La primera entrega de informes de Aureliano Hernández Palacios Cardel al frente de la Auditoría Superior de la Federación confirmó que la nueva administración del órgano fiscalizador no ha roto, al menos por ahora, con el modelo de trabajo heredado de David Colmenares Páramo. Lejos de reactivar una auditoría centrada en revisar el gasto público federal, la ASF se limitó a verificar si la Federación calculó y dispersó correctamente los recursos hacia los estados en 2025 y si estos los distribuyeron conforme a sus obligaciones legales.
El resultado fue una entrega corta y de alcance limitado. El 30 de junio, Hernández Palacios presentó apenas 33 informes ante la Cámara de Diputados: uno por cada entidad federativa y uno más sobre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, responsable de la distribución de fondos. De ese paquete derivaron solo una solicitud de aclaración, seis observaciones y una presunta irregularidad por 1.4 millones de pesos detectada en Chiapas, una cifra marginal frente al total de recursos revisados.
Un arranque con bajo alcance fiscalizador
La comparación con el año previo revela la dimensión del cambio. En la primera entrega de la cuenta pública 2024, la ASF de Colmenares había elaborado 152 informes, de los cuales surgieron 387 acciones, incluidas 123 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 39 solicitudes al Servicio de Administración Tributaria para investigar a personas y empresas. También se habían reportado presuntas irregularidades por 662.5 millones de pesos. Aunque esa gestión ya era cuestionada por la superficialidad de sus auditorías, el contraste con la nueva etapa expone una reducción notable en el número de revisiones y en la capacidad de observación.
En los hechos, la ASF no audita aún el gasto público, por lo que no puede determinar irregularidades con la misma profundidad que en ejercicios anteriores. Esa restricción ha permitido que algunos gobiernos estatales capitalicen políticamente la ausencia de hallazgos contundentes. En el Estado de México, Morelos y Tamaulipas, entre otros, autoridades locales difundieron en la prensa frases como “El Estado de México cumple”, “Morelos logra récord histórico” o “Registra Tamaulipas cero monto observado”, usando la limitada fiscalización como argumento de buena gestión.
Denuncias anunciadas a contrarreloj
Para compensar la percepción de una primera entrega descafeinada, Hernández Palacios informó el 30 de junio que la ASF había presentado 21 denuncias ante la Fiscalía General de la República por presuntas irregularidades cercanas a 600 millones de pesos, además de acciones contra 30 servidores públicos ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sin embargo, una revisión de Proceso establece que esas denuncias fueron presentadas el 26 de junio, apenas cuatro días antes de la comparecencia en San Lázaro, lo que sugiere una estrategia para amortiguar el impacto político de los informes.
Las querellas derivan de nueve auditorías relacionadas con las cuentas públicas de 2021, 2023 y 2024. Cinco corresponden a gobiernos municipales, una al gobierno de Nayarit, otra a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, una más a Talleres Gráficos de México y la última a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, ya en el periodo de Andrés Manuel López Obrador. El mapa de casos muestra que la ASF sí conserva capacidad para detectar desvíos o simulaciones, pero su actividad aparece fragmentada y concentrada en expedientes tardíos.
Municipios, Nayarit y Cofepris en el centro
Entre los municipios señalados figuran Alvarado, en Veracruz; Matehuala, en San Luis Potosí; Maravatío, en Michoacán; y Donato Guerra y Valle de Bravo, ambos en el Estado de México. En esos casos, las observaciones se centran sobre todo en la falta de documentación que acredite el uso de recursos federales. El expediente de Valle de Bravo ilustra el patrón: en 2024 ejerció 40 millones 717 mil pesos en obras de construcción, pero no presentó papeles suficientes sobre la contratación de las empresas ejecutoras, por lo que la ASF dejó todo el monto pendiente de aclaración.
El caso más elaborado es el de Cofepris. En esa auditoría de cumplimiento forense, la ASF detectó irregularidades por 121 millones 934 mil pesos en contratos de mantenimiento de inmuebles. Según la revisión, hubo una posible simulación en una licitación donde participaron empresas vinculadas entre sí, además de entregables falsificados y subcontratación de servicios por parte de firmas contratadas formalmente por el organismo. Ese expediente muestra que, cuando la ASF decide profundizar, aún puede reconstruir esquemas complejos de opacidad.
El problema de fondo no es solo técnico. La primera entrega de Hernández Palacios sugiere que la ASF sigue atrapada entre la expectativa de ser un contrapeso y la práctica de operar con revisiones de bajo voltaje político. Si la institución mantiene una fiscalización restringida a la correcta transferencia de recursos, pero posterga la auditoría sustantiva del gasto, el debate sobre el uso del dinero público quedará otra vez en manos de informes parciales y lecturas convenientes para gobiernos que buscan exhibir cumplimiento sin pasar por una revisión de fondo.
