La Agencia Federal de Aviación Civil revocó el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos a Grupo Aéreo Monterrey, S.A. de C.V., operadora de Magnicharters, tras considerar insuficiente la documentación presentada para acreditar el cumplimiento de los requisitos normativos. La decisión, tomada el 29 de junio de 2026, busca priorizar la seguridad de las operaciones aéreas y la protección de los pasajeros, de acuerdo con el comunicado oficial de la dependencia.
El proceso de supervisión inició con una Verificación Mayor Extraordinaria realizada entre el 12 y el 16 de enero de 2026, en la que se detectaron incumplimientos a la normativa aeronáutica. Posteriormente, la autoridad emitió requerimientos para que la empresa corrigiera las deficiencias identificadas. Al no acreditarse las acciones correctivas, la AFAC determinó el 14 de abril la suspensión temporal de operaciones como medida preventiva.
Cronología de la supervisión y la revocación
Durante todo el procedimiento, la AFAC respetó el derecho de audiencia y otorgó a la compañía los plazos legales correspondientes para aportar información y pruebas. Sin embargo, la documentación presentada no logró subsanar las observaciones formuladas. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes subrayó que todas las acciones contaron con respaldo técnico y jurídico, orientadas a garantizar la seguridad operacional y la protección de quienes utilizan el transporte aéreo.
La cancelación de vuelos anunciada por la aerolínea el 11 de abril de 2026 marcó el inicio de una serie de procedimientos adicionales. Desde entonces, la empresa enfrenta cuestionamientos sobre la forma en que se liquidarán los adeudos laborales y las obligaciones con agencias de viajes.
Reclamos de agencias de viajes y posible demanda colectiva
Fabiola López, vocera del grupo Agencia de Viajes Unidas, señaló que los adeudos superan los 12.4 millones de pesos y afectan a 91 agentes de viajes cuyos clientes adquirieron paquetes que nunca se concretaron. Los afectados acusan que la situación no surgió de manera repentina y preparan una demanda colectiva contra Grupo Aéreo Monterrey, S.A. de C.V. y empresas relacionadas. Hasta ahora, los fundadores de la aerolínea no han respondido a los llamados de la Procuraduría Federal del Consumidor.
La Profeco ha registrado 491 quejas presentadas tanto en oficinas centrales como en las Oficinas de Defensa del Consumidor. Las reclamaciones se dirigen contra Grupo Aéreo Monterrey, Boma Inmobiliaria, Magnibus y Magnicun. Los consumidores que opten por la vía mercantil deben presentarse como acreedores en el expediente 46/2026 ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles.
Implicaciones para la seguridad aérea y los consumidores
La revocación del certificado refleja el rigor con que las autoridades mexicanas aplican los estándares de supervisión continua en el sector aeronáutico. Este tipo de medidas, aunque generan afectaciones inmediatas a pasajeros y trabajadores, responden a la necesidad de mantener niveles elevados de seguridad operacional en un contexto donde cualquier deficiencia puede derivar en riesgos significativos.
Para los consumidores afectados, el proceso ante Profeco y los tribunales mercantiles representa la principal vía para recuperar recursos o recibir compensaciones. La experiencia de casos similares en años previos indica que las resoluciones pueden extenderse varios meses, por lo que la presentación oportuna de documentación resulta determinante para quienes buscan recuperar pagos realizados por paquetes turísticos no ejecutados.
El caso de Magnicharters pone de relieve la importancia de que las aerolíneas mantengan registros actualizados y demuestren permanentemente el cumplimiento de requisitos técnicos y administrativos. La falta de respuesta efectiva ante requerimientos de la autoridad derivó en la pérdida definitiva del derecho a operar, una consecuencia que afecta tanto a la empresa como al ecosistema de agencias y pasajeros que confiaron en sus servicios.
