Bitcoin volvió a cotizar por encima de los 70,000 dólares durante la noche del miércoles, en un repunte que coincidió con un acto de la Casa Blanca en el que el presidente Donald Trump pidió al Congreso avanzar con la denominada Ley CLARITY. La mayor criptomoneda por valor de mercado alcanzó los 71,834 dólares, un alza superior al 11.5% frente al cierre del martes y su primera incursión sobre ese umbral desde comienzos de junio.
El movimiento se extendió al resto del mercado de activos digitales. Ether, el segundo token más valioso, llegó a 2,261.26 dólares, con una ganancia de más de 18.3% en comparación con el martes. Solana subió 11.5%, XRP avanzó 10.6%, DOGE ganó 7.3% y BNB registró un incremento de 4.3%. La amplitud de las alzas sugiere que los inversionistas reaccionaron no solo a la evolución de bitcoin, sino también a la expectativa de reglas más definidas para una industria que ha operado durante años bajo una supervisión fragmentada.
La Casa Blanca presiona por una definición regulatoria
La recuperación de los precios se produjo tras una reunión en la Casa Blanca con dirigentes de empresas cripto, celebrada un día antes de la primera sesión del Comité Asesor de Innovación de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos, o CFTC. En ese encuentro, Trump instó al Congreso a aprobar una versión de la Ley CLARITY, iniciativa que cuenta con respaldo de buena parte del sector pero que continúa bloqueada en el Senado.
El presidente presentó la propuesta como una herramienta para mantener a Estados Unidos por delante de China y de otros países en la competencia por el liderazgo tecnológico y financiero. También sostuvo que las criptomonedas pueden generar empleos, oportunidades y riqueza. El mensaje político tuvo relevancia para el mercado porque reduce, al menos temporalmente, la percepción de que Washington podría adoptar una postura exclusivamente restrictiva frente a los criptoactivos.
Sin embargo, el llamado presidencial no equivale a la aprobación de una ley ni elimina las diferencias que todavía existen en el Congreso. El avance legislativo dependerá de la capacidad de conciliar posiciones sobre la protección al inversionista, la prevención de lavado de dinero, las competencias de las agencias federales y las normas aplicables a emisores y plataformas de negociación.
Qué plantea la Ley CLARITY
Una versión de la legislación fue aprobada por la Cámara de Representantes en julio del año pasado, pero no ha conseguido avanzar de manera definitiva en el Senado. Su objetivo central es establecer criterios para determinar cuándo un activo digital debe tratarse como una mercancía digital y cuándo corresponde clasificarlo como un valor. Esa distinción define qué autoridad supervisa cada producto y qué obligaciones deben cumplir sus emisores e intermediarios.
De acuerdo con el planteamiento respaldado por la industria, la mayoría de los tokens quedarían bajo la jurisdicción de la CFTC como mercancías digitales. Otros activos, en cambio, seguirían bajo el ámbito de la Comisión de Bolsa y Valores, o SEC, al considerarse valores. Para las empresas cripto, una delimitación clara podría reducir costos legales, facilitar la operación en Estados Unidos y ofrecer mayor certeza a fondos e inversionistas institucionales.
Para los reguladores y los legisladores críticos, el reto es evitar que una nueva clasificación deje vacíos de vigilancia. La discusión no se limita a decidir qué agencia controla cada mercado: también abarca requisitos de divulgación, custodia de activos, manejo de conflictos de interés, reservas de plataformas y mecanismos de reparación para clientes en caso de fraude o insolvencia. La experiencia de quiebras y disputas regulatorias recientes ha reforzado la demanda de salvaguardas verificables.
Ejecutivos y donantes en el encuentro
Entre los asistentes figuraron Brian Armstrong, director ejecutivo de Coinbase; Vlad Tenev, director ejecutivo de Robinhood; los fundadores de Gemini, Tyler y Cameron Winklevoss; Arjun Sethi, co-director ejecutivo de Kraken, y Jeffrey Sprecher, director ejecutivo de Intercontinental Exchange. La presencia de líderes de plataformas de negociación, corredores y grupos vinculados con infraestructura de mercado reflejó el interés de compañías establecidas por participar directamente en el diseño de las reglas.
Armstrong, cuyo patrimonio Forbes estima en 7,800 millones de dólares, y Tenev, con una fortuna estimada en 5,700 millones, se encuentran entre los empresarios más visibles del sector. Los hermanos Winklevoss, además de fundar Gemini, han sido donantes relevantes de Trump. Esa cercanía entre actores de la industria y el poder político ha alimentado cuestionamientos sobre la influencia empresarial en la agenda regulatoria, aunque los defensores del diálogo sostienen que la experiencia técnica de las compañías resulta necesaria para elaborar normas aplicables.
El mercado celebra, pero persisten riesgos
El salto de bitcoin sobre los 70,000 dólares responde en parte a una lectura anticipada: los operadores parecen descontar que un marco legal más favorable podría atraer capital y ampliar la actividad de empresas cripto dentro de Estados Unidos. La reacción de ether y de tokens vinculados a redes y plataformas específicas indica que el mercado interpreta la posible redistribución de competencias regulatorias como un factor con efectos más amplios que el precio de bitcoin.
No obstante, las cotizaciones siguen expuestas a una elevada volatilidad. Un discurso político favorable puede modificar el ánimo de corto plazo, pero no sustituye una norma aprobada ni resuelve las incertidumbres sobre su aplicación. La evolución de la Ley CLARITY en el Senado, las decisiones de la CFTC y la SEC, y la letra final de las obligaciones para empresas y funcionarios serán determinantes para saber si el repunte se convierte en una tendencia sostenida o permanece como una respuesta inmediata a las expectativas regulatorias.
El debate incorpora además un componente ético. Medios estadounidenses informaron el mes pasado sobre un borrador que buscaría prohibir a funcionarios públicos, sus cónyuges y empleados emitir o patrocinar activos digitales mientras permanezcan en funciones. La propuesta también contemplaría impedir que empresas listen activos respaldados por funcionarios y exigir que políticos coloquen tenencias cripto previas en fideicomisos ciegos o las vendan durante su mandato. Esas disposiciones podrían convertirse en un punto decisivo para destrabar la negociación legislativa y responder a los temores sobre conflictos de interés.
