La provincia de Colón ha vuelto a colocar la minería en el centro del debate público panameño tras el foro organizado por su Cámara de Comercio. El encuentro reunió a empresarios, autoridades locales y representantes del sector ambiental para discutir cómo la extracción responsable, junto con el turismo y la economía naranja, podría dinamizar una región que concentra el Canal, la Zona Libre y puertos de primer nivel, pero que sigue mostrando altos índices de pobreza y falta de derrama económica local.
El punto más controvertido fue la posible reapertura de actividades mineras tras el cierre ordenado por la Corte Suprema en 2023. La mina de cobre operada por Minera Panamá, filial de First Quantum, fue declarada inconstitucional en su contrato mediante la Ley 406. Sin embargo, voces del sector privado argumentan que la Constitución reconoce la propiedad estatal de los recursos minerales y permite su administración mediante concesiones o contratos, siempre que se cumplan estándares ambientales y de gobernanza.
El ambientalista Harry Mitchell defendió que la exploración de recursos naturales no es ilegal en ninguna legislación nacional o internacional, sino un derecho de los pueblos. Subrayó que las tecnologías mineras han avanzado y que el sector privado debe innovar en empleos y procesos. Esta postura choca con la percepción de amplios sectores que ven en la minería a cielo abierto un riesgo irreversible para la biodiversidad de la región caribeña.
Impacto económico real para Colón
La Zona Libre de Colón, los puertos y el Canal generan ingresos significativos, pero gran parte de los insumos y servicios provienen de la ciudad de Panamá o del extranjero. El empresario Daniel Rojas señaló que esta desconexión responde a la ausencia de una gobernanza local efectiva que permita que la riqueza se quede en la provincia. Un análisis de cadenas de suministro portuarias revela que menos del 15 % de los contratos de mantenimiento y logística se adjudican a empresas colonenses, limitando el efecto multiplicador esperado.
Si se retomara la minería bajo nuevos marcos regulatorios, el empleo directo podría alcanzar varios miles de puestos calificados, según estimaciones del sector. No obstante, la experiencia de otros países muestra que sin políticas de contenido local obligatorias y capacitación técnica, los beneficios tienden a concentrarse en mano de obra migrante y proveedores externos. La provincia ya cuenta con una población joven con alta tasa de desempleo; una minería responsable podría absorber parte de esa fuerza laboral solo si se implementan programas de formación específicos.
Perspectivas enfrentadas y riesgos jurídicos
Lissy Jované, presidenta de la Cámara de Comercio colonense, insistió en que ya no basta con hablar de potencial: es necesario traducir la geografía estratégica en bienestar tangible. Su llamado apunta a combinar clústeres logísticos con turismo cultural y minería moderna. Desde el sector ambiental, sin embargo, persiste la desconfianza: cualquier nuevo contrato minero enfrentaría recursos judiciales inmediatos, dado que los fallos de la Corte Suprema son inapelables según la Constitución.
Juan Carlos Croston, de SSA Marine, advirtió que la atracción de inversión extranjera directa depende críticamente de la percepción de seguridad jurídica y física. Inversionistas evalúan no solo la rentabilidad del cobre, sino también la estabilidad regulatoria a largo plazo. Un nuevo marco legal que intente sortear la sentencia de 2023 podría generar litigios internacionales y sanciones comerciales que afectarían la imagen del país ante organismos multilaterales.
Tendencias futuras y escenarios probables
La evolución tecnológica en minería subterránea y el uso de energías renovables en operaciones podrían reducir la huella ambiental comparada con proyectos anteriores. Países como Chile y Perú han implementado fondos soberanos mineros que canalizan regalías hacia infraestructura regional; Panamá podría adoptar mecanismos similares para que Colón reciba recursos directos destinados a rescate del Casco Antiguo y fortalecimiento de pymes.
No obstante, el riesgo de conflictividad social sigue latente. Las protestas de 2023 demostraron una alta capacidad de movilización ciudadana contra proyectos percibidos como lesivos al ambiente. Cualquier intento de reactivación sin consulta amplia y participación comunitaria podría reproducir ciclos de inestabilidad que ahuyenten capital y deterioren el clima de inversión en toda la provincia.
El diálogo iniciado en Colón abre una ventana para repensar el modelo extractivo bajo estrictos controles ambientales y con participación local real. El éxito dependerá de si el Estado logra equilibrar el derecho constitucional a explotar recursos con las garantías de sostenibilidad que la sociedad panameña exige cada vez con mayor firmeza.
