La deuda nacional de Estados Unidos superó por primera vez los 40 billones de dólares, un umbral de enorme peso simbólico y financiero que vuelve a colocar las cuentas públicas en el centro del debate político. El presidente Donald Trump respondió al dato con una tesis conocida: el problema no sería tanto el volumen acumulado de obligaciones como la falta de un crecimiento suficientemente rápido para diluirlas. A su juicio, la expansión económica bajo su administración permitirá contener la carga y resolverla con relativa facilidad.
El argumento tiene una lógica básica. Si el producto interior bruto crece con mayor rapidez que la deuda, el peso de las obligaciones sobre el conjunto de la economía puede reducirse, incluso cuando el Gobierno siga pidiendo dinero prestado. Esa relación, expresada mediante el cociente entre deuda y PIB, es una de las principales referencias utilizadas para evaluar la sostenibilidad fiscal. Sin embargo, la aritmética también impone límites: para que el crecimiento estabilice la deuda, debe superar durante un periodo prolongado el coste medio de los intereses y, además, el presupuesto no puede mantener déficits primarios demasiado elevados.
El nuevo récord revela la acumulación de varias décadas de decisiones. La deuda en circulación casi duplica los 19,95 billones de dólares registrados en 2017, cuando Trump comenzó su primer mandato. En ese intervalo, Estados Unidos atravesó una rebaja de impuestos, una expansión del gasto, la crisis sanitaria provocada por la pandemia, programas de apoyo a hogares y empresas, fuertes inversiones públicas y un incremento de los costes financieros. Cada episodio tuvo una justificación distinta, pero todos dejaron una huella común: el Estado federal gastó de forma persistente más de lo que ingresó.
La cifra de 40 billones no significa que toda la deuda responda a una sola administración ni que el país se encuentre ante un impago inminente. Sí indica, en cambio, que el margen para afrontar nuevas crisis mediante endeudamiento se ha estrechado. Estados Unidos conserva ventajas excepcionales: emite la principal moneda de reserva mundial, dispone de los mercados financieros más profundos y sus bonos siguen siendo un activo central para bancos, fondos de pensiones y gobiernos extranjeros. Esas fortalezas permiten financiar déficits que resultarían difíciles para otros países, aunque no eliminan el coste de hacerlo.
Una herencia que empezó mucho antes
La explicación presidencial que sitúa el origen del problema 35 años atrás apunta a una realidad parcialmente cierta. Desde comienzos de la década de 1990, Estados Unidos ha alternado periodos de disciplina presupuestaria con fases de fuerte expansión del gasto. Durante parte de la presidencia de Bill Clinton, el crecimiento y el aumento de los ingresos contribuyeron a registrar superávits federales. La situación cambió con los recortes tributarios de la década siguiente, las guerras de Afganistán e Irak y, posteriormente, la crisis financiera de 2008.
La recesión financiera mostró cómo una economía desarrollada puede aumentar su deuda incluso cuando el Gobierno intenta estabilizarla. La caída de la actividad redujo la recaudación, mientras los programas de rescate y estímulo elevaron el gasto. La pandemia repitió esa dinámica a una escala mayor. Las ayudas evitaron una depresión más profunda, pero también hicieron que el balance federal pasara rápidamente de una situación ya deficitaria a niveles de endeudamiento extraordinarios.
El problema actual no nace solamente de los programas de emergencia. Las partidas estructurales tienen un peso decisivo. Las pensiones públicas y el programa sanitario Medicare crecen conforme envejece la población, mientras Medicaid y otros gastos sociales responden a presiones demográficas y políticas. Al mismo tiempo, los intereses de la deuda dejaron de ser una partida relativamente secundaria. Cuando se refinancian bonos emitidos durante la etapa de tipos muy bajos a tasas más altas, el Tesoro debe destinar una porción creciente de sus ingresos a pagar a los acreedores, sin financiar nuevos servicios.
El crecimiento no basta por sí solo
La promesa de un “crecimiento muy rápido” tropieza con una cuestión esencial: crecer más no equivale automáticamente a recaudar más de lo que se gasta. Una expansión impulsada por inversiones privadas puede ampliar la base tributaria, mejorar el empleo y elevar los ingresos públicos. Pero si esa expansión se acompaña de nuevas rebajas fiscales sin compensación, subvenciones sectoriales o grandes proyectos financiados con deuda, el resultado puede ser un PIB mayor y, al mismo tiempo, un déficit más alto.
También importa la naturaleza del crecimiento. Un aumento temporal provocado por estímulos fiscales puede impulsar la actividad durante algunos trimestres, pero pierde fuerza cuando desaparece el gasto inicial. La productividad, la participación laboral, la innovación y la inversión empresarial generan beneficios más duraderos, aunque sus efectos suelen aparecer lentamente. Si la Casa Blanca calcula que los aranceles, la desregulación o los incentivos industriales producirán una expansión suficiente para pagar la deuda, la hipótesis deberá medirse frente a los costes que esas mismas políticas pueden generar.
Los aranceles ofrecen un ejemplo concreto. Pueden recaudar ingresos y proteger temporalmente a determinadas industrias, pero también encarecen bienes intermedios y productos de consumo. Las empresas que dependen de componentes importados pueden trasladar el coste a los compradores o reducir inversiones. Si la presión sobre los precios obliga a la Reserva Federal a mantener tipos elevados, el Tesoro afrontará intereses más caros. El beneficio presupuestario directo de la recaudación arancelaria podría quedar neutralizado por una menor actividad y un mayor coste de financiación.
