actuales ya arrastran señalamientos de recursos delictivos indetectables. Casos como el de Zhenli Ye Gon, cuyas acusaciones sobre fondos para campañas nunca se profundizaron, ilustran la brecha entre anuncios y resultados. En un contexto de presiones internacionales por nexos entre política y crimen, la comisión representa más una declaración de principios que una herramienta operativa real.
