Madrid, 14 jul (EFE).- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado este martes que la negociación dentro del Gobierno de un decreto ley sobre vivienda que incluya la prórroga de los contratos de alquiler y la congelación de las rentas progresa de forma adecuada. Bustinduy se ha referido a este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, preguntado por el estado de la negociación, después de que el portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, exigiera en rueda de prensa a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que desbloquee el acuerdo.
El Gobierno anunció recientemente el compromiso de los socios de la coalición -PSOE y Sumar- de aprobar dicho decreto en el Consejo de Ministros antes de que acabe el mes de julio. Bustinduy ha recordado que el Ejecutivo pretende que sea un decreto ambicioso, con algunas medidas fundamentales para dar respuesta a la emergencia habitacional, como una prórroga reforzada del alquiler, la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones y una fiscalidad disuasoria para los pisos turísticos.
El escenario parlamentario y sus tensiones
La negociación progresa adecuadamente y se hace teniendo en cuenta los planteamientos de los distintos grupos que lo tienen que hacer viable, ha recalcado el ministro de Sumar, mientras que en su grupo parlamentario apremian para que vaya más rápido. Bustinduy ha incidido en que el escenario de la negociación es complejo porque la política de vivienda es un campo de batalla de posiciones y paradigmas diferentes dentro del arco parlamentario, pero se ha mostrado convencido de que habrá un decreto ambicioso que sabrá dar respuesta al problema.
Orígenes del compromiso y plazos establecidos
El anuncio del compromiso entre PSOE y Sumar se produjo hace apenas unas semanas, en un momento en que las presiones sobre el acceso a la vivienda han alcanzado niveles sin precedentes en varias comunidades autónomas. El decreto previsto busca prorrogar contratos vigentes y limitar incrementos de renta en zonas tensionadas, además de introducir controles sobre alquileres de temporada y habitaciones. Estos elementos responden a demandas reiteradas de colectivos de inquilinos y de formaciones de izquierda que alertan sobre la pérdida de poder adquisitivo de los hogares ante el alza sostenida de los precios.
Medidas concretas y su alcance esperado
Entre las disposiciones que se barajan figura una prórroga reforzada de los contratos de alquiler que impida subidas automáticas al vencimiento y una regulación específica para los arrendamientos de temporada, que en los últimos años han servido para eludir los límites de la ley de vivienda. También se contempla una fiscalidad más gravosa para los pisos turísticos, con el objetivo de reducir el incentivo económico que ha llevado a la conversión de viviendas residenciales en alojamientos de corta estancia. La combinación de estas herramientas busca generar un efecto disuasorio en los grandes tenedores y equilibrar la oferta disponible para residencia habitual.
Reacciones de los socios y posiciones en el Congreso
Desde Sumar se ha insistido en la necesidad de acelerar los tiempos para que el decreto llegue al Consejo de Ministros antes del cierre de julio. La exigencia formulada por Alberto Ibáñez a la ministra Isabel Rodríguez refleja la inquietud de la formación por evitar que los plazos se dilaten más allá del verano, cuando muchas familias afrontan renovaciones de contrato. En el lado socialista se mantiene una postura más cautelosa, que prioriza la búsqueda de apoyos parlamentarios suficientes para que el texto no quede bloqueado en el trámite de convalidación. Esta diferencia de ritmo ha sido descrita por Bustinduy como parte de la complejidad inherente a cualquier acuerdo de coalición en materia de vivienda.
Perspectivas de aprobación y efectos en el mercado
El ministro ha subrayado que el decreto resultante deberá ser viable en el arco parlamentario actual, lo que implica negociaciones con grupos que sostienen visiones distintas sobre el papel del Estado en el control de precios. A pesar de estas dificultades, Bustinduy ha expresado confianza en que el texto final mantendrá un carácter ambicioso capaz de incidir en la emergencia habitacional. Observadores del sector inmobiliario advierten que la entrada en vigor de estas medidas podría reducir la rotación de contratos y modificar la oferta de alquiler turístico, aunque el impacto real dependerá de la redacción definitiva y de su aplicación efectiva por parte de las comunidades autónomas.
