HERMOSILLO, SONORA.- El fiscal general del Estado, Gustavo Rómulo Salas, atribuyó directamente las agresiones contra personal penitenciario en Sonora a una reacción de grupos criminales afectados por las revisiones, traslados y otras medidas aplicadas dentro de los Ceresos. Durante la conferencia de prensa semanal del Gobierno estatal, el funcionario precisó que estas acciones buscan romper el control que organizaciones delictivas pretenden mantener sobre los centros de reclusión.
Esta explicación surge tras una serie de incidentes que han puesto en evidencia la tensión entre las autoridades y los grupos delictivos que operan desde el interior de los penales. Salas evitó detallar ubicaciones, fechas y modalidades específicas de las intervenciones para no interferir con las investigaciones en curso, pero insistió en que nunca antes se habían realizado tantas revisiones y movimientos simultáneos en el sistema penitenciario estatal.
Medidas aplicadas en los Ceresos
El fiscal detalló que las autoridades continúan con revisiones exhaustivas, traslados de personas privadas de la libertad y acciones penales contra internos. Estas operaciones incluyen también investigaciones sobre posibles irregularidades cometidas por servidores públicos. El objetivo central es impedir que los grupos criminales recuperen el dominio de los espacios carcelarios, donde históricamente han coordinado actividades ilícitas mediante teléfonos celulares y otros objetos prohibidos.
Hallazgos recientes en penales del norte
Como ejemplo concreto de los resultados, Salas mencionó una revisión realizada en un penal del norte del estado donde se recuperaron teléfonos celulares y otros artículos. Estos objetos permanecen bajo análisis para determinar responsabilidades y posibles vínculos con estructuras criminales externas. El volumen de estas acciones refleja un cambio de estrategia que prioriza la recuperación del control institucional sobre los centros de reclusión.
Avances en el caso del custodio asesinado
En relación con el homicidio de un elemento penitenciario, el fiscal informó que dos personas ya fueron detenidas y un tercer presunto implicado cuenta con orden de aprehensión. Las autoridades trabajan en su localización mientras se recaban más datos que, por ahora, se mantienen reservados para no comprometer el esclarecimiento del caso. Este avance muestra que las investigaciones avanzan de manera paralela a las operaciones de control penitenciario.
Posible responsabilidad de servidores públicos
La Fiscalía revisará si algún servidor público incurrió en irregularidades que facilitaron el control criminal dentro de los penales. Salas señaló que, de acreditarse alguna responsabilidad, se aplicarán las sanciones correspondientes. Este punto resulta clave porque sugiere que las autoridades no limitan el escrutinio a los internos, sino que también examinan posibles fallas internas que permitieron la consolidación de estructuras delictivas.
El enfoque adoptado por la fiscalía estatal indica una estrategia sostenida que combina operativos de rutina con investigaciones puntuales. Al afectar directamente las vías de comunicación y coordinación de los grupos criminales, las medidas han generado respuestas violentas que las autoridades interpretan como evidencia de su efectividad. La discreción mantenida sobre los detalles operativos busca proteger el desarrollo de las pesquisas y evitar que los grupos delictivos ajusten sus tácticas con antelación.
La situación también plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema penitenciario para sostener estas acciones en el mediano plazo. El aumento en revisiones y traslados requiere recursos adicionales y coordinación entre distintas dependencias, elementos que hasta ahora parecen alineados bajo la dirección del fiscal. Los resultados parciales, como la recuperación de celulares y las detenciones vinculadas al homicidio, ofrecen indicadores iniciales de que el control institucional comienza a recuperarse, aunque persisten riesgos de represalias mientras las estructuras criminales intentan mantener su influencia.
