La Colección Gelman, uno de los conjuntos de arte moderno mexicano más valiosos y sensibles por su condición patrimonial, quedó en el centro de una operación financiera y legal que combina registro de marcas, estructuras corporativas en Estados Unidos y una salida internacional autorizada por autoridades mexicanas. El Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual y la Oficina de Patentes de Estados Unidos rechazaron los intentos de Marcelo Zambrano Alanis por registrar “Colección Gelman” y “Gelman Collection”, mientras Banco Santander asumió la gestión de la obra con una valuación de 356 millones de dólares, muy por encima del precio de compra reportado en 2023.
De acuerdo con documentos financieros y fiscales revisados por Proceso en registros públicos de Estados Unidos y Australia, Zambrano adquirió el acervo mediante empresas creadas en Delaware. La ruta jurídica no fue menor: además de la compra, el empresario buscó explotar comercialmente la colección en el mercado digital, para lo cual requería blindar la marca en México, Estados Unidos y Europa. Ese objetivo tropezó en dos jurisdicciones, donde las autoridades consideraron que el uso del apellido Gelman y el posible riesgo de confusión con signos previos impedían el registro.
El contraste entre los rechazos en México y Estados Unidos y la admisión del trámite ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea refleja que el litigio no es solo sobre una marca, sino sobre el control económico de un patrimonio cultural. La colección incluye obras de Frida Kahlo, Diego Rivera, María Izquierdo, José Clemente Orozco, Rufino Tamayo, David Alfaro Siqueiros, Jesús Reyes Ferreira, Francisco Toledo, Lola y Manuel Álvarez Bravo, Gabriel Figueroa, Tina Modotti y Graciela Iturbide, varias con declaratoria de Monumento Histórico.
La operación adquiere mayor dimensión porque el acuerdo firmado el 7 de enero de 2026 con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura abrió la puerta para que las piezas puedan salir de México con aval del gobierno federal. El convenio prevé que la colección, resguardada ahora por Banco Santander hasta 2030, inicie una itinerancia internacional en Cantabria, España, a partir del 8 de septiembre, luego de su retiro del Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México el 19 de julio pasado.
El origen del negocio se remonta a Delaware y a Palo Alto, donde se cruzan las trayectorias empresariales y académicas de Zambrano Alanis, de 37 años, y de su socio José Luis de la Peña Elizondo. Ambos egresaron de la Maestría en Negocios de Stanford hace una década. Zambrano es directivo gerencial de ZDP Investments LLC, creada en octubre de 2021; de la Peña registró la firma ZDP en California bajo las figuras de fondo de inversión, corporación y LLC. Los certificados oficiales citados por Proceso ubican domicilios contiguos en Sand Hill Road, con oficinas separadas apenas por unos pasos y el mismo complejo residencial.
Antes de esa estructura, Zambrano creó el 15 de octubre de 2020 Arte Mexicano en el Mundo LLC, también en Delaware, para concretar un trato directo con la Fundación Vergel el 12 de diciembre de ese año. Según la declaración fiscal consultada en la base de ProPublica, la compra de obras tuvo un valor fiscal de 1.3 millones de dólares. La diferencia con la valuación posterior de 356 millones de dólares, atribuida por Santander, ilustra cómo un acervo patrimonial puede transformarse en un activo financiero de alto apalancamiento, con efectos que rebasan la mera compraventa de arte.
La Fundación Vergel fue creada en 1999 por Robert Ross Littman, albacea y eventual legatario de la colección, hoy de 87 años, con el mandato de preservar, administrar y ampliar un acervo formado entre 1941 y 1986 por Jacques Gelman y Natasha Zahalka. Littman estableció esa entidad tras la muerte de Zahalka en 1997, con participación del abogado John Koegel y de Sully Osvaldo Bonnelly, hoy esposo de éste. La disputa actual coloca ese legado en una zona delicada: entre la protección patrimonial, la movilidad internacional de la obra y los instrumentos financieros que ahora la respaldan.
La documentación revisada por Proceso también revela discrepancias sobre el número de piezas: distintos registros hablan de 160 a 168 obras. Esa variación no es anecdótica; en un patrimonio con declaratorias históricas, el conteo exacto incide en inventarios, pólizas, avalúos y eventuales responsabilidades de custodia. En un caso donde convergen marca, traslado internacional y garantía bancaria, cada diferencia documental puede tener consecuencias jurídicas y económicas de fondo.
