Australia estableció un nuevo piso salarial para los repartidores de plataformas y abrió un precedente internacional en la regulación del trabajo bajo demanda. Desde el 17 de agosto, quienes reparten alimentos, bebidas y comestibles a través de aplicaciones deberán cobrar un mínimo de 31,30 dólares australianos por hora, equivalentes a unos USD 22,12, según la decisión adoptada este martes 11 de agosto por la Comisión de Trabajo Justo. La orden también obliga a las empresas a garantizar cobertura por accidentes personales durante la actividad.
La medida alcanza a un sector que creció con rapidez gracias a la expansión de las plataformas digitales y que, al mismo tiempo, acumuló reclamos por ingresos variables, exposición a riesgos viales y falta de protección laboral. En ese marco, la resolución australiana no elimina la flexibilidad que caracteriza a este tipo de empleo, pero sí intenta fijar un estándar mínimo para una actividad que hasta ahora dependía en gran medida de condiciones contractuales fragmentadas.
Un piso que también cubre los tiempos de espera
La nueva escala establece tarifas mínimas de entre 31,30 y 32 dólares australianos por hora, según el vehículo utilizado por cada trabajador. De acuerdo con la información difundida por The Guardian, el valor inicial fue diseñado para contemplar también los períodos sin entrega efectiva, como la espera en restaurantes o comercios, uno de los puntos más discutidos en la economía de plataformas, donde el tiempo improductivo suele quedar fuera de la remuneración.
La decisión incorpora además un ajuste automático: la tarifa mínima sumará 50 centavos a partir del 1 de enero de 2027. El alcance de la orden incluye a las plataformas de reparto que comercializan comida, bebidas o productos de almacén, así como a las personas contratadas de forma eventual para realizar esas entregas. El criterio adoptado muestra una intención regulatoria amplia, pensada no solo para un grupo de empresas sino para la estructura completa del trabajo por aplicación.
Acuerdo sindical y concesiones cruzadas
El proceso tuvo un antecedente clave en 2024, cuando el sindicato Transport Workers’ Union y dos plataformas presentaron una solicitud conjunta después de años de conversaciones. Según el reporte de The Guardian, durante ese recorrido se recibieron presentaciones públicas de trabajadores y empresas interesadas, en un esquema que buscó dar legitimidad a la reforma y evitar una imposición unilateral.
En un comunicado conjunto, el sindicato y las empresas sostuvieron que las nuevas reglas crearán “una red de seguridad para cientos de miles de trabajadores” sin suprimir la flexibilidad asociada al reparto en plataformas. Michael Kaine, secretario nacional del Transport Workers’ Union, calificó los estándares como “líderes a nivel mundial”. El entendimiento implicó concesiones de ambas partes, incluida la aceptación sindical de la categoría “similar a empleado” para describir a estos trabajadores, una fórmula que intenta ubicar el vínculo en un terreno intermedio entre la autonomía plena y el empleo tradicional.
Seguros, disputas y alcance político
La orden también redistribuye responsabilidades sobre los seguros. Los repartidores deberán mantener cobertura frente a daños a terceros para los vehículos que utilicen; en la práctica, eso significa que la plataforma no asumirá el costo si el trabajador provoca un choque que afecte a otro vehículo. En paralelo, las empresas deberán organizar y pagar un seguro por accidentes personales con “un nivel mínimo razonable de cobertura”, aunque el alcance exacto de esa formulación quedó abierto a interpretación, según observaciones previas de expertos citadas por el medio británico.
El paquete regulatorio incorpora además procedimientos más claros para resolver disputas y el derecho a tomarse licencias sin goce de sueldo. La arquitectura legal se apoya en la reforma laboral impulsada en 2023 por el gobierno del primer ministro Anthony Albanese, que amplió las facultades del árbitro laboral para fijar estándares mínimos en la economía de plataformas. Amanda Rishworth, ministra de Relaciones Laborales, definió la orden como “un hito” y la presentó como un avance que evita obligar a los repartidores a elegir entre flexibilidad y condiciones más justas.
Con su entrada en vigor prevista para el 17 de agosto, Australia se suma al grupo de países que empieza a traducir el debate sobre la gig economy en reglas concretas de ingreso y cobertura. El alcance de la medida será seguido de cerca por plataformas, sindicatos y reguladores de otros mercados, porque combina dos elementos que rara vez conviven sin tensión: un mínimo salarial obligatorio y la preservación de un modelo de trabajo basado en la disponibilidad inmediata y la contratación por demanda.
