Las zonas francas de Centroamérica, que incluyen a Panamá y República Dominicana por su integración económica, albergan 633 de las más de 800 operativas en América Latina. Esta cifra equivale al 77% del total regional, según el informe elaborado por EY titulado Zonas Francas, el ecosistema que define la inversión en la región. La concentración posiciona a la subregión como el núcleo más dinámico del modelo en el hemisferio occidental.
Densidad operativa y marco económico
El peso de estos regímenes en las economías nacionales resulta significativo. En países como Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, Honduras y El Salvador, las zonas francas generan entre el 40% y el 80% de las exportaciones totales. Costa Rica destaca con el 60% de sus ventas externas provenientes de estos esquemas, proporción similar a la que recibe de inversión extranjera directa canalizada hacia ellos.
La subregión cuenta con más de 10.000 empresas instaladas, vinculadas principalmente a cadenas de valor de Norteamérica y Europa. Este volumen ha consolidado a Centroamérica como destino preferente para estrategias de nearshoring, que buscan reducir distancias entre producción y mercados finales.
Generación de empleo y composición laboral
El empleo directo supera cifras que moldean mercados laborales nacionales. Costa Rica registra más de 184.000 puestos formales en zonas francas, Honduras supera los 162.000 y Nicaragua rebasa los 133.000. Cada plaza genera encadenamientos indirectos que amplifican el efecto económico local.
El informe de EY destaca la composición de esta fuerza laboral. En Nicaragua y El Salvador, las mujeres representan más del 50% del empleo en zonas francas, lo que convierte a estos regímenes en mecanismos activos para reducir brechas de género.
Retorno fiscal y justificación de incentivos
Uno de los cuestionamientos habituales a las zonas francas radica en el costo tributario para los Estados. Los datos de EY cuestionan esa perspectiva. En varios países centroamericanos, el retorno económico generado por estos regímenes supera entre seis y siete veces el monto exonerado en incentivos fiscales.
República Dominicana ofrece el caso más claro: por cada peso dominicano que el Estado deja de recaudar, el régimen genera siete pesos en actividad económica directa. Al incorporar el impacto total de la cadena productiva, la relación alcanza catorce veces. El documento concluye que el modelo no representa una carga fiscal, sino una herramienta de desarrollo con rentabilidad comprobada.
Evolución sectorial y especialización
La imagen tradicional de las zonas francas como espacios de manufactura simple ha cambiado en la última década. La composición sectorial se ha desplazado hacia actividades de mayor complejidad. Costa Rica lidera la producción de dispositivos médicos, sector que exige estándares regulatorios estrictos y personal calificado. A este segmento se suman servicios de procesos de negocio, conocimiento, logística especializada, electrónica y componentes automotrices.
La sostenibilidad ambiental y la digitalización de procesos se han integrado como requisitos operativos. Este giro responde a exigencias de mercados internacionales y a la necesidad de diferenciarse en un entorno global competitivo.
Roles específicos de Panamá y República Dominicana
Panamá ocupa un lugar particular dentro del ecosistema. La Zona Libre de Colón funciona como principal hub logístico de la subregión, con ubicación geográfica que facilita redistribución hacia América del Norte, del Sur y Europa. Su modelo complementa los marcos regulatorios estables de los países del istmo, orientados a la formación de clusters industriales.
República Dominicana se consolida como referente en número y sofisticación de parques industriales y empresas instaladas, seguida por Costa Rica y Honduras.
Desafíos pendientes para la sostenibilidad
El informe de EY no presenta un panorama exento de tensiones. Aunque el modelo ha alcanzado madurez, persisten desafíos que condicionan su continuidad. La dependencia de sectores de baja complejidad en algunos países sigue siendo un riesgo. La necesidad de mayor diversificación sectorial, impulso a la innovación tecnológica y consolidación de marcos regulatorios que ofrezcan certeza a largo plazo figuran como prioridades identificadas.
La resiliencia demostrada durante la pandemia y episodios de volatilidad geopolítica reciente respalda el modelo. Su estabilidad normativa y disponibilidad de talento especializado mantuvieron la confianza de multinacionales cuando otras plataformas fallaron. Sin embargo, sostener esa confianza exige transformación activa más allá de la administración de lo existente.
