La experiencia de Canadá demuestra que la explotación de gas natural no convencional no necesariamente debe plantearse como una decisión absoluta entre permitir la fractura hidráulica sin restricciones o prohibirla por completo, sostuvo Enrique Quintana, director general editorial de El Financiero. En una entrevista con Gabriela Warkentin para el programa Así las cosas, el periodista señaló que México debería analizar el tema a partir de sus condiciones energéticas, económicas, ambientales e hídricas, en lugar de adoptar posiciones definidas únicamente por criterios ideológicos.
El planteamiento adquiere relevancia debido a la creciente dependencia mexicana de las importaciones de gas natural. El país consume alrededor de 9 mil 100 millones de pies cúbicos diarios, mientras su producción interna se ubica cerca de los 2 mil 300 millones. La diferencia se cubre principalmente con compras a Estados Unidos, lo que expone al sistema energético mexicano a cambios en los precios, interrupciones en el suministro y decisiones regulatorias o comerciales tomadas fuera de sus fronteras.
La referencia canadiense
Canadá es presentado por Quintana como un caso distinto al de los países que han optado por restringir severamente la fractura hidráulica. En ese país, la actividad no desapareció a causa de las preocupaciones ambientales, sino que fue sometida a reglas destinadas a reducir sus posibles efectos. Entre las medidas mencionadas se encuentran el monitoreo del agua, los límites a las emisiones y los controles aplicables durante la operación de los pozos.
La experiencia canadiense no implica que la tecnología esté exenta de riesgos ni que sus normas puedan trasladarse de manera automática a México. Su principal importancia, según el análisis, consiste en mostrar que existe una opción intermedia: permitir ciertos proyectos únicamente cuando cumplan condiciones técnicas verificables, cuenten con vigilancia ambiental y demuestren viabilidad económica. El debate, por tanto, se desplaza de la aceptación o rechazo general de la técnica hacia la definición de reglas, zonas y mecanismos de supervisión.
Déficit energético y dependencia externa
Para México, la discusión está relacionada con la necesidad de ampliar la oferta nacional de gas. El combustible es utilizado de manera importante para la generación eléctrica y para distintas actividades industriales. Cuando la producción interna resulta insuficiente, la dependencia de Estados Unidos se convierte en un factor estructural, particularmente porque buena parte del gas importado procede de yacimientos desarrollados mediante técnicas no convencionales, incluida la fractura hidráulica.
Quintana ha cuestionado esa contradicción: México puede mantener una postura restrictiva frente al fracking dentro de su territorio y, al mismo tiempo, depender de un combustible producido con esa tecnología al otro lado de la frontera. La observación no elimina los argumentos ambientales en contra de la explotación no convencional, pero plantea si la política energética debe considerar también la seguridad del suministro y las consecuencias de renunciar por anticipado a recursos propios.
El periodista también ha advertido que la existencia de reservas potenciales no garantiza que su extracción sea rentable. El costo de perforar y completar los pozos, la construcción de ductos y plantas, la disponibilidad de equipos especializados, las condiciones del mercado y la posibilidad de transportar el gas hasta los centros de consumo determinarían si el recurso puede convertirse en una fuente competitiva.
El agua, la principal restricción
Uno de los mayores desafíos se encuentra en la disponibilidad de agua. Las regiones mexicanas con potencial para producir gas no convencional coinciden, en varios casos, con zonas que enfrentan estrés hídrico o conflictos por el uso del recurso. La fractura hidráulica requiere grandes volúmenes de agua y genera fluidos que deben ser tratados, almacenados y, cuando sea técnicamente posible, reutilizados.
Por esa razón, cualquier eventual proyecto tendría que incorporar tecnologías de reciclaje, sistemas de contención y monitoreo independiente de acuíferos. También sería necesario establecer con precisión qué fuentes de agua pueden utilizarse, quién asumiría los costos de tratamiento y cómo se respondería ante una contaminación o una falla operativa. Sin estas salvaguardas, la autorización de la actividad podría trasladar los costos ambientales a comunidades y autoridades locales.
Una discusión que volvió en 2026
El debate cobró fuerza nuevamente en 2026, después de que el gobierno de Claudia Sheinbaum abrió la posibilidad de evaluar la explotación de gas no convencional mediante nuevas tecnologías. En abril, Quintana sostuvo que México ya no podía aplazar indefinidamente una conversación que, a su juicio, no admite una respuesta exclusivamente “blanca o negra”.
En mayo, durante un panel especializado en energía, volvió a incluir el fracking entre los posibles cambios de la política energética mexicana. En ese encuentro planteó a especialistas del sector si el país está apostando demasiado a esta tecnología o si existe una oportunidad real para aprovechar las cuencas gasíferas del norte. La pregunta refleja la tensión entre una necesidad inmediata de suministro y la incertidumbre sobre los costos ambientales, financieros y sociales de una eventual expansión.
La evaluación también tendría que considerar la capacidad regulatoria del Estado. No basta con aprobar normas estrictas si las autoridades carecen de personal, presupuesto y herramientas para inspeccionar pozos, verificar mediciones y sancionar incumplimientos. En un sector de alta complejidad técnica, la credibilidad del modelo dependería tanto de la legislación como de la transparencia de los datos y de la participación de las comunidades involucradas.
El dilema entre oportunidad y precaución
La alternativa planteada por Quintana no consiste en replicar automáticamente el modelo estadounidense ni en cerrar la puerta a toda explotación no convencional. El caso canadiense serviría como referencia para construir un esquema condicionado a estudios geológicos, disponibilidad hídrica, rentabilidad comprobable y vigilancia ambiental permanente.
México tendría que definir, además, si la producción nacional permitiría reducir de manera significativa las importaciones, en qué plazo y con qué inversión. Si los proyectos resultaran demasiado costosos o se ubicaran lejos de la infraestructura necesaria, el impacto sobre la seguridad energética podría ser menor al esperado. Del mismo modo, una regulación débil podría generar pasivos ambientales que superaran los beneficios económicos.
El fracking, en ese sentido, no representa únicamente una controversia ambiental. También involucra la dependencia de Estados Unidos, la confiabilidad del sistema eléctrico, la competitividad industrial, el uso del agua y la capacidad institucional para supervisar una actividad de alto riesgo técnico. La experiencia de Canadá no ofrece una respuesta definitiva para México, pero sí un punto de comparación para discutir bajo qué condiciones sería aceptable explorar esa opción y cuándo sus costos podrían hacerla inviable.