La desaceleración comunicada para el segundo trimestre, combinada con presiones inflacionarias, vuelve más delicado ese equilibrio. Una economía que pierde impulso necesita apoyo para evitar un deterioro del empleo, pero una inflación persistente limita la capacidad de la Reserva Federal para recortar los tipos. El Gobierno puede preferir una política fiscal expansiva; el banco central, en cambio, puede verse obligado a conservar una postura restrictiva. Esa tensión entre Washington y la Reserva Federal ha sido recurrente en la historia económica estadounidense y puede encarecer el crédito para hogares, empresas y administraciones.
El precio llega a los mercados y a los hogares
La deuda federal no es una abstracción reservada a los economistas. El rendimiento de los bonos del Tesoro sirve de referencia para las hipotecas, los préstamos empresariales, la financiación de automóviles y numerosas decisiones de inversión. Cuando los inversores exigen una rentabilidad mayor para absorber nuevas emisiones, el aumento se transmite por todo el sistema financiero. Una familia puede pagar más por su vivienda; una pequeña empresa puede aplazar la compra de maquinaria; un gobierno local puede encarecer sus proyectos de transporte o agua.
El sector financiero también debe gestionar una concentración elevada de activos públicos. Los bonos del Tesoro son considerados la base del sistema financiero internacional, pero una oferta creciente puede presionar sus precios y elevar sus rendimientos. Si los mercados empiezan a dudar de la voluntad política de estabilizar las cuentas, la prima exigida puede aumentar incluso sin un cambio inmediato en los tipos oficiales. No hace falta una crisis de impago para que aparezca un problema: basta con que el servicio de la deuda absorba recursos que antes se destinaban a inversión pública, educación o investigación.
La distribución social del ajuste es otro punto decisivo. Un Gobierno puede intentar controlar la deuda mediante recortes de programas, aumentos de impuestos o una combinación de ambos. Los recortes en prestaciones afectan especialmente a jubilados y hogares con menores ingresos, mientras que determinados impuestos pueden recaer con mayor intensidad sobre el consumo o las empresas. Si la estrategia consiste en tolerar una inflación más elevada para reducir el valor real de las obligaciones, el coste se traslada a quienes mantienen salarios, ahorros o pensiones que no se ajustan al mismo ritmo.
El endeudamiento también modifica la competencia política entre generaciones. Los jóvenes enfrentan precios elevados de la vivienda, préstamos educativos y un mercado laboral cambiante, mientras las partidas destinadas a jubilación y sanidad ocupan una proporción creciente del presupuesto. Sin una reforma gradual, cada nueva generación puede recibir menos inversión pública y más impuestos o restricciones. La discusión no debería reducirse a “gastar o recortar”, sino centrarse en qué inversiones aumentan la capacidad productiva y qué gastos deben revisarse para evitar una transferencia automática de costes al futuro.
La confianza internacional como límite silencioso
La posición del dólar ofrece a Washington una protección que no está disponible para la mayoría de los emisores soberanos. Bancos centrales y fondos internacionales mantienen bonos estadounidenses porque necesitan liquidez y un activo ampliamente aceptado. Esa demanda ayuda a financiar el déficit y permite al país responder con rapidez ante guerras, recesiones o catástrofes. Pero la confianza no es un recurso ilimitado. Puede erosionarse gradualmente mediante una combinación de déficits persistentes, conflictos políticos sobre el techo de la deuda y mensajes que sugieran que el crecimiento resolverá cualquier desequilibrio sin decisiones difíciles.
Una reducción parcial de la demanda exterior no produciría necesariamente un colapso inmediato, pero obligaría a ofrecer mayores rendimientos para atraer compradores. El efecto se acumularía con cada refinanciación. Además, otros países están explorando mecanismos de pago alternativos y diversificando parte de sus reservas, aunque el tamaño, la liquidez y la profundidad del mercado estadounidense hacen improbable una sustitución rápida del dólar. La cuestión relevante es menos la desaparición repentina de su hegemonía que el encarecimiento progresivo de su privilegio financiero.
La próxima etapa dependerá de si la administración logra transformar sus promesas de expansión en productividad medible y mayores ingresos, o si el crecimiento se apoya principalmente en estímulos financiados con nueva deuda. Para estabilizar la trayectoria no sería suficiente con alcanzar un buen dato trimestral: harían falta varios años de crecimiento nominal sólido, tipos de interés manejables y un plan creíble para las grandes partidas estructurales. El récord de 40 billones no obliga por sí solo a una austeridad inmediata, pero sí reduce el espacio para improvisar.
La respuesta de Trump refleja una disputa más profunda sobre cómo debe administrar Estados Unidos su poder económico. Confiar en el crecimiento puede evitar recortes prematuros en una economía frágil y preservar inversiones estratégicas. Convertir esa confianza en una política sostenible exige, sin embargo, reconocer que los intereses se pagan cada año y que la expansión futura no está garantizada. El verdadero examen no será la capacidad de anunciar un nuevo récord de actividad, sino demostrar que ese crecimiento puede superar de forma duradera el coste de la deuda sin alimentar más inflación ni trasladar la factura a los hogares y a las generaciones venideras.
