La advertencia de la ONU sobre una posible reactivación de la guerra en Yemen no surge en el vacío. Llega después de una acumulación de fricciones internas, ataques cruzados y maniobras marítimas que han ido erosionando la tregua de 2022 hasta dejarla como una pausa frágil, más útil para congelar el conflicto que para resolverlo. Que Hans Grundberg hable hoy de un riesgo “mayor” que en cualquier otro momento desde aquel alto el fuego revela algo más que nerviosismo diplomático: expresa que el equilibrio que sostuvo al país durante cuatro años ya no depende de acuerdos políticos sólidos, sino de la contención momentánea de actores armados con agendas incompatibles.
La guerra yemení no empezó como una simple disputa entre un gobierno y una rebelión. Desde 2014, cuando los hutíes tomaron Saná, el conflicto fue absorbiendo agravios regionales, rivalidades de poder y una intervención exterior que alteró por completo su escala. La entrada de la coalición liderada por Arabia Saudita en 2015 transformó una crisis interna en una guerra por delegación con impacto sobre la seguridad del mar Rojo, el golfo de Adén y la arquitectura de navegación del entorno. En esa evolución, cada pausa ha sido temporal y cada negociación, incompleta. La tregua de 2022 redujo la intensidad de los combates, pero dejó intactas las causas de fondo: el control territorial, la legitimidad política y la distribución del poder militar.
Los episodios recientes en Marib y Hadramut ayudan a entender por qué la alarma internacional ha subido de tono. Marib no es solo una provincia con valor militar; es también un nodo energético y simbólico, uno de los pocos territorios donde el gobierno reconocido internacionalmente conserva una posición de peso. Hadramut, por su extensión y recursos, representa otra pieza estratégica en el tablero del este del país. Si los informes sobre muertes de militares, civiles y desplazados se confirman en la magnitud denunciada por Grundberg, el conflicto estaría entrando en una fase donde la lógica ya no es de presión limitada, sino de desgaste territorial. En Yemen, cuando un frente local se mueve, casi siempre desencadena una reacción en cadena: desplazamientos, interrupción de suministros, presión sobre mercados y nuevas oleadas de reclutamiento.
A esa tensión terrestre se suma la dimensión marítima, que hoy amplifica cada incidente. Los ataques hutíes en el mar Rojo y el golfo de Adén no solo elevan la presión sobre Arabia Saudita; también proyectan la guerra yemení sobre una ruta que sostiene parte del comercio mundial. Cuando un corredor marítimo se militariza, el costo no se limita al tránsito de buques. Aumentan las primas de seguro, se alteran calendarios de carga, se encarecen insumos y se obligan desvíos que repercuten en cadenas logísticas mucho más allá de Oriente Medio. El bloqueo marítimo anunciado por los hutíes y las acusaciones sobre ataques al aeropuerto de Saná muestran que la confrontación ya opera en varios planos a la vez: tierra, aire y mar. Esa superposición es precisamente lo que hace más difícil contenerla.
El papel de Irán añade otra capa de complejidad. El respaldo político y material que reciben los hutíes no explica por sí solo la guerra, pero sí les ha permitido sostener capacidad ofensiva y mantener una posición de negociación más fuerte que la de una insurgencia aislada. Para Teherán, Yemen se ha convertido en un punto de presión sobre Arabia Saudita y un elemento más en su red regional de influencia. Para Riad, en cambio, el conflicto es una fuente persistente de vulnerabilidad en su frontera sur y una amenaza para su agenda de estabilización económica. Esa asimetría explica por qué cualquier episodio local puede adquirir rápidamente un significado estratégico mayor. Lo que en otra guerra sería un choque táctico, en Yemen se interpreta como señal de reacomodo regional.
La ONU insiste en que la diplomacia sigue abierta, pero su margen depende de una variable que no controla: la decisión de las partes de preferir contención antes que ganancia militar inmediata. Grundberg ha mantenido contactos intensos con actores enfrentados y con interlocutores regionales porque sabe que Yemen no se destraba solo dentro de Yemen. Sin embargo, la experiencia de los últimos años muestra que los incentivos para negociar se debilitan cuando algún actor cree que una escalada puede mejorar su posición antes de sentarse a la mesa. Ese cálculo es especialmente peligroso en un país exhausto, donde la población lleva más de una década sometida a violencia, fragmentación institucional y deterioro humanitario.
El impacto potencial de una reanudación a gran escala sería severo en varios frentes. Humanitariamente, reabriría un ciclo de desplazamientos en un país que ya carga con una crisis alimentaria estructural y con sistemas de salud y abastecimiento muy debilitados. Políticamente, profundizaría la fragmentación de autoridades locales, facciones armadas y centros de decisión, dificultando cualquier transición futura. Económicamente, golpearía todavía más a una sociedad cuya vida cotidiana depende de importaciones, remesas y corredores marítimos vulnerables a la interrupción. Y a nivel regional, empujaría a Arabia Saudita, Emiratos y otros actores a recalibrar su postura de seguridad en un momento en que la estabilidad del Mar Rojo se ha vuelto un asunto de interés global.
Lo inquietante es que Yemen ya no puede leerse solo como un conflicto nacional prolongado. Su evolución reciente demuestra que es también un barómetro de la fragilidad del orden regional. Si la tregua de 2022 se desmorona, no se perderá únicamente una pausa negociada por Naciones Unidas; se perderá uno de los pocos marcos que habían logrado reducir la violencia sin resolverla del todo. En ese vacío, la guerra volvería a expandirse con consecuencias previsibles: más muertos, más desplazados, más presión sobre rutas comerciales y menos espacio para una salida política real. La advertencia de la ONU llega, por tanto, en un momento en que todavía es posible evitar una escalada mayor, pero ya no resulta responsable tratar el riesgo como una mera hipótesis diplomática.
