La Universidad de Guadalajara ha decidido que sus siete entidades productivas cubrirán el pago por el consumo de agua potable y alcantarillado ante el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado. La medida fue impulsada por la rectora general Karla Planter Pérez y aprobada por la Comisión de Hacienda antes de su revisión en el Consejo General Universitario. Se trata de un cambio limitado a los espacios que generan ingresos, sin alterar el régimen fiscal de las áreas académicas, de investigación y extensión.
El anuncio llega en un momento en que el AMG enfrenta obras de reingeniería para elevar la calidad del agua y modernizar la red del organismo operador. La decisión se originó tras una reunión entre Planter Pérez y el gobernador Pablo Lemus, donde se acordó que todos los sectores deben aportar al uso eficiente del recurso hídrico en Jalisco.
Las entidades alcanzadas por la medida
Las unidades productivas identificadas son Operadora de Servicios Integrales, Hoteles y Club Deportivo, Uniterra, Proulex Centro de Idiomas, Estación Gourmet, el Centro Cultural Universitario y el Auditorio Telmex. De este último se informó el año pasado un adeudo superior a 15 millones de pesos, aunque la institución había alegado estar exenta conforme a su Ley Orgánica. Ahora se establece que estas operaciones comerciales asumirán el costo real del servicio que reciben.
La distinción es relevante porque la misma Ley Orgánica que protege a la universidad de ciertos gravámenes municipales y estatales no se aplicará a estas actividades mercantiles. El resto de los espacios universitarios dedicados a docencia, investigación, vinculación y extensión mantendrán su situación jurídica actual, sin modificaciones derivadas de este acuerdo.
Contexto de la gestión del agua en Jalisco
La disponibilidad de agua en la entidad ha requerido coordinación entre gobierno estatal, municipios y grandes usuarios. La reunión entre la rectora y el gobernador reflejó la necesidad de que instituciones públicas con actividad comercial contribuyan al financiamiento del servicio que consumen. Esta postura coincide con los trabajos que el SIAPA desarrolla para mejorar infraestructura y reducir pérdidas en la red metropolitana.
La medida no representa un cambio estructural en la autonomía universitaria, sino una decisión interna que reconoce el consumo real de las entidades con fines de lucro. Al mismo tiempo, la UdeG lanzará una campaña institucional dirigida a estudiantes, personal académico y administrativo para promover el ahorro, la detección de fugas y el cuidado de la infraestructura hidráulica en todos sus campus.
Alcance y límites del acuerdo
El pago se limitará estrictamente al consumo medido en las siete entidades productivas. No se extiende a aulas, laboratorios ni bibliotecas. Esta delimitación busca preservar el carácter público de la educación superior mientras se atiende la responsabilidad derivada de actividades que generan ingresos propios. La propuesta ya cuenta con respaldo de la Comisión de Hacienda y será sometida a consideración del máximo órgano colegiado de la universidad.
En términos prácticos, la decisión establece un precedente para otras instituciones públicas que operan espacios comerciales. El pago regularizado puede contribuir a la estabilidad financiera del SIAPA, organismo que enfrenta inversiones importantes para garantizar el servicio en los próximos años. La campaña de concientización que acompañará la medida busca traducir este compromiso institucional en hábitos cotidianos dentro de la comunidad universitaria.
El acuerdo refleja un equilibrio entre el respeto a la normatividad universitaria vigente y la corresponsabilidad frente a un recurso escaso. Su implementación permitirá evaluar, en los próximos meses, tanto el impacto presupuestal para la UdeG como la contribución efectiva al sistema de abastecimiento metropolitano.
