Los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales continúan ofertándose sin placas en la Ciudad de México, a pesar de que las autoridades capitalinas establecieron el 1 de julio como fecha límite para que scooters y bicicletas eléctricas salieran de las tiendas con el registro correspondiente. Un recorrido por comercios ubicados sobre el Eje Central revela que los encargados de los locales no se oponen al requisito de emplacamiento, pero señalan la ausencia de lineamientos precisos por parte de la Secretaría de Movilidad.
El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, reiteró que no se contempla ninguna prórroga y que el proceso iniciaría de inmediato, incluso después de los festejos del Mundial. La dependencia mantiene contacto con cerca de 30 fabricantes que representan el 80 % del mercado, aunque aún falta incorporar al resto de las empresas. Esta declaración oficial contrasta con la percepción de los vendedores, quienes aseguran que las juntas sostenidas con la autoridad no han resuelto dudas operativas fundamentales.
Dificultades operativas reportadas por los comercios
Francisco Bravo, encargado de uno de los locales visitados, explicó que las ventas semanales cayeron de hasta diez unidades a apenas una. La renta mensual del local supera los 80 mil pesos y, según él, la falta de reglas claras pone en riesgo la continuidad del negocio. Bravo mencionó que ya se realizaron tres reuniones con la Semovi sin obtener respuestas definitivas sobre el procedimiento para facturar y emplacar simultáneamente. También señaló que el dispositivo detector de velocidad utilizado en las pruebas presentó fallas que obligaron a repetir el proceso en siete ocasiones.
Vicky, propietaria de otro establecimiento en la misma zona, coincidió en que persisten interrogantes sobre los requisitos técnicos y administrativos. Ambas voces reflejan una inquietud compartida: la regulación busca mejorar la seguridad vial, pero su implementación práctica depende de información que, hasta ahora, no ha sido entregada de forma completa.
Antecedentes y objetivos de la medida
La decisión de emplacar los Vemepes forma parte de un esfuerzo más amplio por ordenar la circulación de vehículos de movilidad personal en la capital. El objetivo declarado es reducir accidentes derivados del uso de estos aparatos en vialidades donde aún no existe una infraestructura adecuada ni normas de tránsito específicas. Al mismo tiempo, la medida busca generar un padrón que permita identificar unidades en caso de incidentes y establecer mecanismos de control de velocidad.
El anuncio inicial contemplaba que a partir del 1 de julio todos los vehículos nuevos debían salir de tienda con placa. Sin embargo, la transición requiere coordinación entre fabricantes, distribuidores y la autoridad, un proceso que, según los testimonios recopilados, enfrenta obstáculos logísticos y de comunicación. La experiencia de los comerciantes sugiere que la ausencia de protocolos claros puede generar cuellos de botella que afectan tanto la oferta comercial como la adopción ordenada de la norma.
Impacto económico y perspectivas de cumplimiento
La caída en las ventas reportada por los establecimientos ilustra un efecto inmediato de la incertidumbre regulatoria. Cuando los compradores perciben que el trámite de emplacamiento podría complicarse o retrasarse, tienden a posponer la adquisición. Esta dinámica reduce los ingresos de los comercios y, en casos extremos, amenaza su viabilidad financiera, especialmente aquellos con altos costos fijos como la renta.
Desde la perspectiva de la autoridad, el contacto con el 80 % de los fabricantes representa un avance significativo hacia la estandarización. No obstante, la incorporación del 20 % restante y la definición de procedimientos uniformes para todos los puntos de venta siguen siendo tareas pendientes. La efectividad de la política dependerá, en última instancia, de la capacidad de la Semovi para traducir los lineamientos generales en instrucciones operativas accesibles y aplicables en el corto plazo.
La situación actual evidencia la tensión habitual entre el diseño de una regulación orientada a la seguridad pública y las condiciones reales de implementación en el sector comercial. Mientras los vendedores esperan definiciones concretas, las autoridades mantienen el calendario sin modificaciones, lo que plantea la necesidad de acelerar los canales de comunicación para evitar que la falta de claridad erosione tanto la confianza de los comerciantes como el propósito original de la medida.
