Dos meses después del acuerdo voluntario entre gasolineros y el Gobierno federal para mantener el diésel por debajo de 27 pesos por litro, el 21 por ciento de las estaciones del país sigue sin respetar el tope. La Procuraduría Federal del Consumidor reporta un avance al 79 por ciento de cumplimiento, frente al 31.2 por ciento inicial registrado tras la firma de abril. El precio promedio nacional se ubicó en 27.10 pesos al 26 de junio, con casos que oscilan entre 26.95 pesos en Pemex Servicio Los Patos, Chimalhuacán, y 28.78 pesos en Pemex Puerto Vallarta, Jalisco.
El margen de ganancia permitido ronda 1.51 pesos por litro en las estaciones que cumplen, mientras que algunas rebasan los 3 pesos, lo que indica prácticas de especulación local. El mismo esquema se aplica a la gasolina regular, cuyo promedio nacional es de 23.69 pesos contra un tope de 24 pesos. El origen del acuerdo radica en la necesidad de contener el encarecimiento derivado del conflicto en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, que elevó los costos de importación.
Efectos en la cadena de distribución
El incumplimiento selectivo genera distorsiones en el mercado regional. Las estaciones que mantienen el precio tope enfrentan márgenes más estrechos y pierden competitividad frente a competidores que aplican recargos de hasta 1.6 pesos adicionales. En zonas como el Estado de México y Jalisco, donde se documentaron los casos extremos, los transportistas que dependen del diésel absorben incrementos que se trasladan directamente a tarifas de flete, elevando entre 4 y 7 por ciento los costos logísticos de productos perecederos y materiales de construcción.
Este efecto se amplifica en cadenas de suministro largas. Un incremento de un peso por litro en diésel representa aproximadamente 12 pesos adicionales por cada 100 kilómetros recorridos en camiones de carga media, según cálculos basados en consumo promedio de 12 litros cada 100 kilómetros. Las empresas de transporte que operan con contratos fijos ven erosionadas sus utilidades, mientras que las que pueden renegociar tarifas trasladan el costo al consumidor final.
Tres perspectivas sobre la efectividad del acuerdo
Desde la óptica de Profeco, el mecanismo voluntario ha demostrado capacidad de mejora progresiva sin necesidad de sanciones inmediatas. Sin embargo, la persistencia del 21 por ciento de incumplimiento revela limitaciones estructurales: la ausencia de multas automáticas permite que estaciones con mayor poder de mercado mantengan precios elevados mientras el resto ajusta. El caso de la estación Mobil en Ecatepec, con margen de 3.10 pesos, ilustra cómo la falta de consecuencias tangibles reduce el incentivo al cumplimiento generalizado.
Los empresarios gasolineros argumentan que los costos de adquisición varían según contratos de suministro y logística regional, lo que dificulta aplicar un precio uniforme. Algunas terminales enfrentan incrementos en primas de seguro y transporte desde puertos del Pacífico que no se reflejan en el promedio nacional. Esta posición explica parte del rezago, pero también abre espacio para prácticas de margen excesivo que el acuerdo buscaba evitar.
Los consumidores finales, especialmente pequeños transportistas y agricultores, perciben el acuerdo como insuficiente porque el precio promedio sigue por encima del tope y la volatilidad semanal genera incertidumbre presupuestaria. En encuestas informales realizadas en centrales de abasto, el 68 por ciento de los encuestados reportó haber ajustado rutas o reducido frecuencia de viajes para compensar el sobrecosto.
Riesgos de sostenibilidad y tendencias futuras
La dependencia de acuerdos voluntarios enfrenta riesgos claros si las tensiones geopolíticas persisten. Un segundo choque en el suministro de crudo podría elevar los precios de referencia internacional por encima de los niveles actuales, haciendo inviable mantener el tope sin subsidios explícitos o controles más estrictos. El avance de 31.2 a 79 por ciento de cumplimiento sugiere que la presión pública y el monitoreo de Profeco funcionan como mecanismos de corrección gradual, pero su efectividad disminuye cuando los márgenes de incumplimiento se concentran en zonas de alta demanda.
A mediano plazo, el sector podría observar mayor concentración de mercado. Estaciones con capacidad de absorber márgenes reducidos ganan participación, mientras que operadores independientes con costos más altos podrían cerrar o vender a cadenas más grandes. Esta dinámica reduciría la competencia local y aumentaría la probabilidad de que futuros acuerdos voluntarios se negocien con menor margen de maniobra para el regulador.
El monitoreo continuo de márgenes máximos de 1.51 pesos por litro representa una herramienta útil para detectar abusos, pero requiere complementarse con auditorías aleatorias más frecuentes y publicación de datos por estación para que los consumidores puedan elegir con información completa. Sin estos elementos, el 21 por ciento de incumplimiento actual podría estabilizarse en niveles que erosionen la credibilidad del esquema y obliguen a medidas regulatorias más rígidas en el siguiente ciclo de precios altos.
