La caída de la producción de gas en Bolivia ha convertido a ese país en una advertencia concreta para el Perú. Durante dos décadas, Bolivia fue uno de los principales abastecedores de gas de Sudamérica; ahora, sus proyecciones apuntan a que entre 2028 y 2030 dejará de ser autosuficiente. El factor decisivo no fue una crisis externa, sino la falta sostenida de exploración que permitiera reemplazar campos maduros. Para el Perú, cuya matriz gasífera depende casi por completo de Camisea, el paralelo no es retórico: expone una vulnerabilidad que todavía puede corregirse, pero con un margen cada vez más estrecho.
Una dependencia concentrada en Cusco
Camisea, ubicado en Cusco, aporta alrededor del 96% del gas natural consumido en los hogares, el 70% del gas en balones y cerca del 40% de la electricidad nacional. Esa concentración ha permitido reducir costos energéticos y ampliar el acceso al gas natural, pero también ha creado un riesgo estructural: una falla en el yacimiento, en el transporte o en la cadena de procesamiento puede tener consecuencias simultáneas para las familias, la industria y el sistema eléctrico.
La rotura de un tramo del gasoducto operado por Transportadora de Gas del Perú en marzo evidenció esa fragilidad. El incidente obligó a racionar el suministro y a detener temporalmente las exportaciones, en un episodio que el Ministerio de Energía y Minas calificó como la crisis energética más grave en dos décadas. El problema no fue únicamente la interrupción puntual: mostró que el país carece de una fuente alternativa de escala comparable para responder ante contingencias.
Reservas con fecha de vencimiento
Perupetro estima que las reservas confirmadas de gas alcanzan para entre 13 y 15 años al ritmo actual de consumo. Otras proyecciones sitúan el agotamiento de Camisea alrededor de 2040, dependiendo de la evolución de la demanda, la eficiencia de recuperación y los recursos que puedan incorporarse. La diferencia entre ambas referencias no elimina el problema: en ambos casos, la reserva disponible debe ser evaluada frente a los largos plazos de la industria, no como una garantía de abastecimiento indefinido.
Desarrollar un nuevo proyecto gasífero puede tomar cerca de una década desde las primeras negociaciones hasta una producción estable. El proceso exige estudios geológicos, permisos, acuerdos con comunidades, financiamiento, perforación, infraestructura de transporte y validación comercial. Si el país cuenta con apenas 13 a 15 años de reservas confirmadas, el tiempo efectivo para decidir e iniciar proyectos de reemplazo se reduce a unos pocos años. Esperar a que la escasez se refleje en los precios sería llegar tarde al ciclo de inversión.
Más producción no equivale a nuevas reservas
Desde finales de 2014 no se han perforado nuevos pozos productores en los lotes 88 y 56 de Camisea. El pozo exploratorio Kimara 1001, perforado en 2016 en el Lote 88, tuvo resultado negativo y Pluspetrol suspendió indefinidamente su programa exploratorio. La inversión anunciada recientemente por US$100 millones para el Lote 88 está dirigida a perforación de desarrollo: busca sostener la producción de campos conocidos, no descubrir nuevos volúmenes de gas.
Esa distinción es central para el debate público. La perforación de desarrollo puede retrasar la declinación de un yacimiento y mejorar la disponibilidad de corto plazo, pero no sustituye la exploración. Un país puede mantener estable su producción durante algunos años mientras sus reservas disminuyen, si extrae con mayor eficiencia recursos ya identificados. Sin nuevos descubrimientos, esa estabilidad termina siendo transitoria.
La lección boliviana y la decisión pendiente
Bolivia pasó de producir 60,8 millones de metros cúbicos diarios en 2014 a cerca de 27 millones en la actualidad. La caída revela el efecto acumulado de postergar inversiones exploratorias mientras los campos existentes envejecen. Para el Perú, el riesgo no consiste solo en importar gas en el futuro, sino en perder la ventaja competitiva que hoy sostiene tarifas eléctricas relativamente bajas, actividades industriales intensivas en energía y el consumo doméstico de gas natural.
En 2028 vence el contrato de exportación del Lote 56, por lo que el próximo gobierno deberá definir cómo equilibrar los compromisos externos con la seguridad del mercado interno. La discusión sobre explorar en Camisea o Candamo implica costos ambientales, sociales y financieros relevantes, especialmente por tratarse de áreas sensibles. Sin embargo, la alternativa tampoco es neutra: cada año sin exploración reduce las opciones técnicas y encarece la probabilidad de depender de importaciones. La autosuficiencia energética no se conserva por inercia; depende de convertir las reservas actuales en tiempo para encontrar las siguientes.
