La causa que tiene en el centro a Alejandro Muszak, fundador y CEO de Wenance, ya no puede leerse como una suma mecánica de expedientes sino como la radiografía de un método. El avance hacia el juicio oral incorpora ahora tres hechos nuevos, vinculados con maniobras de cobro indebido sobre clientes minoristas, y refuerza una hipótesis más amplia: detrás de la promesa de crédito rápido y rendimientos en dólares habría operado una estructura diseñada para captar confianza, extraer fondos y desplazar el costo del daño hacia quienes tenían menos capacidad de defensa. El Tribunal Oral Federal N° 4 de San Martín resolvió remitir esos casos al TOF N° 2 para que se acumulen con la causa principal, donde ya se investigan 524 episodios de fraude bajo la figura de asociación ilícita.
La decisión judicial no solo ordena el expediente. También revela que los delitos atribuidos a la financiera no aparecieron como desvíos aislados, sino como variantes de una operatoria repetida en distintos momentos y contra distintos perfiles de víctimas. En los tres hechos incorporados ahora, el patrón se repite con una precisión inquietante: préstamos de montos relativamente bajos, promesas de devolución acotadas, débitos automáticos no autorizados, reclamos ignorados y presiones posteriores para obtener pagos adicionales. Ese encadenamiento es relevante porque muestra que la estafa no dependía de una única maniobra espectacular, sino de una lógica de extracción continua, apoyada en el desconocimiento técnico del cliente y en la asimetría entre una empresa financiera y usuarios que confiaban en sus registros bancarios.
El engranaje del engaño
Los tres casos nuevos permiten entender mejor cómo se construye una estafa financiera de base masiva. El primer cliente había pedido $4.000 en 2016 y debía devolver $5.559 en tres cuotas. Pese a eso, la compañía aplicó débitos superiores a lo pactado y siguió reclamando dinero incluso después de cancelada la deuda. El segundo tomó $20.000 en 2017 y debía afrontar 12 cuotas por un total de $42.000; sin embargo, sufrió débitos que elevaron el perjuicio a casi $38.000, justificados por una supuesta mora inicial. La tercera víctima pidió $6.000 en 2018, comprometida a devolver $9.180, y terminó con una pérdida patrimonial de más de $3.000 luego de débitos irregulares y devoluciones parciales. La secuencia es importante porque no describe un error de administración, sino un sistema que parece haber convertido cada reclamo en una oportunidad para retener más dinero o ganar tiempo.
También importa el modo de captación. La investigación señala publicidades engañosas en internet y medios masivos, donde Wenance se presentaba como una firma solvente, capaz de otorgar préstamos personales bajo la marca “Presto hoy”. Esa estrategia es típica de los esquemas que combinan apariencia de legitimidad con operaciones de alta rotación: primero se compra reputación, después se monetiza la confianza. En el caso Wenance, ese mecanismo habría escalado más allá del consumo minorista y alcanzado a inversores atraídos por promesas de retornos del 12% anual en dólares, un rendimiento difícil de sostener en cualquier contexto y todavía más en una economía argentina marcada por restricciones cambiarias, fragilidad financiera y alta sensibilidad al riesgo. Cuando una empresa ofrece simultáneamente crédito al público e inversión con rentabilidad excepcional, el incentivo a ocultar el verdadero flujo de fondos aumenta de forma significativa.
Lo que revela la acumulación
La acumulación de causas en un solo proceso penal tiene un efecto jurídico y político de fondo. Jurídicamente, evita que hechos conexos se fragmenten y terminen evaluados como episodios menores, separados de la arquitectura general del caso. Políticamente, fija un umbral: cuando el daño presunto se mide en 1.850 millones de pesos, 7 millones de dólares y 117.000 euros, y cuando la investigación ya incluye cientos de damnificados, el debate deja de girar en torno a una empresa puntual y pasa a cuestionar la capacidad del sistema para detectar temprano estructuras que mezclan consumo, ahorro e inversión bajo una misma marca. La causa madre, a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, ya era de por sí una prueba para el Poder Judicial; con estos nuevos hechos, esa prueba se vuelve más exigente porque obliga a reconstruir no solo transacciones, sino decisiones empresariales, vínculos societarios y flujos de dinero a través de varias firmas.
El caso también deja una señal incómoda para el mercado financiero no bancario. Wenance operaba en un terreno donde la desconfianza del público suele ser compensada con cercanía comercial, rapidez operativa y lenguaje tecnológico. Ese formato puede facilitar inclusión crediticia, pero también abre una zona gris en la que el cliente entiende poco, el contrato se firma rápido y el control posterior es débil. Si una empresa usa ese margen para cargar débitos no autorizados o para sostener una promesa de rentabilidad imposible, el daño no se limita al perjudicado directo. Se erosiona la confianza en plataformas de financiamiento alternativo, se encarece la evaluación de riesgo para operadores legítimos y se refuerza la percepción de que el crédito no bancario es un espacio opaco más que una herramienta de acceso.
Un costo que excede a los acusados
La permanencia de Muszak en prisión preventiva y el rechazo reiterado a la excarcelación o al arresto domiciliario muestran que la justicia está interpretando el expediente como una amenaza procesal seria. Los magistrados entendieron que la magnitud del dinero presuntamente desviado, sumada a la existencia de bienes en el exterior, especialmente en Miami, configura riesgo de fuga. A eso se añadió un dato que pesa en causas de esta naturaleza: la violación reiterada de la prohibición de contactar a denunciantes. Cuando un imputado desafía una restricción judicial de ese tipo, no solo compromete su propia situación procesal; también refuerza la idea de que la investigación puede ser interferida desde posiciones de poder económico o simbólico.
Paola Adriana Vallone aparece además como una figura que amplía el alcance del caso hacia la estructura societaria. Su rol en distintas empresas del conglomerado sugiere que el expediente no se agota en una responsabilidad individual, sino que examina cómo se distribuyen decisiones y responsabilidades dentro de grupos empresariales que operan con varias razones sociales. Esa dimensión es decisiva para el futuro del caso: si la acusación logra demostrar coordinación entre firmas, directivos y mecanismos de captación, el juicio puede convertirse en una referencia sobre cómo el derecho penal económico argentino aborda las estafas complejas, especialmente aquellas que se apoyan en la dispersión formal de sociedades para diluir responsabilidades.
Lo que está en juego excede el nombre de Wenance. Si el proceso confirma una operatoria sistemática, el precedente puede endurecer la tolerancia regulatoria frente a plataformas que prometen crédito fácil o retornos extraordinarios sin una trazabilidad transparente de fondos. También puede impulsar una discusión más incómoda: la vulnerabilidad de miles de personas que entran a estos circuitos no por codicia, sino por necesidad de liquidez o por búsqueda de resguardo frente a la inflación y la pérdida de valor de la moneda. En ese punto, la causa deja de ser solo una historia penal y se convierte en un retrato del ecosistema financiero que prospera cuando la urgencia social supera la capacidad de control institucional.
