El senador Ricardo Anaya advirtió que el endurecimiento de la política recaudatoria previsto para 2027 podría convertirse en un escenario de “terrorismo fiscal” contra las empresas que cumplen con sus obligaciones. El coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional sostuvo que la llamada eficiencia recaudatoria no debe traducirse en auditorías selectivas, bloqueos de sellos digitales o medidas de presión que dejen indefensos a los contribuyentes.
Recaudar sin extorsionar
Anaya afirmó que su bancada respalda el combate a la evasión, la facturación falsa y el contrabando, pero marcó una diferencia entre fiscalizar y extorsionar. Citó el artículo 31 constitucional para exigir contribuciones proporcionales y equitativas, además de certeza jurídica frente al Servicio de Administración Tributaria. Su argumento adquiere relevancia ante las previsiones de una mayor vigilancia sobre el pago de impuestos, la recuperación de adeudos y el contrabando, en paralelo con el endurecimiento de las medidas contra el lavado de dinero.
El legislador también cuestionó que el Gobierno busque aumentar la presión sobre farmacias, ferreterías y empresas medianas mientras persisten dudas sobre las redes de contrabando de combustibles y el manejo financiero de Petróleos Mexicanos. A su juicio, el problema central no es únicamente una recaudación insuficiente, sino el gasto ineficiente, el crecimiento de la deuda y el déficit más elevado de las últimas décadas.
De cara a la discusión del paquete presupuestal, el PAN exigirá una reducción verificable del déficit y la deuda, transparencia en el gasto público y mayor rendición de cuentas sobre Pemex. La advertencia de Anaya refleja una disputa de fondo: Hacienda necesita elevar los ingresos para sostener las finanzas públicas, pero una estrategia basada en sanciones impredecibles podría deteriorar la confianza empresarial y frenar la inversión. El desafío será ampliar la base tributaria sin trasladar a los contribuyentes formales el costo de la indisciplina fiscal.
