Fernando Cerimedo declaró voluntariamente ante la Fiscalía Departamental de La Paz en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y sostuvo que percibe cerca de un millón de dólares mensuales por actividades realizadas fuera de Bolivia. El consultor político argentino, de 41 años, respondió solo parte de un cuestionario de más de 200 preguntas y, ante numerosos puntos vinculados con su eventual influencia en el Gobierno de Rodrigo Paz, repitió: “No tiene nada que ver con el caso”. El acta fue firmada ante el fiscal de materia Miguel A. Cardozo Ramírez y el investigador Gabriel O. Onispe Mendoza.
Ingresos declarados para 2025 y 2026
Al ser consultado por sus ingresos mensuales durante 2025, Cerimedo respondió que fueron de “cerca de un millón de dólares con actividades fuera de Bolivia”. Sobre 2026, afirmó que la cifra era similar, aunque precisó que estaba “parcializando el año 2025 con todos los ingresos de las empresas del exterior”. También negó tener otras fuentes de ingresos y señaló que no posee cuentas bancarias en Bolivia, aunque sí en Argentina y Estados Unidos.
Durante la declaración se presentó como “consultor político internacional” y describió su estructura empresarial. Dijo ser socio único de Numen Group Inc., una firma que opera en Estados Unidos desde 2021 y presta servicios a clientes de distintos países. En Argentina, afirmó dirigir Numen de Publicidad, con 35 empleados, 12 clientes y sucursales. Mencionó además a Academia Numen, orientada a cursos tecnológicos vinculados al Project Management Institute; a la productora audiovisual USRL; y a otras sociedades sin actividad.
Según su versión, comparte con su esposa, Natalia Basil, las sociedades mencionadas, excepto la firma estadounidense. Negó tener empresas, inversiones o activos registrados a nombre de terceros: “No, ni en Bolivia ni en Argentina, tengo todos a mi nombre”, declaró.
De sus primeros viajes al proyecto en Bolivia
Cerimedo situó su primer ingreso a Bolivia en 2024. Dijo que financió personalmente aquel viaje, así como sus gastos de alojamiento y transporte, aunque sostuvo no recordar el motivo de la visita ni las personas con las que se reunió. Sobre sus ingresos al país durante 2025, manifestó que no recordaba cuántas veces había viajado.
Para 2026, indicó que había entrado “muchas veces” y remitió a los investigadores a los registros de flujo migratorio. Explicó que pretendía instalarse en Bolivia mientras desarrollaba un proyecto de comunicación y marketing. Añadió que coordinaba por sí mismo sus actividades en el país y que no recibía información ni financiamiento de terceros para esas tareas.
La campaña de 2025 y el vínculo con Paz
En el tramo dedicado a la campaña presidencial, Cerimedo reconoció que colaboró con “consejos de comunicación digital” para Rodrigo Paz. Afirmó que ya tenía relación con el entonces candidato antes de las elecciones de 2025 y lo identificó como su principal contacto en ese entorno. No recordó quién lo contactó para colaborar, negó que existiera un contrato escrito y sostuvo que ninguna empresa financió su participación.
Al preguntársele si Paz le solicitaba asesoramiento de forma directa, respondió que no. Desde el inicio del Gobierno, su declaración fue más restrictiva: ante consultas sobre una oficina en la Casa Grande del Pueblo, credenciales de acceso, reuniones de gabinete, manejo de redes oficiales, elaboración de discursos, instrucciones a ministros, licitaciones, contratos, decretos o proyectos de ley, contestó que esas cuestiones no tenían relación con el caso investigado.
Las contradicciones planteadas por la Fiscalía
Los fiscales también le señalaron las declaraciones públicas de Paz del 26 de agosto, cuando el presidente afirmó que Cerimedo nunca tuvo autorización para representar a la Presidencia, al Gobierno o a su familia, y que no existía una relación laboral directa entre ambos. Cerimedo no respondió de fondo a las preguntas sobre su función, su acceso a reuniones de alto nivel o su vínculo con funcionarios. Sin embargo, en un escrito entregado al inicio de la diligencia, afirmó que jamás tuvo autorización para representar al Estado boliviano, la Presidencia, el Gobierno ni a la familia presidencial.
El origen de la causa
La investigación se amplió tras el hallazgo de 700.000 dólares en efectivo, un arma de fuego, un título de propiedad de un inmueble situado en la calle 12 de Calacoto N.º 8157 y un vehículo con placa 7276 PFP. Esas circunstancias derivaron en la aprehensión del consultor. Al cerrar su declaración, Cerimedo calificó el proceso como un intento de desestabilizar al Gobierno de Rodrigo Paz, dijo no entender los cargos señalados y se reservó el derecho de iniciar acciones legales en Bolivia y ante cortes internacionales.
